El Consejo de Estado anuló en dos fallos diferentes, la elección de dos magistrados: uno de la Corte Constitucional y el otro del Consejo Superior de la Judicatura. Analistas ven con buenos ojos la decisión.
Un paso a la transparencia y hacia la Reforma a la Justicia dio el Consejo de Estado a la hora de decretar las nulidades de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y de Alberto Rojas Ríos de la Corte Constitucional.
Esa fue la opinión generalizada de diversos sectores, tras las decisiones que tomó el Consejo de Estado al encontrar vicios en el proceso de elección de ambos juristas.
Sin duda la decisión más importante es la que tiene que ver con Ricaurte, porque no solo acaba con el fenómeno de “yo te elijo, tú me eliges” que estaba rondando en las Altas Cortes, sino que manda un mensaje muy duro a toda la Rama Judicial para actuar de forma transparente, dejar los favores a un lado y los amiguismos y llevar a cabo esa capacidad de nombrar a los colegas de otras Corporaciones con base en criterios claros.
No se trata que el jurista Francisco Ricaurte no sea una persona capacitada, se trata que llegó a la Sala Administrativa de la Judicatura porque lo eligieron los magistrados que él ayudó a elegir en la Corte Suprema de Justicia.
Para la propia presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, la decisión es la primera base para una reforma judicial y, en consecuencia, una demostración que no todo necesita una modificación a la Constitución o a la Ley sino un trabajo a conciencia de los llamados a sentar jurisprudencia en el país.
Por su parte, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ, Gloria María Borrero), se trata de un llamado a la probidad, transparencia y lucha contra la inadecuada burocratización de la justicia.
“Esta decisión sienta un precedente para acabar con la denominada ‘puerta giratoria’ y el clientelismo judicial en las Altas Cortes”, señaló.
A su turno, el constitucionalista Eduardo Cifuentes, estimó que la decisión puede parecer drástica pero que deja lecciones claras a la Rama Judicial. Esto, ya que la Sala Administrativa de la Judicatura no solo maneja el presupuesto de toda la Rama sino que tiene un papel en la conformación de los Tribunales y las Altas Cortes.
“Ese proceso que es autónomo tiene que llevarse a cabo con base en principios de transparencia y que no exista duda alguna de conflictos de interés o de favoritismos o de imparcialidad, buscando siempre que los elegibles sean las personas más meritorias. Por consiguiente, la decisión del Consejo de Estado está mandando un mensaje dada la función tan vital como la que cumple la Sala, es decir, toda la integración de la Rama”, señaló.
Pero también es un mensaje para la Corte Suprema de Justicia que ahora deberá de nuevo iniciar el proceso para elegir al reemplazo de Ricaurte, a fin que no caiga en el mismo error que tiene, además, con un pie afuera de la Judicatura al magistrado Pedro Munar Cadena, cuya elección también fue demandada por los mismos hechos.
De hecho, uno de los demandantes en el caso de Ricaurte, el reconocido jurista Rodrigo Uprimny, señaló que la salida de Munar deberá ser la próxima decisión a tomar por el Consejo de Estado.
“La decisión tiene un doble efecto pues resuelve un caso particular y tiene un precedente judicial”, precisó el jurista, al ser preguntado por el caso del magistrado Pedro Munar, cuya elección también es estudiada.
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