Pese a que apenas en las últimas semanas cobró nuevamente vida la iniciativa de impulsar en el futuro mediato una reforma a la justicia para atender las grandes falencias que tiene la rama, lo cierto es que las cuatro grandes Cortes han estado en el ojo del huracán desde hace varios meses por diferentes temas, que van desde un supuesto ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura, hasta el turismo en la Corte Suprema de Justicia.
Fuero Penal Militar: el reciente hundimiento de la reforma al Fuero Penal Militar (Acto Legislativo 02 de 2012) aduciendo errores de trámite en el Congreso puso al alto Tribunal en boca del Ejecutivo y el Legislativo, que aceptaron a regañadientes el fallo, por eso de que las sentencias judiciales hay que cumplirlas, pero en sus reacciones dejan constancia que la Corte se pudo equivocar en la interpretación al señalar que hubo simultaneidad pues al tiempo que la plenaria de la Cámara había iniciado sesiones, la Comisión Primera de la Cámara le daba el quinto debate al proyecto.
Como consecuencia el Gobierno radicó un recurso de nulidad del .fallo. “Pedimos a la Corte Constitucional que verifique –de conformidad con las pruebas que obran en el expediente– si en realidad se presentaron los hechos en que se funda el vicio de procedimiento mencionado en su comunicado. Respetuosamente, comprobamos que esos hechos no sucedieron”.
Fallos: Una investigación contra los magistrados de la Corte Constitucional y dos exmagistrados adelanta la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara por los fallos sobre la despenalización del aborto en tres casos específicos y otro en que exhorta al Congreso para que antes del 20 de junio de 2013 legislara, lo que no ha ocurrido hasta el momento, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección.
La investigación se desprende de una denuncia de la Fundación Marido y Mujer porque supuestamente los togados habrían usurpado con estas sentencias funciones de otros organismos.
Como consecuencia, a partir de mañana y durante el resto de este mes se tendrán que presentar los nueve magistrados de la Corte Constitucional así como los exmagistrados Juan Carlos Henao y Humberto Sierra Porto.
. Bloques: Críticas por parte de algunos sectores han recibido las apretadas votaciones en la Corte Constitucional en trascendentales fallos, lo que revelaría, aducen, la existencia de dos bloques.
Esta situación se vio, por ejemplo, marcada en el reciente fallo que echó abajo la reforma al Fuero Penal Militar, pues 5 magistrados apoyaron la ponencia que en este sentido radicó Nilson Pinilla. Ellos fueron Jorge Palacio, Luis Ernesto Vargas, Gabriel Mendoza y María Victoria Calle. En tanto que cuatro togados se mostraron en contra de esta decisión: Mauricio González, Jorge Pretelt, Alberto Rojas y Luis Guillermo Guerrero.
Una situación parecida se vio en 2011 en el fallo que exhortó al Congreso a legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, cuando igualmente se dio una cerrada votación de 5 a favor y 4 en contra de esta decisión.
. Publicación de sentencias: Reclamos se han escuchado por el tiempo que se toma la Corte para publicar oficialmente sus sentencias, tras de las cuales informa al país por medio de comunicados.
Recientemente, el representante David Barguil se quejó por escrito ante el Tribunal porquelos bancos no aplicaban la Ley 1555/12 sobre no sancionar a los usuarios que prepagan sus deudas, argumentando que no había sido publicada oficialmente la sentencia.
Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió al Parlamentario que cuando no se ha modulado el fallo, una sentencia de constitucionalidad produce efectos a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad, y “no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria”.
. Villarraga: Un gran daño sufrió la imagen de la alta Corte a raíz del escándalo desatado en los últimos días por los supuestos arreglos del magistrado Henry Villarraga con el coronel Robinson González del Río para favorecer que el proceso penal que contra éste se sigue por falsos positivos fuera conocido por la Justicia Militar en lugar de la jurisdicción ordinaria, como lo sugiere un audio en un informe que presentó Noticias Uno, en que supuestamente dialogan estas dos personas.
Villarraga ha negado este hecho y prefirió el sábado pasado presentar su renuncia ante el secretario del Senado, argumentando que lo hace para defenderse sin que esté de por medio su condición de togado. Esta semana el Congreso debe pronunciarse sobre si acepta esta renuncia.
. Carrusel pensional: El Consejo de la Judicatura está en el ojo del huracán desde hace varios meses por los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre un supuesto ‘carrusel de pensiones’ en el alto Tribunal por el nombramiento por cortos periodos de magistrados auxiliares de los despachos de que son titulares, que redundaría en que lograrían incrementar considerablemente el valor de sus pensiones.
Precisamente hace pocos días la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo del Consejo de Estado que reconoce la competencia de la Contraloría General de la República para hacer investigaciones y juicios fiscales contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
En ese sentido el órgano de control tiene luz verde para seguir la investigación que adelanta por el ‘carrusel de pensiones’ contra los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, José Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Pedro Alfonso Sanabria.
Origen político: El origen político de los magistrados que integran la Sala Disciplinaria sería la razón para la crisis que vive la alta Corte, según expertos, pues los siete magistrados que la componen se eligen por el Congreso de la República de ternas enviadas por el Presidente de la República. La otra cara de la moneda en materia de la composición de sus integrantes es la Sala Administrativa, pues de sus seis magistrados tres son elegidos por el Consejo de Estado, dos por la Corte Suprema y uno por la Corte Constitucional.
Ineficiencia: El alto Tribunal ha resultado ineficiente e inferior a las expectativas, según algunos, incluso el propio gobierno Santos, que propuso eliminarlo en la reforma a la justicia del año 2012. Sin embargo este hecho finalmente no se concretó porque el Ejecutivo pidió al Congreso, tras ser aprobada la iniciativa, hundirlaaduciendo que había sido deformada por la introducción al final de varios ‘micos’.
. Turismo: Malestar general produjo en la opinión pública cuando a mediados de este año se conoció que la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, estaba en un crucero por el Caribe durante ocho días mientras que el alto Tribunal sesionaba. La togada justificó que lo hizo en el marco de los permisos que contempla la ley a los magistrados.
Sectores como la Corporación Excelencia en la Justicia solicitaron la renuncia a la magistrada o que, por lo menos, dejara la presidencia de la alta Corte. Por estos hechos la Comisión de Investigaciones de la Cámara analizó por esos días iniciar una investigación.
. DNE: Algunas críticas se han escuchado por el tiempo que se ha tomado la Corte Suprema para definir la situación de los 12 congresistas y excongresistas que vinculó desde mediados de 2011 a una investigación preliminar por tráfico de influencias en el marco de los malos manejos en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que dio la entidad a los bienes incautados al narcotráfico, por lo cual fue liquidada.
La más reciente decisión en este caso la tuvo la Corte el año anterior en el caso del senador Eduardo Enríquez Maya, frente al cual archivó la investigación por no encontrar pruebas en su contra.
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