Sostuvo que con una impunidad superior al 97 por ciento, a la sociedad se le manda otro mensaje contradictorio: también va a quedar en libertad el 3 por ciento de los delincuentes que sí fueron sancionados.
Si se quisiera realmente hacer justicia con los presos, dice, se debería comenzar por resolver la situación jurídica de los sindicados que están a la espera de que se les dicte condena o salgan absueltos. Según las estadísticas colombianas, podría ser el 20 por ciento de la población carcelaria.
Con solo agilizar estos procesos, dice Gómez, sería suficiente para beneficiar a los que verdaderamente están presos injustamente.
De la misma tesis es Manuel José Cepeda, quien considera que la verdadera descongestión debería comenzar por la agilización de los procesos.
Pero qué tal. Si con el sistema actual solo se capturan 3 de cada cien delincuentes, imagínese la tentación de volarse durante las vacaciones , aseguró Gómez Propuso que en vez de liberar algunos condenados, se fijen prioridades penales y se definan estrategias para responder ante esas prioridades.
Por su lado, Alfredo Fuentes, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, indicó que el crecimiento de la población carcelaria se debe, en un buen porcentaje, a la efectiva aplicación de la ley 228, que penalizó las contravenciones de policía.
En 1995 se consideró que la sociedad estaba más afectada por los atracos, los asaltos bancarios, el robo de vehículos y las lesiones culposas. Con esa ley, los jueces, por primera vez, demostraron una alta eficiencia al fallar el 55 por ciento de los casos con condenas. Lo que pasó fue que no se ampliaron las cárceles, tal y como lo establecía el plan de desarrollo , dijo.
Fuentes explicó que el Gobierno no cumplió con los planes previstos para la ampliación y mejoramiento de las condiciones carcelarias.
Tampoco ha usado los mecanismos de contratación administrativa que le permitirían construir nuevas cárceles en menos de un año.
Para Manuel José Cepeda, en Colombia, la pena no cumple función rehabilitadora.
Con esta medida, la alternatividad penal unida a los índices de impunidad, la función disuasiva de la pena queda reducida al mínimo , puntualizó.
En su concepto, lo más deplorable es que haya tantos virajes en tan corto tiempo en un tema crucial para la seguridad ciudadana. Denota la ausencia completa de políticas públicas en materia de justicia, criminalidad y en materia de régimen penitenciario.
