El Código General de Proceso, que el presidente Juan Manuel Santos presentó en el 2012 como la “verdadera revolución y reforma” de la justicia, se quedó sin fondos.
Su implementación –con la que se buscaba agilizar procesos civiles y de familia aplicando el sistema oral– debía estar lista en todo el país en enero de este año, pero hasta ahora tan solo marcha, a paso lento, en cuatro ciudades: Manizales, Armenia, Tunja y Valledupar.
Con la oralidad, la norma prometía acortar los tiempos de los procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y agrarios. De ese tipo, para el 2013, había 943.942 expedientes, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura.
En promedio, un proceso de esas categorías puede durar 10 años en un despacho, y el objetivo con la norma (la 1564 del 2012) es que en primera instancia tome máximo un año, y no más de seis meses en segunda instancia.
Para eso se requieren la adecuación y modernización de las salas de audiencias para realizar juicios orales, como en el sistema penal.
El tema ha generado un enfrentamiento, hasta ahora en silencio, entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura. ¿El punto? Diferencias sobre si la demora es o no cuestión de plata.
El magistrado Pedro Munar, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dice que se requieren cerca de 440.000 millones de pesos. Él calcula que con ese dinero el sistema oral estaría listo en el 2015. Mientras que el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dice que el problema ha sido gestión de ese tribunal, porque, señala, los recursos han sido destinados por el Gobierno.
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