26 de agosto de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Tiempo. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Acusador privado, figura de descongestión judicial, no despega
A un año de la entrada en vigor de norma aprobada en congreso, un caso ha logrado avanzar a juicio.
Más de un año lleva el abogado Francisco Bernate intentando que uno de los casos que lleva su oficina pueda ser adelantado con la figura del acusador privado, que entró en vigor a mediados del 2017 y que se planeaba como una fórmula de descongestión judicial.
Se trata de un proceso de menor cuantía relacionado con la supuesta apropiación de recursos que habrían hecho dos estudiantes de los fondos de una universidad de Bogotá.
El abogado ya recolectó las evidencias del caso e incluso las cartas en las que los estudiantes admiten la responsabilidad de los hechos; sin embargo, el caso no ha avanzado.
Hoy el proceso sigue en manos de un grupo de respuesta de la Fiscalía, que debe estudiarlo y dar el aval para que el abogado pueda proceder a hacer la acusación ante un juzgado de la ciudad.
Este es uno de los 67 casos que han solicitado la conversión (que el proceso pase de la acción penal tradicional al acusador privado) entre el 13 de julio del 2017 y el 29 de junio del 2018.
De acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, de estos requerimientos la Fiscalía ha negado la conversión en 42 casos, en 6 la inadmitió, y aceptó que fueran las personas afectadas por los delitos las que presentaran las pruebas en 18 casos, de los cuales solo en uno se ha visto algún avance.
La directora de la corporación, Ana María Ramos, dijo que la figura del acusador privado se debe manejar con cuidado y que los controles y requisitos son altos para lograr la conversión de los procesos.
Abogados consultados por EL TIEMPO reconocen que la ley tiene un propósito loable, que es descongestionar el sistema judicial, pero aseguran que tiene problemas estructurales en la aplicación.
El director del área penal de la Universidad del Rosario, Francisco Sintura, afirmó que desde su firma de abogados han presentado varias solicitudes para que frente a delitos menores se emplee la figura del acusador privado, las cuales han sido rechazadas por la Fiscalía o se han quedado esperando una respuesta.
“En el 99,9 % de los casos, la Fiscalía aduce que no es conveniente. Por razones de pura discrecionalidad, y eso acaba con el propósito de la ley que es descongestionar (…) llama la atención que la ley lleva un año y medio de vigencia y solamente hay 19 casos, es decir, se produce un caso de acusador privado por mes, y eso es absurdo. La Fiscalía ha dado al traste con la aplicación de la ley”, afirmó el exvicefiscal Sintura.
Añadió que el 14 por ciento de los procesos penales en Colombia son por inasistencia alimentaria, “esos van por la vía acusador privado, y no ha sido posible. El 25 por ciento son de delitos patrimoniales, hurtos, abuso de confianza, etc., que son de menor cuantía. Nada de eso está funcionando”, dijo.
Para el abogado Hugo Quintero, el problema radica en el “gran temor” que tiene la Fiscalía de que los particulares “abusen” de la figura del acusador privado.
“Por eso, ‘a priori’ le cortan las alas a la institución en lugar de dejarla que se desarrolle para irla complementando en los errores que se vayan cometiendo sobre la marcha”, manifestó Quintero.
Uno de los abogados que lograron que el caso que adelantaban fuera llevado por esa figura de descongestión fue el penalista Felipe Caballero, quien recibió la aprobación en un proceso por injuria y calumnia contra los miembros de una cooperativa a los que él representa.
A pesar de esto, dijo el abogado, los problemas tampoco han dejado de aparecer en medio del proceso porque hay inconvenientes en el manejo del sistema en el cual se deben registrar las pruebas recolectadas, generando nuevas demoras en los avances del caso penal.
“Luego de recibir la carta para la conversión, te tienen que asignar usuario y clave, proceso que se demoró un mes más, y los fiscales no saben cómo hacerlo; además, no les corresponde”, afirmó el abogado Caballero.
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