TRAS ADVERTIR sobre la crítica situación humanitaria que viven los reclusos y que el hacinamiento ha aumentado del 15% en enero de 2007 al 37% en agosto de este año, el contralor General, Julio César Turbay alertó que los nuevos complejos penitenciarios muestran retrasos que alcanzan los 9 meses y han ocasionado sobrecostos que superan los $90.000 millones.
“La situación de las cárceles en Colombia ha sido y sigue siendo muy preocupante, por el incumplimiento reiterado de las exigencias de respeto a la dignidad de los reclusos y aplicación de programas resocialización, expresadas en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado, y que por lo tanto hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano”, afirmó el Contralor.
Añadió que persisten grandes dificultades en el sistema penal, que ocasionan la acumulación de procesos y la lentitud en su resolución, manteniendo un alto porcentaje de población sindicada en las cárceles del país esperando que le sea definida su situación jurídica (33% del total de población reclusa).
Según el Contralor, las medidas implementadas por el Estado colombiano frente al hacinamiento, se han concentrado en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios, o la ampliación de la infraestructura ya existente, dejando de lado los programas de tratamiento penitenciario que promuevan la reinserción social del interno.
En la última década, se expidieron los documentos Conpes 3277 de Marzo de 2004 y 3412 de Marzo de 2006, en los cuales se diseñó una estrategia para ampliar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del país en 22.831 cupos para finales de 2006, en 11 recintos carcelarios y penitenciarios en todo el país.
“Sin embargo, los plazos establecidos en los Conpes citados no se cumplieron y en marzo de 2009, se expidió el documento Conpes 3575, en el cual se reestructuró el plan de construcción de los nuevos centros carcelarios, ampliando los plazos e incrementando los costos”, recordó Turbay.
A pesar de ello, anotó, en septiembre pasado, ninguno de los complejos penitenciarios y carcelarios proyectados, había sido entregado. Los 11 complejos carcelarios y penitenciarios nuevos que debían ser entregados en Diciembre de 2006, presentaban un avance promedio del 69%.
El avance señalado se refiere al presupuesto ejecutado en cada uno de los proyectos. Si se compara la fecha de inicio efectiva (la mayor parte de ellos iniciaron obra en 2007) y el porcentaje de avance físico que deberían tener, se comprueba que el atraso en las obras alcanzaba los 9 meses, en promedio, indicó el Contralor.
Estos retrasos han ocasionado un aumento considerable en los costos como el propio Conpes 3575 de 2009 lo reconoce. Los sobrecostos ascendieron hasta esa fecha a $90.000 millones de pesos de 2008. Mientras tanto, la habitabilidad carcelaria ha continuado deteriorándose. El hacinamiento desde enero de 2007 a Agosto de 2009, se ha duplicado pasando del 15% al 36%.
“En consecuencia, subrayó el Contralor, el Estado Colombiano continúa incumpliendo con su obligación de proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de las personas privadas de libertad, así como el deber de promover y facilitar su reinserción social, consagradas en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país”.
LOS RETRASOS en la construcción de los nuevos complejos carcelarios en el país han generado millonarios sobrecostos, advirtió el contralor Julio César Turbay.
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