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Publicado: Martes, 21, Agosto 2012 00:00
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Escrito por Elección visible - CEJ
El electo defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, fijó una lista de prioridades con el propósito de "renovar" la imagen de esta entidad. Las prioridades, confiesa, la ley de víctimas, la crisis de la salud, la carcelaria, el diálogo con los indígenas en Cauca y la paz.
Jorge Armando Otálora será desde el próximo mes de octubre el nuevo defensor del Pueblo. La Cámara de Representantes, en medio de una elección que no estuvo exenta de reparos y cuestionamientos, consideró que el vicefiscal de la época de Mario Iguarán, y el vicepresidente del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, sea el nuevo garante de los derechos de los ciudadanos en el país.
Otálora contó con un respaldo casi unánime. De 134 votos, 126 fueron a su favor. Tan sólo ocho se repartieron entre las otras dos candidatas, Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares, quienes según sus hojas de vida tenían mayor experiencia en el tema de derechos humanos. Otálora, en cambio, es experto en otras materias del derecho, una de ellas, la criminalística, y en sus más recientes cargos públicos, en la Fiscalía y la Judicatura, otras habían sido sus competencias.
La elección, ajustada al reglamento, fue cuestionada especialmente por dos parlamentarios. Los representantes Iván Cepeda (Polo) y Ángela María Robledo (Partido Verde). Los dos coincidieron en la falta de garantías de este proceso electoral, al reseñar con extrañeza que la elección ya estaba amañada y amarrada y obedecía a ocultos intereses de los partidos políticos mayoritarios.
Este martes, el mismo día de la elección, se escucharon a los tres candidatos. Cepeda y Robledo cuestionaron que la Cámara de Representantes no hizo ningún ejercicio reflexivo frente a la elección del Defensor del Pueblo. Cuando Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares expusieron sus cualidades para ejercer el cargo, sabían de antemano que sus intervenciones no pasarían de un trámite o un requisito legal. La suerte de esta elección se había cocinado políticamente desde la semana pasada, cuando los partidos mayoritarios, La U, el Conservador y el Liberal, ya tenían definido el nombre del exvicefiscal.
Más reparos se produjeron cuando cinco parlamentarios que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara se declararon impedidos para participar de la elección. Todo porque Otálora tiene abierta una investigación por un asunto incómodo: el presunto carrusel en el nombramiento de magistrados auxiliares en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para favorecerlos con el aumento en la cotización de pensiones.
Precisamente, una supuesta irregularidad denunciada por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en los días en que la fallida reforma a la justicia superaba debates en el Congreso, y en la cual se proponía la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Fue en esos días cuando Otálora decidió abandonar el barco de la Judicatura. Anunció su renuncia aunque dejó claro que nada tenía que ver una posterior postulación para el cargo que ocupará en adelante, gracias al respaldo casi que unánime de la Cámara baja del Parlamento.
Esa fue la atmósfera en la que Otálora resultó elegido defensor del Pueblo. "No conozco elección alguna que no haya sido cuestionada. Estas son las reglas de la democracia", dijo Otálora en un breve diálogo con Semana.com.
"Cualquier funcionario que se postule para otro cargo siempre va a tener investigaciones y quejas, pero no hay ninguna medida judicial en contra y siempre estaremos dispuestos a responder”, aseguró Otálora sobre las causas que cursan en la Comisión de Acusaciones.
Pasando la página de la elección, el nuevo defensor del pueblo prefirió abstenerse de poner un espejo retrovisor sobre la también cuestionada gestión de su antecesor Vólmar Pérez, quien ocupó ese cargo por más de ocho años, tiempo en el que hubo críticas sobre la invisibilidad que tenía dicha institución, y hasta la trasformación como un órgano "politizado y burocrático", adjetivos que se escucharon en la plenaria de Cámara.
Otálora optó por mirar hacia adelante y trazarse objetivos prioritarios. La Defensoría del Pueblo "no tendrá una agenda particular sino nacional", que en principio la definió en cinco puntos.
El primero, la implementación de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras. Otálora se comprometió a que la Defensoría será una especie de locomotora para impulsar uno de los objetivos del actual gobierno, regresarles la tierra a quienes fueron despojados por culpa del conflicto.
La crisis del actual sistema de la salud tendrá que ser una de las prioridades, admitió Otálora, pero no sólo para encender alarmas sino para impulsar soluciones. El diálogo con los indígenas en el Cauca será uno de los primeros retos.
El nuevo defensor del pueblo también se comprometió con una "investigación profunda" sobre el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. "No hay registros concretos sobre este problema de alto impacto en el conflicto". Otálora también mencionó la crisis carcelaria como la otra de las prioridades inmediatas.
