Cámara elige este martes al sucesor de Vólmar Pérez. Sectores piden independencia.
La elección del quinto Defensor del Pueblo en la historia del país, que debe cumplirse este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes,definirá la suerte de una entidad que empezó como una de las más respetadas entre las creadas por la Constitución del 91, pero que 20 años después parece haber perdido su importancia e independencia.
Tras los nueve años de Vólmar Pérez como Defensor del Pueblo (completó el periodo de Eduardo Cifuentes y fue elegido dos veces), analistas y expertos coinciden en que la entidad está lejos de cumplir su responsabilidad de cuestionar y hacer cumplir las políticas del Estado en materia de Derechos Humanos.
Pérez logró evitar que el gobierno del presidente Álvaro Uribe cumpliera su proyecto de desaparecer la Defensoría conmo órgano independiente para ponerlo a depender de la Procuraduría. Pero entre el 2003 y el 2010 su entidad, que maneja un presupuesto de 233 mil millones de pesos, entró en la lista de la milimetría partidista y son varios los que señalan que allí hay un pequeño botín de cuotas burocráticas, ya que la mayoría de contratación se sigue haciendo por prestación de servicios y los 1.400 funcionarios dependen del Defensor de turno.
Las mayores críticas vienen de quienes creen que la "Defensoría la hace el Defensor" y piden que el cargo quede en cabeza de un funcionario tan respetable que su voz crítica sea escuchada hasta por el mismo Presidente de la República.
En una carta enviada al Congreso, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos, Todd Howland, destacó la labor de la Defensoría y recordó que esta elección tiene que estar por encima de acuerdos partidistas: "es necesario que el titular de la Defensoría del Pueblo sobresalga por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, su independencia, su objetividad, su prestigio moral y reconocimiento social", dice.
Jaime Córdoba Triviño, primer Defensor del Pueblo que tuvo el país, coincide en que "las intervenciones de la Defensoría frente a temas álgidos y sensibles fueron en estos años menos visibles".
Aunque reconoce que en asuntos de desplazamiento y atención en salud la Defensoría jugó un buen papel, también sostiene que informes específicos en temas como cárceles y defensa de las minorías étnicas, mujeres y niños el trabajo de la entidad "no ha tenido la trascendencia" que debería.
"Lo más importante de un Defensor es que domine el saber de los Derechos Humanos y que sea independiente de todos los poderes. Sin eso, la Defensoría es una institución de trámite, pero no protagonista en los avances de Derechos Humanos", dice.
En el mismo sentido se pronunció otro exdefensor, Eduardo Cifuentes, quien asegura que el país "tiene derecho a una Defensoría actuante, que denuncie, que promueva soluciones y que haga recomendaciones". "En otras palabras, se necesita magisterio moral", afirma.
Vólmar Pérez, quien se prepara para entregar su cargo en los próximos días, sostiene que durante estos nueve años la Defensoría creció en la atención de víctimas en Colombia. Asegura que deja una "Defensoría Pública fortalecida", que salió al paso a temas importantes como la salud y el despojo de tierras y una infraestructura de 23 sedes de atención en todo el país.
León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, dice que tras el magro balance de Vólmar Pérez su sucesor debe ser elegido con las más altas calidades éticas: "Pérez no estuvo en ese puesto para vigilar, sino para callar. La Defensoría fue desmontada en su propósito de alertar y prevenir violaciones de Derechos Humanos y no tuvo ninguna actividad en los escándalos más grandes del pasado gobierno, como 'chuzadas' y falsos postivos", cuestiona.
Miguel Samper, director de Justicia Transicional de Ministerio del Interior, asegura por su parte que el papel de la Defensoría fue clave para la sanción de la Ley de Víctimas y esta institución tiene ahora como gran reto el "ser la puerta de entrada" para la implementación de la Ley.
La puja de los candidatos
Tres candidatos se disputan en la Cámara este cargo: las abogadas Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares, y el exmagistrado y exvicefiscal Jorge Armando Otálora. Este último parece contar con el apoyo de las mayorías en las bancadas, si bien son varias las voces en contra. Por un lado, en el Congreso se dice que la Defensoría pasaría de ser 'cuota burocrática' del conservatismo al liberalismo.
El senador Juan Manuel Galán cuestionó que el nombre de Otálora - exasesor de DMG y exdefensor de Alberto Santofimio, condenado por la muerte de Luis Carlos Galán- estuviera en la terna. Otálora es recnocido como uno de los más destacados abogados del país, pero hasta ahora no ha podido explicar por qué cuando renunció a su silla en el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura aseguró públicamente que no iba a aspirar a la Defensoría y sin embargo pocas semanas se desmintió a sí mismo para aceptar la nominación.
Líderes de organizaciones sociales piden que el Congreso mire hacia las mujeres ternadas, cuya postulación respaldan varias ONG.
Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, asegura en ese sentido que el Defensor del Pueblo debe ser un cargo de culminación de una carrera, al igual que un magistrado, pero no un trampolín político.