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Sectores criticaron elección de Otálora como defensor del pueblo

El abogado Jorge Armando Otálora se convirtió ayer en el nuevo defensor del pueblo, con 126 votos a favor de 134 votos totales, en reemplazo de Volmar Pérez quien estuvo al frente de ese cargo por nueve años.(Lea más Jorge Otálora es el nuevo defensor del pueblo)

“No seré inferior al reto que me ha impuesto este nombramiento, a favor de la paz y de los derechos humanos”, dijo Otálora, tras su elección.

Junto con Otálora, experto en varias ramas del derecho, estaban en la terna enviada por el presidente Juan Manuel Santos las abogadas Beatriz Linares y Olga Lucía Gaitán, ambas especialistas en temas de derechos humanos.

Pero Linares y Gaitán solo obtuvieron 4 votos cada una, en la elección.

Jorge Otálora quen ha sido exvicefiscal de la Nación, y ha ejercido varios cargos en corporaciones públicas, se convierte de esta manera en el quinto defensor del pueblo, desde la elección y aplicación de esta figura de control en el país, uno de los componentes de la Constitución de 1991.

El nuevo defensor se llevó la mayoría de votos, en medio de críticas de organizaciones como la Misión de Observación Electoral –MOE, la Corporación Nuevo Arco Iris, la ONU y organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones habían pedido al Congreso garantías para las elecciones de funcionarios de cargos de control público como esta del Defensor, desde la elección del secretario del Senado, la misma que consideraron amañada.

Los representantes de las asociaciones civiles cuestionaron que la elección de Otálora estaba cantada desde antes y prueba de ello fue la aprobación por el Congreso pleno de su renuncia como magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, único requisito que le impedía aspirar a este cargo.

El Senado aceptó la renuncia de Otálora, presentada con celeridad días antes, luego de que había dicho que no aspiraría, por 58 votos a favor y solo 3 en contra y en la Cámara de Representantes 105 congresistas aceptaron la renuncia y 3 la negaron

Uno de los férreos opositores de la aspiración de Ótalora fue el senador Juan Manuel Galán quien argumentó que el nuevo defensor había estado vinculado como asesor de la extinta pirámide de DMG y haber fungido como abogado de Alberto Santofimio Botero, vinculado a la muerte de su padre, Luis Carlos Galán, un crimen condenado de lesa humanidad.

Varios congresistas y sectores de opinión pidieron que el nuevo defensor del pueblo no se convierta en un defensor del gobierno, como lo habría hecho Vólmar Pérez durante los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Otros analistas apuntaron a que la corporación pública ha perdido credibilidad y se ha convertido más en un fortín político de cargos burocrático.

Vólmar Pérez sin embargo, quien dejará el cargo en los próximos días, destacó que en sus nueve años el país avanzó en materia de derechos humanos.
 

"La Defensoría tendrá una agenda nacional": Otálora

El electo defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, fijó una lista de prioridades con el propósito de "renovar" la imagen de esta entidad. Las prioridades, confiesa, la ley de víctimas, la crisis de la salud, la carcelaria, el diálogo con los indígenas en Cauca y la paz.

Jorge Armando Otálora será desde el próximo mes de octubre el nuevo defensor del Pueblo. La Cámara de Representantes, en medio de una elección que no estuvo exenta de reparos y cuestionamientos, consideró que el vicefiscal de la época de Mario Iguarán, y el vicepresidente del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, sea el nuevo garante de los derechos de los ciudadanos en el país.

Otálora contó con un respaldo casi unánime. De 134 votos, 126 fueron a su favor. Tan sólo ocho se repartieron entre las otras dos candidatas, Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares, quienes según sus hojas de vida tenían mayor experiencia en el tema de derechos humanos. Otálora, en cambio, es experto en otras materias del derecho, una de ellas, la criminalística, y en sus más recientes cargos públicos, en la Fiscalía y la Judicatura, otras habían sido sus competencias.

La elección, ajustada al reglamento, fue cuestionada especialmente por dos parlamentarios. Los representantes Iván Cepeda (Polo) y Ángela María Robledo (Partido Verde). Los dos coincidieron en la falta de garantías de este proceso electoral, al reseñar con extrañeza que la elección ya estaba amañada y amarrada y obedecía a ocultos intereses de los partidos políticos mayoritarios.

Este martes, el mismo día de la elección, se escucharon a los tres candidatos. Cepeda y Robledo cuestionaron que la Cámara de Representantes no hizo ningún ejercicio reflexivo frente a la elección del Defensor del Pueblo. Cuando Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares expusieron sus cualidades para ejercer el cargo, sabían de antemano que sus intervenciones no pasarían de un trámite o un requisito legal. La suerte de esta elección se había cocinado políticamente desde la semana pasada, cuando los partidos mayoritarios, La U, el Conservador y el Liberal, ya tenían definido el nombre del exvicefiscal.

Más reparos se produjeron cuando cinco parlamentarios que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara se declararon impedidos para participar de la elección. Todo porque Otálora tiene abierta una investigación por un asunto incómodo: el presunto carrusel en el nombramiento de magistrados auxiliares en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para favorecerlos con el aumento en la cotización de pensiones.

Precisamente, una supuesta irregularidad denunciada por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en los días en que la fallida reforma a la justicia superaba debates en el Congreso, y en la cual se proponía la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Fue en esos días cuando Otálora decidió abandonar el barco de la Judicatura. Anunció su renuncia aunque dejó claro que nada tenía que ver una posterior postulación para el cargo que ocupará en adelante, gracias al respaldo casi que unánime de la Cámara baja del Parlamento.

Esa fue la atmósfera en la que Otálora resultó elegido defensor del Pueblo. "No conozco elección alguna que no haya sido cuestionada. Estas son las reglas de la democracia", dijo Otálora en un breve diálogo con Semana.com.

"Cualquier funcionario que se postule para otro cargo siempre va a tener investigaciones y quejas, pero no hay ninguna medida judicial en contra y siempre estaremos dispuestos a responder”, aseguró Otálora sobre las causas que cursan en la Comisión de Acusaciones.

Pasando la página de la elección, el nuevo defensor del pueblo prefirió abstenerse de poner un espejo retrovisor sobre la también cuestionada gestión de su antecesor Vólmar Pérez, quien ocupó ese cargo por más de ocho años, tiempo en el que hubo críticas sobre la invisibilidad que tenía dicha institución, y hasta la trasformación como un órgano "politizado y burocrático", adjetivos que se escucharon en la plenaria de Cámara.

Otálora optó por mirar hacia adelante y trazarse objetivos prioritarios. La Defensoría del Pueblo "no tendrá una agenda particular sino nacional", que en principio la definió en cinco puntos.

El primero, la implementación de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras. Otálora se comprometió a que la Defensoría será una especie de locomotora para impulsar uno de los objetivos del actual gobierno, regresarles la tierra a quienes fueron despojados por culpa del conflicto.

La crisis del actual sistema de la salud tendrá que ser una de las prioridades, admitió Otálora, pero no sólo para encender alarmas sino para impulsar soluciones. El diálogo con los indígenas en el Cauca será uno de los primeros retos.

El nuevo defensor del pueblo también se comprometió con una "investigación profunda" sobre el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. "No hay registros concretos sobre este problema de alto impacto en el conflicto". Otálora también mencionó la crisis carcelaria como la otra de las prioridades inmediatas.
 

El abogado del Pueblo

Jorge A. Otálora, nuevo defensor

Con 126 votos, la Cámara de Representantes eligió al exvicefiscal y exmagistrado de la Judicatura como sucesor de Vólmar Pérez.

Se sabía que antes de que la Plenaria de la Cámara de Representantes escuchara las propuestas de cada uno de los tres candidatos a ocupar el cargo de defensor del Pueblo, los votos ya estaban marcados. Y así fue, las mayorías se inclinaron por Jorge Armando Otálora de manera contundente: 126 de los 134 representantes habilitados para votar (ocho expresaron impedimentos) eligieron a quien fuera vicefiscal general de la Nación en tiempos de Mario Iguarán y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, dignidad a la que renunció en julio pasado, aunque sólo hasta ayer le fue aceptada por el Consejo de Estado. El 1º de septiembre asumirá el cargo.

Esta vez no hubo pulso partidista, como sí se dio la semana pasada con la elección de Luis Guillermo Guerrero —de línea conservadora— en la Corte Constitucional. Las cargas políticas se siguen acomodando y Otálora, de filiación liberal, fue impuesto por la aplanadora de la Unidad Nacional, tal y como estaba acordado. En dicho acomodo falta otra ficha clave: la escogencia del procurador general, donde muchos dan por descontado que Alejandro Ordóñez será reelegido. Y quedan por llenar algunas vacantes en las altas cortes para que se termine de armar el rompecabezas político de cara a los comicios presidenciales de 2014.

“La ruta a seguir en la Defensoría del Pueblo es construir una agenda de carácter nacional para darle impulso a la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, así como prestarles especial atención al tema de la salud y a la crisis penitenciaria. Me propongo adelantar una investigación sobre el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados al margen de la ley. Y creo que es importante estudiar el asunto de la vejez, que tiene implicaciones grandísimas en la estructura del Estado”, expresó Otálora sonriente a la salida del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.

En su intervención previa a la elección, sostuvo que los sectores más vulnerables de la sociedad —desplazados, mujeres, niños y niñas, discapacitados, indígenas y afros— serán su compromiso. A la vez, anunció que presentará varias iniciativas legislativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y advirtió que su estilo es la receptividad y la concertación.

Sin embargo, la elección del nuevo defensor del Pueblo no estuvo exenta de críticas, como la que hizo la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien calificó lo sucedido como un proceso “amarrado”. Las otras dos candidatas, Olga Lucía Gaitán y Beatriz Linares, apenas obtuvieron cuatro votos cada una. “Tengo la sensación que a estas mujeres, que estaban incluidas en la terna, las meten más por relleno que porque tengan la oportunidad de salir elegidas. Y me preocupa también esa puerta giratoria entre la magistratura y la Defensoría que se dio hoy en el recinto. No es lo mismo pedir votos como magistrado que como defensor de derechos humanos”, dijo Robledo.

Otros hechos que salieron a flote fueron las nueve investigaciones que cursan actualmente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara en contra de Otálora. Cuestionamientos a los que el recién elegido les puso la cara: “Cuando uno es funcionario del Estado y toma determinaciones, siempre afectará a alguna de las partes en conflicto y lo mismo ocurre con el ejercicio profesional de abogado que he desempeñado”, respondió.

Y agregó: “No vengo a poner el retrovisor, vengo a proponer y a trabajar por la ciudadanía. Vamos a hacer una Defensoría de puertas abiertas, que sea vocera de la sociedad”. Algo que casi todos los que han pasado por allí han prometido, pero no han podido o no han querido cumplir. Lo cierto es que la Unidad Nacional hizo su elección. Dicen que Otálora es cuota liberal, pero eso ya no importa. Ahora el país espera que, por fin, sus promesas se hagan realidad y la Defensoría del Pueblo sea, de verdad, la verdadera defensora de los derechos de todos los colombianos.

Quién es el defensor

Jorge Armando Otálora nació el 25 de enero de 1967 en Chocontá, Cundinamarca. Se graduó de la Universidad Católica de Colombia como profesional del derecho y se especializó en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad del Externado, donde años después fue profesor. Fue notificador en un Juzgado Penal Municipal, de donde pasó a la Procuraduría como abogado visitador. Ascendió hasta llegar a procurador delegado ante el Bloque de Búsqueda. Tiempo después pasó a la Fiscalía General de la Nación, donde sirvió en la Unidad Anticorrupción. De allí pasó al bufete de abogados de Jaime Bernal Cuéllar, lo que le trajo el penoso incidente con la captadora ilegal DMG, a la cual se le adelantó una asesoría de consulta. En 2005 fue vicefiscal y, además, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.