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Publicado: Martes, 22, Septiembre 2009 17:47
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Escrito por Elección visible - CEJ
La negativa de la Corte Suprema de Justicia a considerar la terna para Fiscal General presentada por el Presidente de la República es otro hecho que aumenta la intranquilidad causada por los roces continuos entre los poderes públicos.
El Primer Mandatario cumplió con su parte en el proceso para designar el reemplazo del ex fiscal Mario Iguarán al enviar el nombre de los tres candidatos dentro de los cuales la Corte debe hacer la selección. Fue un proceso ceñido a la Constitución, porque los profesionales propuestos cumplen los presupuestos establecidos en el Artículo 249, que fija la atribución en la Corte, y los requisitos que se requieren para desempeñar el cargo, los mismos exigidos para ser magistrado de ese Tribunal o del Consejo de Estado, según el Artículo 231.
Pero la interpretación de las mayorías de la Corte Suprema ha creado un problema inusitado. Además de pedir experiencias y conocimientos en derecho penal, que si bien son recomendables no los exige la Constitución, 13 de los 21 magistrados dejaron constancia de su inconformidad con la terna, sin que fuera devuelta al Ejecutivo. Es decir, ni aprobaron la elección ni rechazaron la terna, limitándose a expresar dudas frente a la idoneidad de los nominados por el Presidente. Y éste, a su vez, se ratificó en su postura: los candidatos cumplen con los requisitos y el Gobierno está acatando la Constitución.
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