Monitoreo de medios

¿Por qué quiere Uribe un fiscal de bolsillo?

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Por: Jairo Puente Brugés

Si a una persona le diagnostican un cáncer avanzado ¿A qué tipo de médico acudiría? ¿A un oftalmólogo? Es decir un médico especializado en los ojos ¿O tal vez a un siquiatra? Médico especializado en la mente. Por supuesto que no, si su intención es sobrevivir seguramente que será tratado por un oncólogo, un especialista en tumores. Esto es de simple lógica, de ahí que si la intención del presidente Uribe fuera la de extirpar la metástasis criminal que nos azota ¿Por qué rayos postula para el cargo de Fiscal General a abogados que no son especialistas en el tema penal? Citando el anterior ejemplo de los médicos, el Fiscal General encargado explicó el punto con claridad: "Para venir a una audiencia pública hay que saber de procedimiento penal, tanto general como especial, de lo contrario no se pueden sostener controversias sobre ciertos temas que son vitales en un procedimiento penal".

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Gobierno busca aplicar ley centenaria para elegir nuevo Fiscal

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La Corte Suprema de Justicia considera una evidente violación a la Constitución Nacional el uso de una ley de hace casi 100 años con la cual se faculta al Presidente de la República para elegir libremente un funcionario de cualquier rama del poder público, en este caso al Fiscal General de la Nación.

Según rumores en la Casa de Nariño, el Gobierno podría acogerse a la Ley 4 de 1913 para elegir de manera directa de la terna entregada a la Corte Suprema al nuevo Fiscal General.

Para los magistrados del alto tribunal, se viola no sólo la Carta Magna, sino se ignoran los estatutos internos de la Fiscalía en los que advierten que será elegido un fiscal interino mientras que la Corte lo designa de la terna entregada por el primer mandatario.

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Ex magistrados y expertos piden que Corte elija fiscal de la terna presentada por el Gobierno

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El ex vicepresidente Humberto de la Calle, uno de los arquitectos de la Constitución de 1991, dijo ayer que "es al Presidente al que corresponde la valoración de las calidades de los candidatos".

"En un primer momento, la posición de la Corte era muy sólida y muchos la acompañamos. Ahora, sostener por ejemplo que debe ser un penalista, es algo que aunque conveniente, sólo el Presidente está constitucionalmente facultado para resolver", aseguró.

El jurista, quien ha hecho críticas al Gobierno del presidente Álvaro Uribe en otros frentes de su trabajo público, dijo que en la confrontación que sostienen los dos poderes distingue "la primera etapa, cuando surgieron grabaciones y cuestionamientos de ética pública, con esta segunda, donde las razones esgrimidas, si bien son importantes, corresponden más bien a discusiones administrativas que es el Presidente el que debe evaluar".

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La Corte y el golpe de Estado

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Aceptar la actitud de la Corte y retirar la terna equivaldría a tolerar la arbitrariedad y colocaría al Ejecutivo en posición de inferioridad

La Corte Suprema de Justicia está incumpliendo de manera abierta y flagrante sus deberes constitucionales al no elegir al Fiscal General de la Nación de la terna que le envió el Presidente de la República. Según la Constitución está obligada a hacerlo, pero no lo ha hecho y no ha justificado formal y legalmente su omisión. Alguien podría demandarla por prevaricato, si la atemorizada e impotente comisión de acusaciones de la Cámara no se hubiera autodisuelto por estos días. Hoy a la Corte no hay quien la ronde. Síntomas estos que se suman a muchos otros graves y frecuentes, y que demuestran la urgencia de una reforma a la estructura institucional de la justicia.

En efecto, de manera inaudita y sin antecedentes esa Corte está debilitando la institucionalidad del país haciendo un alarde de soberbia y absoluta arbitrariedad frente al primer magistrado de la Nación, el Presidente de la República. Porque no otra cosa es sacar de la manga unas nuevas condiciones para elegir al Fiscal, requisitos que no tienen ninguna existencia ni sustento legal. Pero, peor aún es que esa Corte no haya hecho público un pronunciamiento de fondo con sus argumentos para declarar "no viable" la terna presentada por el Presidente. Porque, obviamente, para hacerlo a derechas tendría que justificar por qué esa terna no cumple con los requisitos legales que, entre otras cosas, son los mismos que la Ley exige para ser elegido magistrado de la Corte Suprema. Y todos los miembros de la terna los cumplen, así como con seguridad los cumplieron los actuales magistrados de esa Corte, sin que a nadie se le hubiera ocurrido inventar en su momento requisitos adicionales a los legales ya existentes.

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