Las recientes afirmaciones del poder Ejecutivo, respecto del examen de constitucionalidad de la reforma pensional, representan un riesgo para la separación de poderes y erosionan la legitimidad del sistema judicial colombiano.
Bogotá, 24 de julio de 2025. La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— manifiesta la más seria preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y la de su ministro del Interior Armando Benedetti, quienes han puesto en duda la autonomía de la Corte Constitucional, así como las motivaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez respecto del estudio de constitucionalidad de la reforma pensional. Acusar a la Corte de promover un “golpe de Estado” y atribuir intenciones políticas a su presidente representan una amenaza directa a la legitimidad y a la autonomía de toda la rama judicial colombiana.
La independencia judicial, la separación de poderes y el respeto por las reglas del Estado Social de Derecho son pilares fundamentales de la democracia. Las decisiones judiciales deben tomarse con libertad, sin presiones externas ni señalamientos del Gobierno Nacional. La solicitud de pruebas adicionales por parte del magistrado Ibáñez es un acto rutinario en el procedimiento que la Corte Constitucional adelanta, y resulta indispensable para el análisis exhaustivo de los proyectos de ley que se someten a control judicial, por lo que su decisión está respaldada por el principio de necesidad de la prueba, elemento fundamental del debido proceso constitucional que el Gobierno Nacional está llamado a respetar.
Las críticas emitidas por el poder Ejecutivo al procedimiento judicial y a quien lo instruye no sólo atropella la función esencial del juez, sino que también lastima la estabilidad institucional. Deslegitimar a los magistrados y sugerir motivaciones ajenas a lo jurídico erosiona el equilibrio entre poderes y sienta un precedente peligroso para la democracia, práctica desafortunada que, en tiempos recientes, se ha empleado en contra de otras cortes de justicia y de sus magistrados, conducta respecto de la cual la CEJ siempre seguirá expresando su absoluto rechazo.
El respeto a la autonomía judicial es imperativo para evitar la concentración de poder y proteger los derechos de la ciudadanía. En contextos donde el Ejecutivo busca influir o desacreditar a la justicia, se debilitan los mecanismos de control y aumenta el riesgo de prácticas autoritarias lo que, desde todo punto de vista, resulta inaceptable para la sociedad colombiana.
