Bogotá, 4 de junio de 2025. La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— rechaza enfáticamente el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de convocar una consulta popular por decreto con el propósito inequívoco de desconocer las decisiones legítimamente tomadas por el Senado de la República.
Valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia y, más grave aún, atribuir a la norma superior aquello que no dice ni pretende decir, es una forma de abuso del poder presidencial y pone en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo.
El presidente de la República, como primer magistrado de la nación, no sólo tiene el deber de acatar la Constitución y la ley, sino también de velar por su observancia y cumplimiento. En este sentido, es obligación y responsabilidad del poder Ejecutivo y de todos los ciudadanos preservar la autonomía y las competencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, foros en los cuales se decidirá la legalidad del decreto de convocatoria anunciado el día de ayer y en los que se examinarán todos los aspectos asociados a este delicado asunto.
El presidente de la República no es juez del Senado de la República, ni en sus competencias está examinar la forma en que el poder Legislativo adopta sus decisiones para tratar de justificar un decreto que, en caso de expedirse, sería ilegal. La CEJ, como expresión de la ciudadanía, previene sobre la necesidad de respetar los cánones constitucionales y confía en la institucionalidad judicial, que en esta situación se establece como el pilar sobre el que se sostiene la vida democrática del país.
