Bogotá, 7 de marzo de 2023. A raíz de los reiterados pronunciamientos del Gobierno central y en particular del jefe del Estado, tendientes a emplear términos inconducentes y acelerados frente al ejercicio de la función judicial y a sus determinaciones, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ—, centro de pensamiento líder en el sector y garante de la institucionalidad, pasa a manifestar lo siguiente:
Si bien es cierto que en una democracia es permitido el disenso de los fallos de los jueces, ello impone, más aún por parte de quienes representan la institucionalidad, abstenerse de emplear expresiones que estigmaticen tal función o que, de manera injustificada, la haga ver como una ramplona organización dedicada a la persecución. Lo anterior tiene cabida teniendo en cuanta las varias declaraciones entregadas en las últimas semanas por el Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, frente a distintas determinaciones judiciales, en particular, criticando: la suspensión del Consejo de Estado del decreto que le otorgaba facultades para asumir el control temporal de regulación de los servicios públicos, la determinación de la Corte Constitucional en torno a que la Procuraduría General de la Nación sí tenía la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular y con relación a la negativa de conceder la libertad a los integrantes de la llamada primera línea previamente judicializados.
Lo anterior tiene fundamento en manifestaciones entregadas por el primer mandatario, tales como las siguientes: frente a la decisión del Consejo de Estado, afirmó: “como Petro es el presidente, parece que no puede tener sus facultades constitucionales”; sobre la de la Corte Constitucional manifestó que el Ministerio Público “por ser autoridad administrativa no puede quitar derechos políticos (…). Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”, y frente a la tercera decisión, adoptada por varios jueces de la República, insinuó que: “se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra“.
Conforme a lo anterior, hacemos un contundente llamado para que se respeten los fallos judiciales en todos sus niveles y jurisdicciones, y que si se va a disentir de ellos se haga en términos respetuosos y no dando lugar a suspicacias o presunciones de sesgos, recordando que el control de legalidad de los actos del Ejecutivo y los del Congreso constituyen garantía máxima a la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, pilares evidentemente fundamentales de toda democracia en aras de mantener la armonía institucional y la cohesión institucional entre las ramas del Poder Público.
Adicionalmente, y como es de público conocimiento, nuestro sistema jurídico posibilita mecanismos de impugnación de los fallos judiciales cuando la parte inconforme estime que ellos no satisfacen los intereses que persigue, precisamente sin necesidad de sucumbir a la verborrea peyorativa que busca solo estigmatizar.
En consecuencia, la CEJ reitera, tal y como lo ha hecho en el pasado, que se opondrá a cualquier modificación a nuestra organización judicial, como ulteriormente también se pretendía hacer ahora con la disparatada idea, aparentemente abandonada, de la creación de una nueva Sala al interior de la Corte Suprema de Justicia en desmedro, precisamente, de dicha corporación.
Por último, la CEJ ratifica una vez más que, ante la evidencia de cualquier agresión, hostigamiento o acoso de la Rama Judicial, acudirá a los organismos internacionales, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— y a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas —ONU—, a fin de que proteja el baluarte democrático que representa la independencia y la autonomía judicial.
