Bogotá, 16 de marzo de 2023. Con relación al proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno Nacional y que pretende añadir algunos elementos a la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de la paz total, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— observa con preocupación varios aspectos que podrían resultar en impunidad, que irían en contra de la separación de poderes y en la posible vulneración de los derechos de las víctimas.
Una de ellas la señaló el Fiscal General, Francisco Barbosa, en relación con que el articulado en cuestión prevea beneficios a narcotraficantes y olvide los derechos de las víctimas. A su vez, para el ente acusador, es supremamente alarmante que se prevea la aplicación del principio de oportunidad en delitos como de concierto para delinquir agravado, lo que resultaría en una suerte de “indulto”, y cuestionó que los recursos recuperados no se destinen a las víctimas ni a proyectos restaurativos claros. Si bien estas observaciones fueron puestas de presente por la Fiscalía, no fueron tenidas en cuenta en el proyecto radicado. Resulta necesaria la participación democrática al interior de la discusión, de lo contrario, el proyecto no tendrá ninguna legitimidad.
Además, como señaló la Procuradora General Margarita Cabello, el proyecto en cuestión no es del todo claro y carece de un verdadero sustento por el cual se logre determinar que la propuesta solucionará las diversas problemáticas. De otro lado, tampoco se indica cómo se destinarán los recursos relacionados con las medidas restaurativas propuestas ni qué recursos se podrían presentar para la reparación a las víctimas, dejando en entredicho su reparación. Tampoco se determina si las personas que han incumplido acuerdos con el Estado —como disidentes de las antiguas FARC-EP— podrían acceder a la ley ni qué tipo de bienes entregados conllevarían a beneficios económicos.
Como en anteriores ocasiones había puesto de presente la CEJ, postura que también comparte la cabeza del Ministerio Público, genera preocupación que se deje abierta la posibilidad de que el Gobierno establezca presupuestos que alteren el curso normal de los procesos judiciales, como ocurrió en la discusión de la figura de los gestores de paz o en la suspensión de órdenes de captura en el caso de las reformas al sistema penal y penitenciario realizadas recientemente.
En este entendido, pareciera que el proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas, y ante esta situación, la CEJ continuará velando por el respeto a la separación de poderes y la exigencia de rigurosidad en la presentación de reformas a la justicia.
