A lo largo de las sesiones, los altos dignatarios subrayaron la responsabilidad de los tribunales constitucionales de interpretar la Constitución a través de decisiones que consoliden principios llamados a perdurar en el tiempo. / Crédito: Corte Contitucional de Colombia.

Bogotá, 7 de noviembre de 2025. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) destaca la participación de la Corte Constitucional de Colombia en el 6.º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (CMJC), el foro internacional más importante dedicado al diálogo y la cooperación entre cortes y tribunales constitucionales del mundo. El encuentro tuvo lugar en Madrid, entre el 29 y el 31 de octubre, por invitación del Tribunal Constitucional del Reino de España.

El Congreso, que reunió a presidentes y magistrados de cortes supremas, tribunales constitucionales y consejos de jurisdicción constitucional de diversos continentes, se desarrolló bajo el eje temático “Los derechos humanos de las generaciones futuras”. Durante tres días, los participantes reflexionaron sobre el papel esencial de la justicia constitucional en la protección de derechos que trascienden los ciclos electorales y las coyunturas políticas.

A lo largo de las sesiones, los altos dignatarios subrayaron la responsabilidad de los tribunales constitucionales de interpretar la Constitución a través de decisiones que consoliden principios llamados a perdurar en el tiempo. En su discusión se resaltó que las instituciones de justicia constitucional deben actuar con independencia para asegurar que sus fallos contribuyan a la estabilidad democrática, la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

Uno de los puntos de mayor consenso fue el reconocimiento de que las amenazas a la independencia de los tribunales constitucionales son reales, persistentes y, en algunos contextos, cada vez más frecuentes. Frente a este panorama, la declaración del Congreso fue categórica:

“La justicia constitucional solo puede cumplir su función cuando se garantiza plenamente la autonomía y la independencia de los tribunales constitucionales. Esa independencia no es un fin en sí misma, sino una condición indispensable para asegurar la supremacía de la Constitución, la protección efectiva de los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes en un Estado democrático”.

La declaración también enfatizó la solidaridad entre las jurisdicciones participantes para proteger, conforme a sus ordenamientos jurídicos, la integridad e independencia de las y los jueces constitucionales frente a cualquier forma de presión indebida:

“La justicia constitucional, en sus diversas formas institucionales, es uno de los pilares de la estabilidad y el progreso democráticos. Los participantes expresaron su compromiso unánime de rechazar cualquier medida o acto destinado a obstruir o dificultar el ejercicio de funciones judiciales esenciales para la preservación de la democracia y los derechos humanos”.

El Congreso concluyó con un llamado global a fortalecer una cultura del constitucionalismo en la que las decisiones judiciales se cumplan de manera íntegra y las críticas al poder judicial se formulen siempre desde la responsabilidad y el respeto democrático. La transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo con las instituciones y la sociedad civil fueron identificados como pilares que robustecen —y no debilitan— la independencia judicial.