La justicia evalúa actualmente las confesiones de medio centenar de jefes de las autodefensas, que se desmovilizaron junto a unos 31.000 combatientes, tras una negociación con el Gobierno.

Igualmente investiga a más de 60 congresistas, en su mayoría de la coalición que respalda a Uribe, por simpatías y vínculos con esos grupos a los que se atribuyen más de 9.000 crímenes.

“Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices”, señala el documento que pide a Uribe “expresar firme y claramente el apoyo” a esas investigaciones.

Según dijo HRW en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, esas investigaciones deben ser exhaustivas para que se juzgue “a quienes hayan colaborado con los paramilitares en el sistema político y las fuerzas de seguridad”.

Por ello pidió a Uribe oponerse a “cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares”, y también “abandonar los ataques contra la Corte Suprema” de Justicia que realiza “valientemente” esas investigaciones.

El informe también llama la atención sobre el poder político que con su accionar violento alcanzaron las autodefensas.

“Muchas veces, los asesinatos y las amenazas -en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático- son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país”, puntualiza.

Por ello el documento pide al fiscal de la Corte Penal Internacional “monitorear el proceso de investigación y juzgamiento de los cómplices de los paramilitares”, y a la comunidad internacional “respaldar con firmeza las investigaciones acerca de la influencia ilegal de los paramilitares en el sistema político”.

El documento también aconseja al Congreso de Estados Unidos mantener congelada la aprobación de un Tratado de Libre Comercio bilateral negociado en 2006, hasta tener “resultados concretos y sostenidos” de las investigaciones sobre los asesinatos de sindicalistas.

Finalmente, tras destacar que “durante las dos últimas décadas los paramilitares han desvastado gran parte del país”, destacó que “Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo, luego de Sudán”.

El Nuevo Siglo / 16 de octubre de 2008