La adopción de sistemas no convencionales de administración de justicia, incluidos modelos comunitarios de resolución de conflictos, hacen parte de las fórmulas más imaginativas propuestas desde ya por los analistas.
DERECHOS HUMANOS Ponerle fin a la práctica del secuestro requerirá de fórmulas imaginativas.
Si la guerrilla renuncia a la práctica del secuestrando, este flagelo prácticamente habrá desaparecido del país. Sin embargo, tal como lo afirma el ex zar antisecuestro Rubén Darío Ramírez, para que eso se dé es necesario recurrir a fórmulas osadas e imaginativas.
Para Ramírez, no es fácil que la guerrilla renuncie al secuestro como forma de financiación, ya que esto implica dejar de percibir unos 100 mil millones de pesos anualmente.
Entre las fórmulas propuestas por el especialista está la búsqueda de una financiación temporal, por parte de la sociedad, a la guerrilla a cambio de que deje de secuestrar.
Un acuerdo en materia de secuestro abriría las puertas para que los distintos actores armados pactaran el respeto al Derecho Internacional Humanitario y, por ende, la humanización de la guerra.
SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS Con 60.000 hectáreas destruidas, el Estado no halla una actividad rentable para los labriegos.
Como en la política de la zanahoria y el garrote, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia han sido hasta ahora solo complementarios a los métodos represivos para controlar las plantaciones de droga. Esto, según los expertos, explica su falta de éxito.
El año pasado, según las cifras de la DEA, Colombia batió el récord mundial en este campo con 60.000 hectáreas destruidas. Sin embargo, hoy en día es mayor el número de plantaciones ilícitas que hace un año.
De acuerdo con el contralor General de la Nación, Carlos Ossa Escobar, la sustitución de cultivos ilícitos debe ser una política prioritaria del gobierno, encaminada a buscar alternativas reales que sean viables para quienes obtienen su sustento de ellos.
Asegura que esto incluye no solo a campesinos, sino también a los colonos, que no están arraigados en ningún lugar. A ellos, que en opinión de Ossa son los más afectados por el problema, también deben ofrecérseles actividades productivas que sean rentables.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Cuando el Gobierno propone preservar el medio ambiente lo que pide es acabar con la voladura de oleoductos y recuperar los terrenos cultivados con amapola y coca.
En criterio del ex ministro del Medio Ambiente Eduardo Verano de la Rosa, este punto implica sacar la naturaleza del conflicto. Un documento elaborado por Planeación Nacional señala que como consecuencia de 743 voladuras a los oleoductos se han derramado más de dos millones de barriles de petróleo. Este hecho ha contaminado 6.000 hectáreas agrícolas y pecuarias; 2.500 kilómetros de ríos y quebradas; 1.600 hectáreas de ciénagas y humedales y 14 ríos.
Los cultivadores de hoja coca y amapola, según un informe del Ministerio del Medio Ambiente, han deforestado más de un millón de hectáreas de selva. Esta tragedia ecológica se incrementó con los 600 mil litros de glifosato que han sido esparcidos en la selva.
PARAMILITARISMO Con diálogo o por la fuerza, el desmonte de los paras es responsabilidad del Estado.
Tanto las Farc como el Eln condicionan el avance de los diálogos al desmonte del paramilitarismo por parte del Estado.
En ese sentido, el Gobierno ha tratado de articular una política contra estos grupos, pero asiste casi que impotente a la arremetida de los hombres de Castaño, que en los últimos días han asesinado a 139 personas.
Esto ha llevado a varios analistas a plantear la posibilidad de que a los paras se les dé estatus político y que se abra de inmediato una mesa de negociación paralela con esa organización.
En criterio del politólogo Alfredo Rangel, el Gobierno ha creado una contradicción frente al verdadero carácter de los movimientos armados contrainsurgentes porque si bien dice que son actores de la guerra, a renglón seguido señala que no poseen carácter político. Sin embargo, advierte que nadie discute que la confrontación en Colombia es política.
Todos coinciden en señalar que el desmonte de los paramilitares, ya sea mediante el diálogo o por la vía militar, es esencial para alcanzar la paz.
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Asistencia legal popular, amigables componedores y jueces de paz, las fórmulas.
La perspectiva del fortalecimiento de la justicia como uno de los puntos de la agenda para la búsqueda de la paz se puede llevar a la práctica a través de la promoción de los mecanismos comunitarios de solución de conflictos.
Amigables componedores y jueces de paz deben ser impulsados si gobierno y guerrilla buscan efectivamente la consecución de este objetivo.
En criterio de Alfredo Fuentes, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), se debe promover, a la vez, la asistencia legal popular. Hay parte de la población que no tiene ni los recursos ni la orientación para resolver sus conflictos , dijo Fuentes.
Al margen de la Ley Estatutaria de la Justicia expedida en 1995, la última ocasión en que se reformó la justicia fue en la Asamblea Constituyente de 1991. En la administración de Barco se crearon los jueces de instrucción criminal.
REFORMA AGRARIA 30 años de esfuerzos intermitentes no han servido para desconcentrar el poder de los terratenientes.
A pesar de que desde hace treinta años existe en Colombia un organismo que tiene la misión específica de promover una distribución más equitativa de las tierras agrícolas, el tema de la reforma agraria es hoy en día una de las exigencias más importantes para las Farc.
De acuerdo con el contralor General, Carlos Ossa Escobar, quien fue director del Incora, la acción de esa entidad ha sido intermitente debido a la falta de una decisión firme del Estado.
Eso explica -dice- la intensidad de las acciones del Incora en unos períodos y la vaguedad en otros .
En opinión de Ossa, ante la necesidad de alcanzar la paz, la reforma agraria debe ser integral, es decir debe incluir todo el apoyo complementario del Estado, en especial para que las tierras adjudicadas no vuelvan a caer en manos de los terratenientes.
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Asistencia legal popular, amigables componedores y jueces de paz, las fórmulas.
La perspectiva del fortalecimiento de la justicia como uno de los puntos de la agenda para la búsqueda de la paz se puede llevar a la práctica a través de la promoción de los mecanismos comunitarios de solución de conflictos.
Amigables componedores y jueces de paz deben ser impulsados si gobierno y guerrilla buscan efectivamente la consecución de este objetivo.
En criterio de Alfredo Fuentes, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), se debe promover, a la vez, la asistencia legal popular. Hay parte de la población que no tiene ni los recursos ni la orientación para resolver sus conflictos , dijo Fuentes.
Al margen de la Ley Estatutaria de la Justicia expedida en 1995, la última ocasión en que se reformó la justicia fue en la Asamblea Constituyente de 1991. En la administración de Barco se crearon los jueces de instrucción criminal.
APOYO INTERNACIONAL Europa, Estados Unidos y América Latina le apuestan a la paz de Colombia.
En este punto coinciden tanto el Gobierno como la guerrilla. Las dos partes han venido buscando el apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos y los países latinoamericanos con resultados altamente satisfactorios.
Europa unida está dispuesta a contribuir en todo lo que esté a su alcance. Incluso, gobiernos, como el alemán y el español, han servido de escenario para encuentros entre las partes.
Por su parte, Estados Unidos respalda la labor del presidente Andrés Pastrana y en un hecho sin precedentes decidió reunirse con las Farc para buscar una salida concertada a los cultivos ilícitos.
En el contexto latinoamericano todos los gobiernos han ofrecido su participación para que Colombia encuentre una paz duradera.
