Algunas conclusiones principales en materia de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual que hasta el momento ha arrojado el desarrollo de este proyecto son:
• Las mujeres víctimas de delitos sexuales en Colombia no acceden a los servicios de justicia por razones como vergüenza, temor a la estigmatización propia o de sus hijos o familia, por desconocimiento de sus derechos y rutas de acceso o por temores a las represalias que tomen sus denunciados.
• La oferta de servicios no es clara y en la mayoría de los casos está desarticulada. En ocasiones la víctima debe acudir a más de una sede judicial o administrativa para acceder a los servicios de justicia y atención; lo que conduce a una revictimización que genera costos y que no siempre la víctima puede asumir. Además, las instalaciones en las que son atendidas no son las más apropiadas y el personal no cuenta con la capacitación debida para atender este tipo de situaciones.
• Una vez la denuncia logra presentarse, el proceso penal puede durar varios años en los despachos sin una decisión judicial frente a las inadecuadas técnicas de investigación; la insuficiencia de fiscales, investigadores y peritos; la falta de capacitación de algunos de ellos; los aplazamientos de las audiencias y las dificultades probatorias propias de estos delitos –que se agudizan cuando la denuncia no se realiza en un momento próximo a su comisión-. Sin embargo, en el caso de lograrse una condena, el sistema penitenciario no cuenta con la capacidad para cumplir con los fines de resocialización de la pena.
A esto se suma la situación de paro judicial que ha terminado afectando entre otras, las denuncias por abuso sexual. Lo demuestra un conmovedor caso relatado por el Espectador en su edición del pasado viernes 23 de noviembre. Vea www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-388850-paro-judicial-esta-afectando-denuncias-abuso-sexual. De igual manera, la encuesta realizada por El Tiempo que reveló que las mujeres victimas de estos delitos no creen en la justicia. Vea www.eltiempo.com/justicia/las-mujeres-victimas-no-creen-en-la-justicia_12399404-4
Aun así, es preciso destacar algunos esfuerzos institucionales que podrían contribuir en la lucha contra esta problemática, entre ellos los Centros de Atención Integral para Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía (CAIVAS) y el Grupo Élite de delitos Sexuales (GEDES), especializado en el asalto sexual en Bogotá, así como, el proyecto Adecuación Institucional para el Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas, liderado por la Defensoría del Pueblo y el Proyecto para la no violencia contra las mujeres de la Alcaldía de Cali.
Estos esfuerzos buscan la superación de las barreras de acceso, la atención integral a las víctimas o la especialización y fortalecimiento de las técnicas de investigación para estas conductas.
De la continuidad, réplica y articulación de este tipo de iniciativas dependerá en buena medida que la reducción en la impunidad en estos delitos se convierta en una realidad.
