El magistrado Gustavo Gómez, nuevo presidente del Consejo de Estado, explica por qué la Rama Judicial teme que se acabe el sistema de contrapesos de la Constitución del 91.
El nuevo presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, es un hombre sin rodeos: sugiere que el procurador Alejandro Ordóñez podría ser ternado por este alto tribunal en su carrera por la reelección; advierte que participar en elecciones de órganos de control implica un desgaste para el Poder Judicial que otros llaman politización de la justicia, y, además, le muestra los dientes al Ejecutivo sobre la polémica reforma a la justicia. Anticipa, por último, que la sala electoral (Sección Quinta) ya estudia un proyecto de fallo por la demanda interpuesta contra la elección de la fiscal general Viviane Morales.
El Consejo de Estado es quizás el tribunal donde más se evidencian abusos de la Fuerza Pública. ¿Cómo ve la discusión de ampliar el fuero militar?
El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la posibilidad de ejercer la violencia legítima sin cometer delitos, de manera que si los servidores públicos los cometen el Estado también tiene la obligación de reprocharlos. Crear excepciones a priori para cualquier servidor público generará desequilibrios sociales muy graves. Hay que crear entre nuestras Fuerzas Armadas una conciencia democrática. Queremos militares ideologizados en el respeto por las personas y la concepción clara de que, por más dura que sea su batalla, la razón de su misión se principia y se agota en la lucha por el Estado democrático.
¿El procurador Ordóñez será de nuevo ternado por el Consejo de Estado para su reelección?
Parece que sí, pero hay dos enigmas sobre esto: si el acto legislativo (de la reforma a la justicia) se aprueba, al procurador lo nombrarían las cámaras legislativas y el presidente, y nosotros no tendríamos nada que hacer ahí. Serían los intereses de partido, como ha pasado en décadas anteriores cuando a la Procuraduría la manejaba el Ejecutivo. Si no pasa la reforma seguimos asumiendo el costo que implica postular órganos de control que manejan una cuota burocrática grande.
A la justicia también se le acusa, precisamente, de no querer soltar esa cuota burocrática.
El hecho de que los jueces postulemos para los órganos de control rompe con esa tranquilidad del juez que debería estar pensando en procesos. Pero hemos visto un renacer del país desde la Constitución del 91, con procuradores que han sido más o menos respetuosos de la Constitución, con contralores como la actual que por lo menos genera conciencia del control fiscal. Eso se debe a que otro poder actúa y asume el costo del desgaste, lo que infundadamente llaman politización de la justicia.
¿Qué puntos de la reforma a la justicia le preocupa?
Hay un artículo que privatiza la administración de justicia recurriendo a notarios, abogados o buenos componedores. Es correr el riesgo de que el recurso a la justicia se convierta en arbitrariedad y desconfianza. También nos preocupa la reforma a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo para crear salvaguardas que impiden que el Poder Judicial pueda controlarlos.
¿Debería desaparecer la Comisión de Acusación?
La Comisión está servida por representantes que no tienen formación jurídica. Hay que pensar en fórmulas audaces que no rompan la arquitectura del Estado. Por ejemplo, que esté compuesta por partidos de la oposición para evitar ese maridaje entre mayorías; y con congresistas que tengan formación jurídica.
¿En qué va la demanda contra la elección de la fiscal Morales?
Ya se registró un proyecto de fallo. El proceso está en la Sala Electoral (Sección Quinta), sin embargo, no sabemos si ese proceso vaya a ir a Sala Plena.
¿Conoce el sentido del proyecto de fallo?
Es confidencial y reservado. Hasta el momento no se ha hecho petición de que la Sala Plena resuelva esa demanda, aunque cualquier magistrado puede solicitarlo: 27 personas discutiendo pueden ser más objetivas que una sola sección.
¿Qué ‘papas calientes’ evalúa la Sala Plena del alto tribunal?
La pérdida de investidura del senador de la U, Juan Lozano, del del exalcalde Samuel Moreno y de muchos congresistas.
La Contraloría y muchos sectores políticos han atacado la ineficacia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). ¿Se volvió este un órgano sin controles que debería abolirse?
Hay que fortalecer su eficacia, quizá cambiando la naturaleza de sus integrantes, quitándoles el rango de magistrados y convirtiéndolos en técnicos. Algunos magistrados han dado toda la papaya, pero la Sala es un patrimonio de la Rama Judicial.
Usted encabezó un acto simbólico para exigir respeto por el fallo que condenó al coronel (r) Plazas Vega. ¿Fue tan fuerte la crítica del Ejecutivo?
Participamos en un acto simbólico para que la sociedad civil se dé cuenta de que tenemos jueces dignos, tan patriotas como los soldados que están en el Caguán. No es destacable que un servidor público, sea quien sea, desdiga de fallos judiciales.
¿Está tan grave el país en su sistema judicial?
En el concierto latinoamericano, el sistema de justicia de Colombia es un orgullo. Fíjese lo que ocurre en Ecuador: una justicia que maneja el presidente. En Venezuela, una justicia que ejecuta las decisiones del gobernante. En Cuba, una justicia que no es capaz de limitar el ejercicio perenne de unos dictadores. En Bolivia, el presidente Morales sacó casi a escobazos a los magistrados de la Corte Constitucional. Los jueces somos de carne y hueso, y nos podemos equivocar, pero tenemos una cadena muy larga de mártires que han entregado su vida por ser independientes y autónomos. En Colombia, la justicia fue la que impidió que pretensiones políticas de líderes importantes tuvieran un desarrollo individualista, enfocado a ese afecto entre los líderes y la base popular.
¿No es muy fácil compararse con países como Cuba y Venezuela?
Si queremos ampliar el espectro en materia de responsabilidad del Estado estamos más avanzados que Francia. Tenemos más niveles de protección para los ciudadanos que en varios países europeos. Aunque tenemos carencias grandes, desde luego, porque no miramos la fuente real de la problemática que enfrenta la justicia. Hay quienes piensan que cualquier gasto en justicia es un mal gasto. Es más importante tener justicia que tener autopistas. Sin justicia no hay desarrollo.
¿Debería reforzarse el tema de la doble instancia en la Corte Suprema?
La Corte Constitucional ya estableció los mecanismos con los cuales puede haber esos dos momentos. Pasado el problema de la parapolítica el nivel criminológico de la Corte Suprema va a bajar. ¿Por un episodio que está en proceso de desaparición vamos a reformar la Constitución? Eso no tiene sentido, más si se tiene en cuenta que la población de aforados es muy reducida, no son más de 500 en el país. No obstante, la falta de segunda instancia en los juicios a congresistas y la ineptitud de la Comisión de Acusación sí son cuestiones que tienen que ser corregidas.
¿Por qué la reforma a la justicia ha generado encontronazos entre el Gobierno y las cortes?
Las motivaciones de la reforma son bastante ambiguas. ¿Cuál es la razón real para modificar la justicia? ¿Resolver un problema administrativo o limitar la capacidad de la justicia? Ese es el dilema que no hemos podido resolver. Esta reforma parece concentrar el poder en el Ejecutivo y el Legislativo, que en términos materiales tienden a ser uno solo por aquello de la gobernabilidad. No hay reforma a la justicia, sino debilitamiento de ésta.
Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta reforma?
La reforma no es a la justicia, sino al diseño del Estado. Con la propuesta de la reforma se va a blindar al Congreso de un órgano judicial que ha logrado fortalecerlo a partir de devolverle la credibilidad. Se va a debilitar la pérdida de investidura. A ver cómo queda Colombia sin los diques que impuso la Constitución del 91 y que ahora se quieren levantar.
¿Le han hecho saber al Gobierno estas inquietudes?
Estamos en esas. El Consejo de Estado dijo ‘no’ a un proceso simplemente cosmético de participar en unos debates parlamentarios de apariencia. Un debate significa un cruce de ideas, en donde los argumentos fluyen y la razón logra el equilibrio. Cuando eso no ocurre, hablar ante sordos o presentarse ante personas que no quieren ver es perder el tiempo.
¿Se sienten ignorados por el Congreso?
Claro, porque presentamos un proyecto de reforma, atendiendo una invitación del Ejecutivo, para que fuera el Congreso el árbitro. Y, finalmente, el proyecto del Consejo de Estado fue como enviado al recipiente de la basura. Nunca supimos si nuestras propuestas por lo menos merecieron una consideración. Quedó la impresión de que esta fue una reforma concertada, dándole un aval previo de legitimación muy peligroso para la vida nacional.
¿Cómo ha funcionado la interlocución con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra?
Nos sentimos muy bien relacionados con todo el equipo del gobierno Santos.
Si esta relación fluye, ¿por qué se sienten tan ignorados?
Porque el mundo de la política es muy distinto al de la justicia.
