EL TIEMPO: ¿Va a haber diálogo o no?
FABIO VALENCIA COSSIO: He recogido una propuesta del presidente del Senado para constituir una comisión de seguimiento a la reforma, integrada por el Congreso, la Justicia y el Gobierno, con la idea de buscar concertadamente lo mejor para el país y la justicia.
El presidente de la Corte Suprema teme que con esto se interfieran y debiliten los procesos penales contra los parapolíticos.
Cuando oí esa afirmación me asombré. El Presidente de la Corte sabe que la reforma contempla un artículo que establece que esa reforma ni será retroactiva, ni se podrá invocar el principio de la favorabilidad para los procesos penales por parapolítica o por farcopolítica y que sólo empezará a tener efectos una vez sea promulgado el acto legislativo. Y cobijará solo las investigaciones a partir de julio de 2009.
¿Acaso los procesados no van a pedir el principio universal de la favorabilidad?
Cuando la Constitución determina expresamente la vigencia de una norma y lo hace con la claridad de este proyecto, eso no será posible. Esta reforma no cobijará ningún proceso en curso de parapolítica o farcopolítica, ni ninguna investigación que de estos casos inicie antes de su expedición. La Corte Constitucional acaba de ordenar separar el juzgador del investigador para estos casos y estableció el 28 de mayo pasado como punto de partida para su vigencia, solo para casos nuevos. La Corte Suprema, acogiendo esta tesis, negó el principio de favorabilidad a un senador condenado por parapolítica que la invocó.
La reforma
¿Qué es lo esencial de la reforma política?
Proponemos sanciones drásticas para los partidos o movimientos políticos que avalen delincuentes. Perderán la curul, pagarán multas, devolverán recursos públicos de financiación y hasta perderán la personería jurídica.
Se propone la cofinanciación del Estado a las campañas políticas mediante el desembolso de anticipos con pólizas de garantía a través de los partidos o movimientos. Se limitan las donaciones del sector privado prohibiendo aportes de aquellas personas jurídicas o naturales que en el último año hayan percibido el 20 por ciento de sus ingresos a través de contratos oficiales.
Será obligatorio para los partidos llevar un plan único de cuentas, o sea que el partido tendrá que responder por los manejos de los recursos de todos sus integrantes.
¿Qué pasó con la silla vacía?
Habrá silla vacía. Proponemos eliminar las suplencias, volviendo al espíritu del constituyente del 91. Sólo se aceptarán reemplazos por muerte, incapacidad absoluta para ejercer el cargo o renuncia justificada. Quienes sean investigados o condenados penalmente no serán remplazados.
¿De verdad cree que podrá acabar los ‘roscogramas’?
Queremos sanciones para quienes desde el Gobierno, el Congreso o la Justicia hagan recomendaciones, pidan nombramientos, influyan en la contratación oficial en las entidades de quienes nominan, postulan o investigan.
Sólo los partidos podrán proponer públicamente candidatos para representación política en cargos de libre nombramiento o remoción.
¿Por qué el Gobierno presenta ahora una reforma política, habiendo ayudado a hundir otra que parecía más severa?
El punto crítico de la reforma que se hundió era la ‘silla medio vacía’, porque no se suprimían los suplentes. Ahora, al suprimir la suplencia, la ‘silla vacía’ será real.
¿Qué considera fundamental de la reforma a la justicia?
Proponemos una cooptación distinta a la de antes. Queremos que no haya interferencia de ningún otro poder en la selección de los jueces y que sean las mismas cortes las que llenen las vacantes y elijan sus reemplazos en un concurso, con audiencia pública. Se les quita al Presidente y al Congreso la posibilidad de ternar y elegir. La excepción para la cooptación sería la Corte Constitucional.
¿Por qué cambiar las cosas si la Corte Suprema dice que están funcionando bien?
Porque la idea es que no haya injerencia de las demás ramas en la designación de los jueces y evitar la suya en la designación de funcionarios.
¿Al fin qué es lo que el Gobierno quiere de la Judicatura?
La recomposición de la Sala Administrativa de la Judicatura, que se denominará Sala de Gobierno, estará integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, Suprema y Consejo de Estado y por tres magistrados más, uno por cada una de ellas. Tendrá facultades constitucionales especiales para expedir reglamentos autónomos, de inmediata aplicación, sin necesidad de acudir al Congreso, para efectos de la descongestión judicial, la agilización de trámites de procesos y la carrera judicial. Estos magistrados designarán un gerente de la rama, que será el encargado de cumplir las órdenes. Además, será la segunda instancia para los congresistas, en lo penal y disciplinario.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que este proyecto no le llega al ciudadano.
Además de la facultad permanente que se le da a la Sala de Gobierno para descongestionar la justicia, se propone que por vía de ley se reglamenten los casos en que la jurisprudencia reiterada de las altas cortes sobre asuntos similares sea de obligatorio acatamiento para el Ejecutivo. Por ejemplo, si estuviera ya en aplicación la jurisprudencia reiterada, se podrían conciliar más de 17 mil demandas que se adelantan contra el Instituto del Seguro Social por incrementos pensionales bajo el régimen del decreto 758, pues ya existen 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la misma materia. El 60 por ciento de las tutelas que se refieren a temas laborales y de salud se podrían resolver por esta vía.
¿Los impedimentos se van a atravesar en el trámite de estas reformas?
Acabamos de recibir un concepto del Consejo de Estado, que deja claro que la entidad legal para definir los impedimentos es la comisión o la plenaria de la corporación legislativa correspondiente. Es la que define si el parlamentario está o no impedido. Y si manifestado el impedimento la célula legislativa considera que no existe impedimento el congresista debe participar en el conocimiento y decisión.
¿La inminente privación de la libertad de su hermano no le quita espacio político para liderar esas reformas?
“He dedicado de mi vida 40 años al servicio público. El país me ha conocido como líder político, congresista, diplomático, negociador de paz y alto consejero presidencial. Siempre, mis actos públicos y privados han estado al escrutinio de la opinión nacional e internacional. Cualquiera que sea la decisión de la justicia, la acataré y la respetaré y no alterarán mi compromiso y mi responsabilidad como ministro y con el cumplimiento del deber para beneficio del país.
El Tiempo / 08 de septiembre de 2008
