ÁMBITO JURÍDICO: Usted recibe la Presidencia de la Corte Constitucional en pleno relevo generacional. ¿Qué implica el cambio?
Nilson Pinilla Pinilla: La marcha de mis colegas es un golpe duro para la Corte Constitucional, pues ellos les habían otorgado grandes luces al desarrollo y a la defensa de los postulados constitucionales. No obstante, quienes llegan son una garantía de que no va a haber ningún desmedro en la calidad jurídica de la Corte Constitucional.
Á. J.: ¿Cómo evitar los cambios drásticos en la jurisprudencia?
N. P. P.: Primero, hay líneas jurisprudenciales inamovibles, en la medida en que han quedado consagradas en decisiones de control de constitucionalidad, que producen efecto de cosa juzgada. En segundo lugar, muchas líneas jurisprudenciales responden a tendencias relacionadas con los tratados sobre derechos humanos suscritos por Colombia y que, por lo mismo, debemos cumplir. Puede haber variantes en cuanto a perspectivas en puntos concretos, por la manera de enfocar filosóficamente aspectos jurídicos transcendentales y porque el derecho es viviente. Sin embargo, no va a haber sobresaltos y la Carta va a seguir siendo respetada y hecha respetar por la Corte Constitucional.
Á. J.: ¿Y cómo ha respondido la Corte Constitucional a los anteriores cambios?
N. P. P.: En el 2001, se adelantaron unos cambios excelentes. En la primera conformación de la Corte Constitucional, hubo alguna tendencia anarquizante y uno de los integrantes quiso hacerse políticamente célebre, como lo fue el doctor Carlos Gaviria. Los integrantes que ahora salen de la corporación alcanzaron un nivel excelso, difícil de superar, pero es nuestro deber no ser inferiores a los altos intereses de la República.
Á. J.: En el pasado, usted fue un crítico acérrimo de la Corte Constitucional. Ahora que es el Presidente de este organismo, ¿se retracta de sus anteriores afirmaciones?
N. P. P.: No. La Corte Constitucional ha cambiado en aspectos en donde hubo extralimitaciones frente a la Rama Legislativa y a otras corporaciones de justicia. Si se revisa, ha habido morigeración por acatamiento a la separación de poderes y a la colaboración armónica entre las ramas del Poder Público y también se ha mejorado en el respeto a los distintos órganos de la administración de justicia. Lo que eufemísticamente se llama “choque de trenes” no se ha vuelto a presentar entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional y muy poco entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Desafortunadamente, hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes.
Á. J.: ¿No tiene temor de que la Corte Constitucional también se politice, teniendo en cuenta que aún faltan las dos ternas del Presidente de la República?
N. P. P.: Es una pregunta difícil. Lo ideal era que esas ternas se hubieran presentado junto con las del Consejo de Estado y la Corte Suprema. Pero tengo la seguridad de que la demora es por el deseo del Presidente de la República de integrarlas con personas probas y de los más elevados niveles jurídicos, que estén por encima de cualquier parcialización.
Á. J.: A usted lo ubican dentro de una doctrina conservadora del Derecho. Durante su Presidencia, ¿vamos a ver una Corte Constitucional más conservadora?
N. P. P.: No. Yo soy conservador, porque provengo de una familia conservadora. Sin embargo, hay miembros de ese partido que se han asombrado por mis posiciones en temas sociales, como la defensa de la salud, de los desplazados y de personas en circunstancias de especial debilidad. En eso me considero de avanzada, por defender intensamente lo social del Estado de derecho.
Á. J.: Al Procurador General de la Nación le han dado duro por sus orientaciones cristianas. ¿Será que con usted ocurrirá lo mismo?
N. P. P.: Pues que me den duro. Creo que esos ataques enaltecieron al Procurador. Alejandro Ordóñez Maldonado es una persona con temor de Dios, y los que tenemos temor de Dios actuamos de buena fe y con indeclinable honestidad. Si me van a dar “palo” por eso, bienvenido sea.
Á. J.: Recientemente, la Corte Constitucional profirió una sentencia en la que extendió los derechos de los homosexuales. ¿Es acertada esa jurisprudencia?
N. P. P.: No puedo comprometer mi decisión ante futuras demandas. Solo le puedo contestar que en esas providencias yo he aclarado o salvado voto.
Soy un celoso defensor de la igualdad y opositor de cualquier clase de segregación o marginamiento hacia un sector de la población y, en esa medida, exijo cumplir los derechos de los homosexuales, no porque sean esto o aquello, sino porque son seres humanos. No acepto ninguna forma de discriminación. No obstante, el artículo 42 de la Constitución señala que el matrimonio y la conformación de una familia se da entre un hombre y una mujer. Este artículo no deja ninguna posibilidad de que se forme de otra manera.
Á. J.: ¿Y cómo se explica que la Corte Constitucional haya incluido en esa decisión temas relacionados con la violencia intrafamiliar y el subsidio familiar?
N. P. P.: Yo salvé voto.
Á. J.: La Corte Constitucional ha dictado sentencias innovadoras en materia de salud y de desplazamiento, pero no se han cumplido. ¿Qué hacer?
N. P. P.: Es un tema difícil. Los instrumentos para hacer cumplir las tutelas no son suficientes. En ocasiones, el mecanismo legal frente al desacato se ha convertido en un rey de burlas. No obstante, creo que se ha venido asumiendo la voluntad de extender el cubrimiento de salud a todos los colombianos y, por otro lado, el Estado y la sociedad tienen muy clara su obligación de proteger a las personas a quienes no les garantizó la defensa de su vida, bienes, derechos fundamentales y arraigo territorial. Además, tengo la seguridad de que la Corte Constitucional seguirá siendo muy estricta en la defensa de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Á. J.: ¿Qué significa el cambio que adoptó la Corte Constitucional en materia de revisión de tutelas?
N. P. P.: Como lo dijo el magistrado Jaime Córdoba Triviño en el 2006, cuando era presidente de la Corte Constitucional, hay decisiones que la Corte Constitucional nunca debió tomar. Existen fallos desafortunados en contra de sentencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en donde se presentaron abusos por parte de la Corte Constitucional.
Desde hace unos años, la corporación empezó a respetar mucho más las decisiones de los órganos de cierre. Antes, era posible que una sala de decisión, con votación de dos contra uno, dejara sin efecto una sentencia de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. Eso no podía seguir sucediendo. Por eso, la Corte Constitucional decidió que las tutelas contra decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado van a la Sala Plena.
Á. J.: ¿Es positivo que las salas Laboral y Penal de la Corte Suprema hayan variado su posición sobre la admisión de tutelas en contra de sus fallos?
N. P. P.: Es un gran avance. Antes, rechazaban las tutelas de la misma corporación mediante un auto, lo que dio lugar a que otros órganos de justicia, como la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se inmiscuyeran y generaran un caos jurídico terrible.
Á. J.: Las cortes terminaron cediendo.
N. P. P.: Se han tomado decisiones muy plausibles en el campo de la jurisdicción de cada corporación.
Á. J.: ¿Seguirán los acercamientos entre los presidentes de las altas corporaciones, para ponerle fin al “choque de trenes”?
N. P. P.: La labor que adelantó el magistrado Humberto Sierra en esa materia, como en todo lo que realizó, fue excelente y muy acertada. Espero seguir trabajando en ese mismo sentido.
Á. J.: Desde hace varios años, han fracasado los intentos del Gobierno por reformar la justicia. ¿Cuál será la razón?
N. P. P.: Los presidentes de las cortes siempre han estado listos para colaborar en ese tema. Sin embargo, creo, con todo respeto, que el Ejecutivo se apresuró en la presentación de esas malogradas reformas, ya que se radicaron sin ninguna preparación. En la Corte Constitucional, pasamos por la pena de decirle que no podíamos pronunciarnos sobre algo tan incipiente y poco sustentado.
Estamos listos para analizar todo lo que se pretenda modificar, y espero que se encaucen reformas que ataquen el principal problema judicial: la congestión.
Á. J.: Gracias a la Comisión de la Verdad, que usted integra, se han podido revivir algunos procesos del Palacio de Justicia. ¿Cómo ha recibido las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General?
N. P. P.: No las puedo calificar, porque la Comisión de la Verdad no puede generar la más mínima sombra de interferencia en las investigaciones. Es claro que frente a los hechos del Palacio de Justicia hubo una propensión a la impunidad. Tal como lo reconoció el presidente Alfonso López Michelsen, hubo un pacto en la alta dirección del Estado para no investigar. Eso ha pasado inadvertido, pero es verdad. En la comisión, seguiremos trabajando y respetando la labor de la fiscalía.
Hubo desentendimiento del tema durante 20 años, pero Colombia ya sabe que siempre habrá ciudadanos que exigirán verdad y justicia. El país sigue pendiente de conocer qué pasó con las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y, luego, desaparecieron.
Á. J.: ¿Qué sigue?
N. P. P.: Hay un informe final, que presentaremos entre agosto y noviembre.
Ámbito Jurídico / 16 de febrero de 2009
