Bogotá, 17 de marzo de 2021. A continuación, se reproduce el artículo publicado por El Heraldo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
La emergencia sanitaria obligó a que la rama judicial volcara la mayoría de sus servicios a la virtualidad, pero la situación puso en evidencia “lo poco preparado que se estaba” para implementar modelos tecnológicos que buscarán garantizar a los usuarios el acceso a los servicios que esta ofrece.
Con miras a mejorar esta situación, el Gobierno nacional, a través de un documento Conpes, avaló un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá poner en marcha la primera fase del proyecto de la transformación digital de la justicia, para alcanzar más eficiencia en el desempeño de la rama judicial.
Pero para llegar a la aprobación del crédito todos los actores de la rama (altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia) tuvieron que diseñar una estrategia cuyas bases fueron: el fortalecimiento institucional; los servicios digitales y la tecnología de justicia; y la cultura digital.
Fue así como fruto de diferentes misiones de exploración del crédito, el BID acordó la entrega del plan de operaciones del crédito-proyecto para la transformación digital de la justicia en el país.
Así las cosas, la banca multilateral finalizó el proceso de aprobación de una primera operación por USD 100 millones para 4 años, como parte de una línea de crédito hasta de USD 500 millones en un horizonte de 12 años.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, afirmó que la operación del crédito condicional permite “dotar de una visión de largo plazo, necesaria en proyectos de transformación de gran alcance, sin comprometer de manera previa las fases subsiguientes”.
El ministro detalló que el 95% del crédito estará destinado a la rama judicial, teniendo al Consejo Superior de la Judicatura como unidad ejecutora. El restante, el 5%, irá para las entidades del Ejecutivo que cumplen funciones jurisprudenciales y tendrá al Ministerio de Justicia y del Derecho como ejecutor.
El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia contarán con el apoyo de una Unidad Ejecutora cuyo equipo estará compuesto como mínimo por un gerente del programa, un especialista en adquisiciones, en planeación, monitoreo y evaluación, así como de un especialista financiero, y de gestión de información y tecnologías de la información.
Todos estarán enfocados en la modernización de la justicia con la que se estima que los ciudadanos se ahorren, en promedio, $120.000 por proceso, unos $33.600 millones al año.
Otro avance significativo que se espera lograr es que en cuatro años el número de procesos que contarán con notificaciones digitales pasará de 140.000 a 1.120.000, cada año.
Los componentes
Cada uno de los ejes que fueron presentados como los pilares para el proyecto de la digitalización de la justicia contempla los recursos requeridos, así como las etapas en las que se realizarán.
El eje que contempla el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia busca mejorar las capacidades organizacionales, tecnológicas y de gestión del Sistema de Justicia para la transformación digital. Esta fase se implementará mediante los estudios y actividades que definirán el gobierno de datos, así como capacidades, arquitectura institucional para la gestión de analítica y el análisis para el fortalecimiento de los procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del sistema, incluyendo el mapa judicial.
También se plantea en esta fase el desarrollo e implementación del centro de gobierno para el sistema, que contará con el acompañamiento, en el inicio de los proyectos priorizados, por la rama, así como el diseño de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información. Esta fase tendría un costo aproximado de USD 37 millones.
Con respecto al componente para el fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la justicia, se busca apoyar la construcción de servicios digitales para la creación de un ecosistema digital para mejorar el acceso, la transparencia e integración del sistema, mediante el diseño, desarrollo e implementación del expediente digital, y la transformación de la infraestructura y servicios TIC.
En esta etapa también se diseñará un modelo de arquitectura empresarial, el desarrollo e implementación del sistema y el diseño de las estrategias de trabajo colaborativo. Esta fase tendría un costo de USD 43 millones.
El último componente estará enfocado en el fortalecimiento del entorno y la cultura digital. Esta fase tendría un costo aproximado de USD 14 millones y estará enfocada en fortalecer la gestión del cambio con el fin de generar una cultura que fomente la transformación digital que irá de la mano con los servicios de consultoría para el inicio de la estrategia de comunicaciones internas y externas del sistema.
El Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) estarán acompañando a la rama judicial para fortalecer el acceso a la justicia a través del denominado expediente digital.
El DNP, a través de la Subdirección de Crédito, realizará el seguimiento a las operaciones de crédito público externo con base en los informes trimestrales enviados por las entidades ejecutoras (MinJusticia y Consejo Superior de la Judicatura). El seguimiento se hará a partir del primer trimestre posterior a la firma del crédito y hasta su ejecución total.
“La llegada de la tecnología a la justicia es necesaria e impostergable, primero porque garantiza una mayor eficiencia en estos momentos de pandemia donde hemos visto que las altas cortes, utilizando herramientas virtuales, han generado un mejoramiento en su gestión, pero desde otro punto de vista permite un acceso directo de parte de todos los ciudadanos a la justicia con mayor transparencia en todos los trámites”, destacó Herrera.
El especialista señaló que la implementación de la estrategia generará “un ahorro adicional” debido a que se consumirá menos papel y se evitará ese escenario “deplorable” de ver los despachos judiciales “llenos de anaqueles y archivos incongruentes”.
“España y Perú son países que han avanzado de manera muy importante y desde hace varios años en la implementación de ese expediente electrónico. Los recursos que otros países han dispuesto son mayores a lo que está previsto en esta primera fase, pero el Gobierno tiene claro que esto se trata de una primera fase esta inversión de USD 100 millones, por lo que habrá que esperar fases consecuenciales para la generación de recursos adicionales para este importante propósito”, precisó Herrera.
Consulte el artículo de El Heraldo aquí.
