Bogotá, 22 de abril de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
Frente a las diferencias entre las medidas del gobierno nacional y la posición de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, juristas dieron sus opiniones frente a las posibilidades reales de que un mandatario local pueda limitar u oponerse a la decisión del ejecutivo nacional.
Julio Andrés Sampedro Arrubla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, dijo que la alcaldesa sí tiene la autoridad de tomar decisiones para limitar la reincorporación de los sectores siempre y cuando sea para proteger la salud de la comunidad.
Por otro lado Javier Rincón Salcedo, doctor y magíster en derecho público dijo que la alcaldesa tiene una competencia para limitar la movilidad de los bogotanos pero no para oponerse a la decisión del presidente.
Respecto a la posibilidad de que la alcaldesa pudiera enfrentar consecuencias disciplinarias por su decisión, el abogado dijo que dependiendo de la óptica con que se mire, se podría considerar que existe una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general, sostuvo que cuando se decreta un estado de excepción el presidente es quien tiene la facultad para tomar todas las decisiones que considere adecuadas para conjurar la crisis. En consecuencia, dijo, lo que el funcionario ordene en los decretos es de obligatorio cumplimiento.
Añadió que la alcaldesa puede adicionar medidas para que sea más rígidas pero “no puede desconocer el mandato general y la posibilidad que dio la presidencia de que estos sectores se reincorporen”. Si lo que hará es adicionar, no habría lugar a investigaciones ya que lo haría en ejecución de la orden presidencial.
Añadió que la alcaldesa por el momento no ha desatendido ninguna decisión presidencial, pues apenas ha hecho pronunciamientos públicos, pero que de insistir en sus afirmaciones podría ser investigada por la Procuraduría, que tendría que determinar la gravedad de su falta.
Una fuente de la Procuraduría le dijo a EL TIEMPO que “hasta el momento no hay nada disciplinario, sino una diferencia de criterios que ojalá logre superarse”.
