Bogotá, 5 de diciembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia escuchó a Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado; Clara María González, secretaria Jurídica de Presidencia, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, ternados para llegar a la Fiscalía General.
Durante 10 minutos, los aspirantes presentaron sus propuestas a los 16 magistrados de la Corte que tendrán que elegir al nuevo jefe del ente acusador que asumirá el cargo tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez.
Estas fueron sus propuestas.
Francisco Barbosa
El primero en hablar fue el consejero presidencial para los Derechos Humanos Francisco Barbosa.
Frente a los desafíos, Barbosa dijo que es necesario volver a retomar la idea del fortalecimiento de la investigación en la Fiscalía General. Dijo que la Constitución plantea que el Fiscal no es otra cosa “que el gerente de la investigación en el país, y el director de la Policía Judicial”.
Así, dijo que hoy hay unas circunstancias complejas por la relación entre la Fiscalía General y la Jurisdicción atada a unos problemas investigativos de la Fiscalía. Aseguró que en el ente acusador se ha venido presentando una rotación en los procesos.
“Necesitamos fortalecer la investigación y en mi función crearé una unidad especializada de Policía Judicial, vinculada a las fiscalías locales donde se están presentando problemas muy graves. Las URI, que son las que deberían tener la investigación para esas pequeñas causas que alteran a los colombianos, están terminando simplemente como gestores de personas privadas de la libertad”, señaló.
Barbosa aseguró, entonces, que se necesita fortalecer la investigación ya que hoy hay tasas del 51 por ciento en absoluciones frente a las imputaciones que realiza la Fiscalía General.
Además, dijo que hay entidades que tienen funciones de Policía Judicial, como la Procuraduría, la Contraloría, las superintendencias, y por eso se deben usar esos mecanismos de Policía Judicial para que los casos técnicos —que pueden ser casos de corrupción, temas financieros, lavado de activos— tengan un componente técnico de Policía Judicial a fin de preparar los casos, ya sea para buscar la forma anticipada de terminación de procesos o presentar las imputaciones y acusaciones ante los jueces.
En segundo lugar, Barbosa dijo que quiere “ser un fiscal de los territorios y no del búnker”. Señaló que se ha perdido el vínculo entre el Fiscal General y sus delegados, por eso dijo que quiere acompañar a quienes están en las zonas locales. “Hay fiscales que tienen que abordar territorios inhóspitos o que involucran tres o cuatro departamentos, como casos en donde hay minería ilegal, por ejemplo, Guainía, Vichada, Vaupés”. Allí, dijo, hay minería ilegal y hay solo un fiscal sin Policía Judicial.
Barbosa aseguró, además, que la criminalidad se está moviendo. Por eso afirmó que se necesita hacer los mapas de la delincuencia territorial. “No es lo mismo lo que ocurre en el Catatumbo o el Bajo Cauca, Norte del Chocó, Tumaco, en el marco de criminalidad. Hay condiciones diferentes, y no es posible que en lugares donde hay 60 muertos por cada 100.000 habitantes, tengamos un fiscal desde hace 6 o 7 años, donde las tasas de corrupción son muy altas”.
Otro punto de Barbosa fue hablar de la “inexistencia del relacionamiento de la Fiscalía General de la Nación y el servicio diplomático colombiano”, como los consulados o embajadas.
Dijo que la Fiscalía tiene hoy un presupuesto de 3,6 billones de pesos y una acción en extinción de dominio anualmente de 1,5 billones de pesos. “Hoy tenemos 17 billones de pesos de bienes incautados por parte de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que esos recursos no estén redundando en el mejoramiento de la investigación y de la Policía Judicial?”, señaló.
También dijo que la Fiscalía recibe al año unos 27.000 casos semanales, y si no hay un mejor sistema informático, no se pueden tener respuestas concretas frente a las noticias criminales.
En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que va a acompañar a la JEP en lo relativo a la Policía Judicial, “entendiendo que la justicia restaurativa es fundamental para entender la dinámica de cierre del conflicto en Colombia”. Precisó que la justicia ordinaria tiene una labor retributiva, y la justicia transicional es fundamental para esos asuntos.
Otro tema que le preocupa a la ciudadanía, dijo, es lo relativo sobre niños, niñas y adolescentes, y el feminicidio. “Seré un defensor de las mujeres en el marco de esta acción. Hoy hay tasas de esclarecimiento del 90 por ciento en feminicidio, pero hay que llegar al 100 por ciento”, dijo. Señaló que lo que debe buscar la Fiscalía es una respuesta rápida en estos temas.
Sobre líderes sociales y desmovilizados indicó que hay esclarecimiento del 56 por ciento en los crímenes en su contra. Dijo que 520 municipios tienen hoy presencia de la Fiscalía General y se necesita llegar a más municipios, pues donde no está el ente acusador es donde se está presentando la criminalidad contra líderes sociales, desmovilizados y el reclutamiento de niños y niñas.
“Quiero ser un fiscal para la gente, para el país. Quiero decirles a estos 24.000 funcionarios que ven esta audiencia, a los 5.000 fiscales que se encuentran trabajando abnegadamente, quiero decirles que vamos a trabajar con ellos, fortalecer la carrera judicial, pensar en la meritocracia. Vamos a buscar fortalecer la imagen de una entidad que por muchos factores ha venido afectándose en los últimos años”, señaló.
Dijo que con su nombre habrá moderación, tranquilidad, pero firmeza en las decisiones.
Las preguntas a Barbosa
¿Cuál es su orientación con relación a la investigación de Odebrecht?
“Es una investigación que requiere acciones firmes y respuestas rápidas. Están en curso cuatro audiencias de verificación de preacuerdos con empresarios que usaron esas empresas para relacionarse con esa entidad”, señaló.
“Una idea que tengo es que de los 13 fiscales delegados ante la Corte quiero usar dos para fortalecer esta investigación y darles respuestas a la sociedad”.
Aseguró que hay que darle una respuesta al país frente a estos temas, y buscará la colaboración de Brasil para seguir investigando los contratos simulados en el caso de Odebrecht. “Mi único interés en este caso es que haya justicia pronta, rápida, con resultados. Este país no se puede dar el lujo de tener el caso de Odebrecht en una especie —en algunos casos— de parálisis, sino que se debe avanzar con toda la firmeza.
¿Cuáles son sus propuestas con minería ilegal y deforestación?
Aseguró que es uno de los grandes ejes centrales de las nuevas generaciones. Señaló que hoy la Fiscalía tiene 2.800 casos en estos temas, pero se debe fortalecer la respuesta técnica frente a estas investigaciones.
Añadió que la deforestación masiva se está desarrollando en lugares donde no hay Policía Judicial.
La Fiscalía tiene unos 27.000 empleados, pero solo 4.000 son fiscales. ¿Hay una propuesta de reingeniería?
Dijo que hay 1.500 espacios para poder nombrar funcionarios. Señaló que hay casi 5.000 fiscales, pero que en una reingeniería se necesita repensar muchas acciones de carácter administrativo en la Fiscalía para fortalecer la Policía Judicial. “Si no tenemos la posibilidad de fortalecer la investigación, no lo vamos a lograr”, dijo.
¿Cómo serán sus relaciones con la JEP?
Serán unas relaciones institucionales buenas, dijo Barbosa. Aseveró que el sistema de Justicia Transicional no tiene mayor duda, está sustentado en varios actos legislativos, tiene un Código de Procedimiento y una validación y relación entre la Sala Penal de la Corte, la Procuraduría y Contraloría en sus funciones. “Es un tribunal que cumple una función transicional, y esa función tiene relación con la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo.
Contó que ha sido un defensor de esa jurisdicción, que es necesaria para hacer un cierre, y señaló que ha sido crítico de las implementaciones que se han hecho en diferentes campos que no tienen que ver con la JEP. “Es necesario fortalecer la rapidez de esa jurisdicción para darle respuesta al país en el cierre”, dijo. “Quiero tener la mejor relación con la JEP, y como Fiscal tendría la oportunidad de apoyar a ese cuerpo colegiado”.
¿Qué medidas adoptará por parte de la Sala Esperanza y otras áreas de interceptación de la Fiscalía?
Dijo que se debe hacer una auditoría. Lo que se ha hecho por otras administraciones, se recogerá lo que es pertinente y no se recogerá lo que no es pertinente. Afirmó que hay que crear una serie de protocolos para su uso. “No podemos tener ruedas sueltas en la entidad”, aseguró. También dijo que la Fiscalía tiene que informar en todo momento lo que le sucede, pues “tiene que ser una entidad que le hable a la gente”.
¿Qué medidas adoptaría para afianzar la confianza de la sociedad en la Fiscalía?
La Fiscalía está en este momento haciendo inventarios judiciales de lo ocurrido hace cinco años a la Fiscalía, aseguró. Dijo que el ciudadano del común está siendo afectado por toda clase de delitos, y el año podría cerrar con 1,4 millones de casos. La delincuencia y hurto llegan al 41 por ciento, aseguró. Por eso dijo que se necesita fortalecer la investigación judicial.
Camilo Gómez Alzate
Tras la presentación de un video con su perfil, el director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y excomisionado de Paz se dirigió ante la Corte.
Gómez dijo que viene de una familia colombiana con padres luchadores y trabajadores que siempre le inculcaron valores de honestidad y rectitud.
Aseguró que aspira a este cargo no como un paso a otras posiciones, sino para culminar su carrera en uno de los cargos más importantes de la rama judicial: la Fiscalía. Dijo que la orientación y liderazgo sobre los casi 24.000 funcionarios del ente acusador no se logra sentado en el escritorio, sino que “hay que ir al terreno”.
También afirmó que la Fiscalía tiene que estar bien organizada, ser eficiente y dar buenos resultados, y un paso para ello es la interlocución directa con la rama judicial y con la Corte Suprema de Justicia, sin intermediarios.
Aseguró que desde la Agencia Jurídica ha entendido que no hay que cambiar las leyes, sino aplicar bien las que ya se tienen. “La Fiscalía ayudará a unificar criterios, dar seguridad jurídica y mayor eficiencia”, dijo.
También afirmó que la jurisprudencia de la Corte es el mejor instrumento para perfeccionar el sistema acusatorio, por ejemplo, con sentencias recientes sobre los pasos en las imputaciones.
Según Gómez, como Fiscal potenciará los instrumentos tecnológicos que están en desarrollo para hacer más eficiente la investigación. Pero también dijo que la tecnología sola no funciona, sino que se necesita “con una mejor administración, sin aumentar más el presupuesto, y sin crear más cargos, es posible lograr el fortalecimiento institucional”.
Dijo que sus dos ejes serán fortalecer la Policía Judicial y unificarla para que brinde respuestas a todos los casos en el territorio nacional.
Gómez también dijo que la Fiscalía pierde el 50 por ciento de los casos, por eso debe existir un ente acusador fuerte para que los delincuentes terminen aceptando cargos o la Fiscalía logre mayor éxito. También dijo que preocupa que hay una cantidad de hechos que se denuncian, pero que no son delitos. “Seré inflexible con quienes pretendan abusar de sus derechos con falsas denuncias”.
Para esto, afirmó que se deben fortalecer las direcciones seccionales, con mayor presencia del Fiscal General en estas zonas.
“Hoy el país clama por una Fiscalía fuerte contra la corrupción. Se requiere una Fiscalía con conocimiento de finanzas, de contratación estatal, y que comprenda bien el funcionamiento del Estado”, aseguró, diciendo que no se puede permitir que robar la plata del bolsillo de los colombianos se vuelva parte del paisaje. Por eso señaló que organizará un grupo especial de fiscales para afrontar este problema. También dijo que hay que quitarles el dinero a los criminales, pues “los corruptos, al final, temen más perder el dinero que la libertad”.
También dijo que no se puede bajar la lucha contra el narcotráfico, porque el país tiene la más alta producción de cocaína en el mundo. “El narcotráfico y la corrupción son los dos grandes karmas que debemos derrotar”, señaló.
Además, dijo que en su administración la Fiscalía les devolverá a los ciudadanos la confianza perdida. “Entre enero y noviembre del 2019 hubo 414.000 denuncias por hurto”, uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos, y para el que se necesita una mayor tecnología y respuesta efectiva, dijo.
Asimismo, aseguró que desde el 2016 han muerto 238 líderes sociales, para lo que se hace necesario mantener un modelo de investigación específico a fin de que supere el esclarecimiento de estos casos, que hoy está por el 53 por ciento.
“La Fiscalía no puede enfrascarse más en discusiones ideológicas con la JEP o en colisiones de competencias. La misión de la Fiscalía en construcción de paz empieza con la colaboración armónica con la JEP y la Comisión de la Verdad, y finaliza con la investigación de las graves violaciones de derechos humanos”, dijo.
Las preguntas a Gómez
¿Cuál es su orientación con relación a la investigación de Odebrecht?
Gómez dijo que el caso Odebrecht ha estado involucrado desde la Agencia por el arbitraje internacional de inversión, por los intentos de acercamiento de la compañía, casos en los que ha podido de conocer de fondo el proceso.
Dijo que se necesita que quienes se comprometieron a dar información la den completa, no segmentada, y que se necesita terminar de completar la investigación. “El país espera conocer resultados en el caso Odebrecht, y la mejor forma de prevenir es que la ciudadanía conozca quién estuvo involucrado en estos hechos”, señaló.
También dijo que se puede fortalecer la cooperación internacional.
¿Cuáles son sus propuestas con minería ilegal y deforestación?
Gómez dijo que está convencido que hay un vínculo directo con el narcotráfico y el lavado de activos. “La minería ilegal obedece a una gran empresa criminal, en la cual el lavado de activos ha usado a mineros inocentes para estos efectos”, dijo.
Por eso señaló que se debe hacer una investigación cercana de minería ilegal, narcotráfico y lavado de activos.
La Fiscalía tiene unos 27.000 empleados, pero solo 4.000 son fiscales. ¿Hay una propuesta de reingeniería?
Dijo que a la Fiscalía hay que darle una orientación similar a la que tienen las oficinas de abogados, pues los fiscales no pueden seguirse ocupando de labores administrativas. “La Fiscalía tiene que ser una organización similar a una gran oficina de abogados. Hay una necesidad para hacer un esfuerzo en materia de infraestructura, sobre todo en zonas diferentes a las capitales. Hay que reforzar en las regiones a la Fiscalía”, dijo.
¿Cómo serán sus relaciones con la JEP?
Gómez dijo que ya son buenas, pues desde la Agencia se ha trabajado con la JEP en temas internacionales. “La única manera para que funcione correctamente la implementación de la paz es que haya una colaboración armónica”, aseguró. Dijo que hay que dejar atrás las discusiones.
También afirmó que hay una preocupación internacional si la JEP no actúa pronto, y por eso hay que rodear a la JEP para que lo haga rápido.
¿Qué medidas adoptará por parte de la Sala Esperanza y otras áreas de interceptación de la Fiscalía?
Dijo que se necesita una auditoría muy seria, mejorar el procedimiento por el cual se pueden hacer interceptaciones, y mejorar el monitoreo y vigilancia. “De lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso de ‘yo te chuzo, tú me chuzas’, que tanto daño le ha hecho al país”, aseguró.
¿Qué medidas adoptaría para afianzar la confianza de la sociedad en la Fiscalía?
Dijo que lo primero es darle resultados concretos a los delitos que más afectan a los ciudadanos. “El ciudadano del común quiere ver que el robo de su celular tenga un efecto, o la violencia intrafamiliar”, aseguró.
Clara María González
La actual secretaria Jurídica de Presidencia señaló que la Fiscalía General debe ser un ente que use todos los recursos técnicos, financieros, de cooperación internacional, presupuestales, y que trabaje armónicamente con otras entidades públicas que tengan herramientas de big data e información digital, como la herramienta Océano de la Contraloría General, donde se monitorea toda la contratación pública en tiempo oportuno. Todo esto, señaló González, para que las investigaciones de la Fiscalía sean sólidas y estén fundadas en pruebas técnicas, y no solo en pruebas testimoniales.
“Esto le permitiría a la Fiscalía usar los principios de oportunidad en casos excepcionales, y privilegiar los acuerdos”, aseguró.
La Fiscalía, dijo, es la tercera entidad más demandada en el Estado colombiano. Tiene unos 54 billones de pesos en pretensiones, el 13 por ciento de demandas de la totalidad de la nación. “Esa cifra representa 14,6 veces el presupuesto de la Fiscalía, aprobado para el 2020”, señaló.
Por eso, González dijo que si se fortalece la investigación criminal,y se mejoran las pruebas científicas, se podría disminuir esta tasa de demandas contra la Fiscalía.
Además, afirmó González, la Fiscalía debe evitar errores judiciales. Dijo que un reciente estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia indica que los procesos tienen sentencia absolutoria en el 54 por ciento, por lo que se necesita mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía con medios tecnológicos.
También dijo que se debe hacer una auditoría en la sala de interceptación de la Fiscalía, para darle tranquilidad a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en esta sala.
González dijo que los fenómenos criminales que hoy agobian, como la corrupción, delitos de seguridad ciudadana, homicidios y agresiones sexuales, están plenamente identificados, tienen los estudios de priorización, criminalización, y por eso se debe continuar con la priorización de estos casos y fortalecer la investigación criminal.
La candidata también dijo que se necesita una Fiscalía que implemente la carrera administrativa en los próximos 10 años. Hoy hay 23.000 empleos de carrera, pero con derechos de carrera solo hay 5.000 funcionarios, lo que muestra que hay 18.000 cargos nombrados en provisionalidad a pesar de ser de carrera. “Una carrera implicaría la estabilidad de sus funcionarios, y afianzaría la independencia de los fiscales”, dijo.
Sobre su condición de mujer, dijo González, le preocupan los delitos que afectan a las mujeres, como los feminicidios y violencia sexual, para lo cual creará un grupo de abordaje de violencia de género y diversidad sexual que establezca unas bases de investigación y litigio.
Señaló, además, que se deben eliminar las diferencias de remuneración entre funcionarios que cumplen requisitos iguales, pero que, por pertenecer a plantas distintas, tienen ingresos diferentes. Es el caso, dijo, de técnicos de Policía Judicial que tienen nivel 1 y que a pesar de estar expuestos a un mayor riesgo, tienen un menor ingreso que un asistente de fiscal 1, aunque tienen los mismos requisitos para acceder al empleo.
En último lugar, González dijo que la Fiscalía tiene que cumplir su actuación con independencia de las otras ramas del poder público, con objetividad y transparencia. “La Fiscalía tiene que tener un liderazgo ético que es necesario en este país para luchar contra la corrupción y el crimen organizado”.
Por eso dijo que, en el evento que decidan elegirla, “ninguna de mis actuaciones profesionales del pasado compromete mi independencia. Mi compromiso es exclusivamente con la constitución, la ley y el pueblo de Colombia, así como con esta corporación a la que me comprometeré presentar informes semestrales sobre mi gestión, en el evento de ser elegida”, dijo.
También aseguró que el Fiscal General de la Nación “no puede ser protagonista político del acontecer nacional” y su función solo debe centrarse en la investigación criminal y la acusación ante los jueces de los delitos.
Las preguntas a González
¿Cuál es su orientación con relación a la investigación de Odebrecht?
Aseguró que el tema de Odebrecht es un asunto pendiente en la investigación colombiana, pues “los colombianos no hemos tenido resultados en esa investigación”. Dijo que se necesita saber las consecuencias en la financiación de campañas electorales y contratación, pues hasta el momento no hay resultados concretos al respecto.
“Quien sea el elegido tendrá que tener un punto especial de atención en este aspecto”, precisó.
¿Cuáles son sus propuestas con minería ilegal y deforestación?
Sobre la minería ilegal y deforestación dijo que su propuesta es trasversal, y es fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Judicial y de la investigación criminal. “En la medida en que se fortalezca, y las investigaciones reposen en elementos técnicos, los resultados deben redundar en esclarecer estos delitos”, aclaró.
La Fiscalía tiene unos 27.000 empleados, pero solo 4.000 son fiscales. ¿Hay una propuesta de reingeniería?
“No tengo ningún proyecto respecto a este tema porque la Fiscalía desde el 2014 ha tenido reingenierías sobre el número de fiscales y funcionarios administrativos”, dijo. Aseguró que en el 2016 tenía unos 28.000 funcionarios, y con el acuerdo de paz se reestructuró la planta de la Fiscalía y se redujeron sus funcionarios a unos 24.130 empleos, y se creó una unidad especial de protección para excombatientes del conflicto y una unidad de delitos financieros. “Me parecería inconveniente en este momento estudiar un tema que ya fue evaluado, y que tiene unos soportes sobre el número de funcionarios y la carga laboral”.
¿Cómo serán sus relaciones con la JEP?
Señaló que sus relaciones con la JEP, y con cualquier otra institución, serán armónicas, de cooperación y con independencia.
¿Qué medidas adoptará por parte de la Sala Esperanza y otras áreas de interceptación de la Fiscalía?
Dijo que es necesario hacer una auditoría sobre esas salas de interceptación de la Fiscalía General para tener un conocimiento exacto y claro de lo que ha ocurrido. Después de la auditoría, tomar las medidas que sean pertinentes.
¿Qué medidas adoptaría para afianzar la confianza de la sociedad en la Fiscalía?
Dijo que cumplirá las funciones misionales de la Fiscalía, la constitución, la ley, y frente a los funcionarios de la Fiscalía, se encargará de construir una consciencia sobre la importancia de que todas las decisiones de la Fiscalía de que todas las funciones se sustenten en un rigor técnico.
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