El Magistrado reveló que uno de ellos pretende dotar de herramientas a la justicia para evacuar 1’200.000 procesos que están represados.
Las otras dos iniciativas son para los delitos menores o de pequeñas causas y el arancel judicial.
Gil Botero aseguró que existe “una finalidad común: solucionar el problema de la administración de Justicia que es el de la congestión”.
A la entrada a la reunión, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, había manifestado que pensaba plantearle al jefe de Estado que se utilice la Ley de Administración de Justicia para agilizar la labor de la rama. Dicha norma fue declarada recientemente exequible por la Corte Constitucional.
De otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema ya tiene una fórmula preliminar para el juzgamiento de los congresistas, tal y como se lo ordenó la Corte Constitucional.
El nuevo esquema, que solo aplica para delitos cometidos después del 30 de mayo de 2008, implica que haya grupos de tres magistrados que investiguen y, de ser el caso, acusen.
Los otros seis harán el papel de jueces y sus sentencias son inapelables. Si llegara a haber un empate (el número de jueces es par) se nombraría un conjuez que, en todo caso, no será ninguno de los magistrados que investigaron.
El Tiempo / 23 de enero de 2009
