En la ley que fue aprobada en último debate este lunes festivo por la Cámara de Representantes y que sacó del ‘limbo juridico’ a 19 mil ex Auc (que salieron afectados por una sentencia de la Corte Suprema que estableció que los cometidos por los ‘paras’ no eran delitos políticos), finalmente encontraron apoyo varias iniciativas que Fiscalia y Gobierno venían tratando de aprobar desde el 2007 y que hasta ahora se habían embolatado.
La decisión beneficiaría directamente a familiares y allegados de los ex jefes ‘paras’, que habían hecho esa exigencia expresa para empezar a devolver su botín de guerra.
En su momento había generado polémica entre los que señalaban que era una puerta de impunidad y los que defendían ese sacrificio en aras de lograr la entrega del máximo de bienes para reparar a las víctimas.
Polémica por beneficios a miembros de carteles y grupos ilegales
La salida para el lío jurídico de los 19 mil ex ‘paras’ fue celebrada ayer por el consejero Frank Pearl, quien dijo que aplicar el principio de oportunidad para resolver su situación “es un buen procedente para futuros acuerdos que se hagan con grupos ilegales”.
Esa salida se había perfilado desde hace por lo menos un año y había sido impulsada por la Fiscalía y la Procuraduría, aunque su aprobación final se dio en medio de críticas de ONG y de varios sectores políticos que alertan sobre la impunidad que genera cerrar los expedientes de esos miembros de las autodefensas.
“Las víctimas de esos 19 mil, a quién le van a reclamar”, cuestionó el representante Germán Navas Talero.
También hay polémica por la extensión del principio de oportunidad a casos de narcos y miembros de grupos terroristas que ayuden a desmantelar sus organizaciones.
En la Academia y los centros de análisis consideran que era una medida necesaria para lograr que el nuevo sistema penal acusatorio cobre efectividad en a un campo, combatir el crimen organizado, en el que ha tenido pocos resultados.
Cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia señalan que los fiscales apenas han aplicado esa herramienta en 3.900 casos. Ahora, levantada la cortapisa de aplicar el principio de oportunidad a casos de narcotráfico y terrorismo, la Fiscalía dice contar con una herramienta clave para que los mandos medios colaboren efectivamente en la captura de sus jefes.
“Es una herramienta clave para llegar a las cabezas de las grandes organizaciones criminales”, dice Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia.
Al otro lado de la opinión están personas como el representante Roy Barreras, que señalan que el poder corruptor del narcotráfico sigue siendo tan grande que lo mejor que podría pasar sería que en la conciliación de los textos aprobados por Cámara y Senado el Congreso se limite solo a resolver lo básico: la situación de los 19 mil ex ‘paras’, eliminando lo que tiene que ver con grupos de narcos y de crimen organizado.
“Físicamente, el Fiscal General no va a tener la capacidad para resolver personalmente cada caso. Va a tener que delegar y entonces existe un gran riesgo de que los narcos terminen delatando a uno de los suyos, un testaferro que acepte pagar cárcel a cambio de plata, para poder quedar a salvo de la justicia”, señala Barreras.
La ley establece que la palabra final la tenga un juez de garantías y que las víctimas y el Ministerio Público tienen el derecho de oponerse a que se conceda el beneficio.
