La Ley 750 del 2002 permite la libertad para mujeres cabeza de familia cuando está de por medio la protección de menores de edad y en casos que no representen peligro para la sociedad.
La Corte Constitucional extendió ese beneficio a los hombres, siempre y cuando los hijos dependan de ellos. La orden a los jueces fue “valorar que la medida sea manifiestamente necesaria, en razón al grado de abandono y desprotección de sus hijos”.
El juez fue un paso más allá, pues los niños de Vives viven con su madre. Señaló que los menores padecen una “profunda crisis emocional” por cuenta de la “soledad en el hogar dada la ausencia de sus padres” y que la esposa del político no puede velar por ellos porque la situación de su marido le ha generado “ansiedad generalizada y depresión que requieren de terapia y manejo profesional”.
Por eso le dio el reconocimiento de cabeza de familia, una condición que hace algunos meses, por orden de la Corte Suprema, sacó a Yidis Medina de la cárcel de El
Buen Pastor.
Según indicó, el estado emocional de los tres menores fue detectado y constatado por varios sicólogos que han realizado visitas al hogar de los Vives.
El fallo, basado en esos informes, dice que la privación de la libertad de Vives “ha repercutido (en los menores) en su desarrollo académico, físico y de comportamiento”.
Por qué cabeza de familia
Un informe del sicólogo Javier Arturo Polo Rovira, citado por el juez, señala que la madre no está en condiciones de cuidar a sus hijos porque “se encuentra en tratamiento constante”.
De igual forma, tuvo en cuenta el buen comportamiento del preso y le ordenó presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerido. Le ordenó el pago de cinco salarios mínimos (2 millones 485 mil pesos).
Vives, gracias a su dedicado trabajo en la granja que ayudó a crear en la cárcel de la Picota -y que les ha servido a otros parapolíticos para descontar pena o, como a Miguel De la Espriella y Dieb Maloof, para salir de prisión- ya tenía permisos de 72 horas cada dos meses.
El ex congresista, capturado el 16 de febrero del 2007, fue condenado por alianzas políticas con los paramilitares de la Costa durante las elecciones del 2002.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo / 15 de enero de 2009
