Ante el retiro de la reforma judicial, único instrumento que tenían el Ejecutivo y el Legislativo uribista para separar la instrucción del juzgamiento de los aforados en el Alto Tribunal, la solución es, de acuerdo con los especialistas, que el Congreso prepare un proyecto que pase su primera vuelta antes de finalizar este año.
En mayo pasado, la Corte Constitucional le dio un año al Congreso para tramitar una ley en este sentido, pero la orden no ha sido acatada.
“Para el procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante se debe separar dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso la función de investigación de la de juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que haya adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario diferente vinculado a la propia corporación, según se determine”, señaló la Corte en su fallo.
Las cuentas dan el pupitrazo
Para el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, las cuentas para que un articulado pase están muy apretadas.
“Si en este momento se presenta el proyecto se podrían dar los cuatro debates de primera vuelta. Si no hay contratiempos, se podría pasar antes del 16 de diciembre, pero tendrían que trabajar ya porque esto no se puede tramitar en sesiones extras. La segunda vuelta tendría que comenzar el 16 de marzo. Lo máximo que lograría el Congreso es que este acto legislativo se apruebe o comience a regir a eso de junio del año entrante”, explicó el ex magistrado.
A su turno, el ex presidente de esta Corte, Carlos Gaviria, manifestó que de no presentarse el proyecto, se estaría incurriendo en una falta con el Alto Tribunal y daría pie para que la coalición del Gobierno siguiera atacando a la Sala Penal.
“En este momento hay un proceso establecido en la ley y mientras no se cambie debe seguir tal cual. Cuando se establezca esta norma, así será, pero de momento debe proseguir como va y eso no es culpa de la Corte”, manifestó el también ex legislador.
Cabe recordar que desde el inicio de la parapolítica nunca ha habido un buen ambiente para la doble instancia en el Congreso. Desde 2005 se han presentado cinco iniciativas y todas han sido archivadas o retiradas.
Por el Consejo Superior
No obstante estas declaraciones, existe otro grupo de ex magistrados y analistas que aseguran que la vía del Congreso, si bien es la más expedita, podría retardarse, por lo cual se debería buscar una salida por medio del Consejo Superior de la Judicatura.
“Soy partidario de un acuerdo dentro del Consejo Superior, en donde emita una orden formando una Sala de Instrucción en la Corte Suprema que reciba los procesos de los congresistas y digan si van a juicio o no”, aseguró el ex magistrado Hugo Quintero, quien sin embargo no descartó la medida legislativa.
“El tiempo alcanzaría con una ley ordinaria o estatutaria”, aseveró el jurista.
En este mismo sentido se expresó el experto en derecho penal Álvaro Pinto. “La Sala Penal puede dividirse en una sub-sala de cinco magistrados instructores y cuatro juzgadores, por ejemplo”, propuso el abogado, quien no le vio inconveniente a que esta sala se disminuya.
“Es cierto que nueve cerebros piensan más que cinco, pero si nosotros miramos otras instancias, como el Juzgado de Circuito, hay sólo un juez en primera instancia y en segunda son sólo tres. No veo por qué la Corte no puede dividirse internamente, no le veo inconveniente y así no le quitamos competencia a la Sala Penal”, afirmó el jurista.
Sin embargo, Hernández descartó este proceso indicando que “las normas de juzgamiento a los congresistas son constitucionales y si se cambian se debe cambiar la Constitución, por lo tanto deben ir a Congreso”.
Reformas por medio de leyes ordinarias
Aliviado se mostró el Consejo de Estado ayer por la decisión del Gobierno de retirar la reforma a la justicia y propuso que para que los cambios en la rama no se queden en el tintero se redacte una serie de proyectos de ley ordinarios que sean estudiados en el Congreso y en las Cortes.
El presidente del Alto Tribunal, magistrado Enrique Gil, quien calificó la decisión gubernamental como una “medida sensata”, planteó que por medio de una ley ordinaria se puede tramitar la descongestión a la justicia.
“Hay una serie de medidas audaces que pueden implementarse y obtener resultados más benéficos para la comunidad en general, a través de la descongestión, uno de los principales problemas de los juzgados en general y el Consejo de Estado en particular”, señaló Gil, quien propuso “recabar sobre la conciliación” de los procesos, ya que, según sus cuentas, si hubiera más conciliación “3.000 procesos de la Sección Tercera se irían por esta vía”.
No obstante, por los lados del Congreso la decisión del Gobierno de retirar la reforma causó más conmoción que alivio. La coalición manifestó que se perdió una oportunidad y la oposición alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo decrete por la conmoción interior todas las reformas que no pudo hacer en el acto legislativo .
“El proyecto de reforma a la justicia pudo seguir su curso en el Congreso, pese a las críticas, pero los impedimentos de los congresistas lo pusieron en peligro, nunca imaginé encontrar tantos impedimentos”, señaló el ministro del Interior, Fabio Valencia .
“El Gobierno no puede aprovechar la conmoción interior para sacarle el quite a lo que debe hacer en leyes enfocadas a la justicia. Si el Gobierno quiere meter el gol, el Partido Liberal saldrá y protestará, ya que las reformas estructurales de la Justicia deber ser por la vía del Congreso, como debe ser en toda democracia”, aseguró a su turno la vocera del Partido Liberal, senadora Cecilia López.
El Nuevo Siglo / 16 de octubre de 2008
