Si la Corte decide que hubo acto legislativo, el problema para el Gobierno sería grave.
Un mes después de que el Congreso tumbara la reforma a la Justicia, la Corte Constitucional le solicitó al presidente Juan Manuel Santos, al exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y al del Interior, Federico Renjifo, enviar, en un término de 10 días, un concepto en el que se explique la forma como se dio el trámite del fallido acto legislativo.
Así lo solicitó el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio Palacio, quien es el ponente de la única demanda en contra de la reforma que fue admitida en esa Corporación, según Colprensa.
La solicitud también cobija a los expresidentes del Senado, Juan Manuel Corzo, y de la Cámara,Simón Gaviria, para que expliquen qué sucedió en la conciliación de la iniciativa y en las sesiones extraordinarias en las que se archivó la reforma ya aprobada.
Con estos conceptos, el magistrado Palacio iniciará el análisis de la demanda, en un hecho que genera controversia ya que la Corporación, según analistas, no tendría competencia para estudiarla ya que el texto aprobado nunca fue publicado en el Diario Oficial.
Ese sería el argumento para que el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, no admita otra demanda que fue interpuesta en contra del acto legislativo.
¿Qué puede pasar?
Para el constitucionalista Jesús Vallejo, lo primero que hay que revisar es si la Corte tiene o no competencia para estudiar la reforma, ya que la Corporación solo estudia los actos legislativos por vicios de trámite o cuando hay vicios de fondo que van contra la esencia de la Constitución.
“La duda queda porque en virtud de lo que se hizo aparentemente no hay acto legislativo. Sin embargo, me da la impresión de que la Corte quiere entrar al meollo del asunto, para concluir que sí hubo acto legislativo y que lo que se hizo en las sesiones extraordinarias no podía afectar lo aprobado en las sesiones ordinarias y que por ende es un trámite constitucional”, explicó Vallejo.
Indicó, que si la Corte llega a esta conclusión, las consecuencias para el Gobierno serían “terribles” porque la reforma entraría en vigencia.
“Los trámites de un proceso de estos pueden ser aproximadamente de seis meses y hasta podría demorar algo más, porque hay unos términos para que la Procuraduría se pronuncie y para la participación ciudadana”.
Cabe recordar que el 20 de junio, el Congreso votó positiva la conciliación de la reforma a la Justicia. Sin embargo, la opinión pública comenzó a develar los “micos” que se le habían metido a última hora y el 21 de junio el presidente Juan Manuel Santos anunció que citaría a extras para objetar la reforma. El 28 de junio el Congreso de la República la hundió.
