La ley sancionada este viernes por el Presidente de la República, busca fortalecer el marco jurídico y el sistema de controles para la realización de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el país.
La norma incrementa las penas de los delitos de divulgación y empleo de documentos reservados, no solo para los servidores públicos sino también para particulares. Éste delito no sea excarcelable.
Adicionalmente obliga a la creación de centros de protección de datos que aseguren que la información recaudada no será utilizada para violar el derecho a la intimidad de cada ciudadano.
La ley también ratifica que sólo podrán hacerse interceptaciones con una previa orden judicial. La medida establece que cada operación deberá contar con la supervisión los inspectores y las oficinas de control interno de cada organismo de inteligencia.
RCN Radio / 09 de marzo de 2009
