Dicho contrato fue revocado el 11 de diciembre siguiente por el Ministerio del Interior y de Justicia y según el consorcio, el trámite para suspender el acuerdo no corresponde al estipulado en la ley.
El contrato había sido revocado porque según la Procuraduría, la unión temporal ofreció dinero a otro de los licitantes para dilatar el proceso.
Dicho contrato fue adjudicado a las seis empresas de la Unión Temporal para llevar a cabo el ajuste, los diseños, el suministro y la instalación de sistemas electrónicos de seguridad.
Al parecer, dos de los licitantes se unieron para ‘sabotear’ el proceso del tercero.
Sin embargo, el Ministerio no permitió que estas empresas se defendieran ante estas acusaciones y revocó el contrato sin escuchar los argumentos de los contratistas.
“Se ordenará que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, el Ministerio de inicio al trámite legal para obtener la revocatoria (…) garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las empresas que integraban la Unión Temporal de hecho favorecida con la adjudicación, sin perjuicio de la decisión que finalmente tome el Ministerio del Interior y de Justicia(…)”.
El Espectador / 02 de abril de 2009
