A pesar de que el Congreso le dio santa sepultura a la reforma a la Justicia, las sensaciones de lo que pasó en los últimos días no dejan de ser amargas, y entre buena parte de los colombianos reina el sinsabor. ¿Qué quedó de todo esto?
del exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, aprobó la reforma a la Justicia, el país escuchó intrigas, mentiras, acusaciones y vio asumir pocas responsabilidades.
Incluso, el último debate de las sesiones extraordinarias no estuvo a la altura de lo que exigía el momento histórico, y las discusiones de fondo que se exigían fueron reemplazadas por intervenciones ligeras que sólo estaban dirigidas a lavar culpas y responsabilizar a terceros. La votación del hundimiento a la reforma se hizo en tiempo record, duró siete minutos. Había prisa por iniciar las vacaciones.
Este coctel que recibió la sociedad dejó la sensación de que todo quedó igual. Pero ¿fue así? ¿No pasó nada? Por el contrario, el tablero político se movió por un puñetazo que alteró todas las fichas. El segundo tiempo del gobierno Santos, que empieza este 7 de agosto, arranca con algunos actores más reforzados y con otros, como el mismo presidente, más diezmados que nunca.
¿Quiénes ganaron?
El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara
Fueron los grandes triunfadores porque con el hundimiento de la norma lograron resucitar, ni más ni menos. Al día siguiente de que el Congreso aprobó la reforma, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no asistieron a sus trabajos, pues habían desaparecido de un plumazo. Sin embargo, después de conocer que el presidente Juan Manuel Santos le retiraba su apoyo al proyecto, los togados volvieron al día siguiente muy puntuales a sus puestos de trabajo.
La eliminación de estas dos instancias había sido una de las consignas del Gobierno y tenía el respaldo de diferentes sectores. Las denuncias de corrupción que había contra el CSJ y la ineficacia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara eran los motivos principales para eliminarlos y sustituirlos por dos nuevas instituciones: El Consejo Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión de investigación y Juzgamiento para aforados, respectivamente.
Sin embargo, la resurrección no solucionará sus problemas. A la Comisión de la Cámara no se solventó el déficit presupuestal, ni se logró la descongestión de los más de 700 procesos que tiene a cargo, ni se empoderó más a sus investigadores que, como ellos mismos han denunciado, son demasiados frágiles frente a quienes investigan.
Polo y Mira
Los integrantes de estos dos movimientos fueron prácticamente los únicos congresistas que salieron bien parados. No sólo porque sistemáticamente fueron los únicos que por decisión de bancada se opusieron al proyecto, sino porque en las horas posteriores a la aprobación del proyecto, varias de sus figuras principales, como los miembros del Polo, Germán Navas Talero, Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, denunciaron los alcances que tendría la ley.
Igualmente, durante las sesiones extraordinarias, no se dejaron llevar por las prisas ni estuvieron dispuestos a votar sin previamente lanzar dardos a sus compañeros del Congreso. El senador Romero aseguró primero que “este Congreso no puede posar de redentor” para después decir que espera que “algún día Colombia tenga un Congreso digno”. Mientras Avellaneda los cuestionó y les preguntó: “¿Cómo es que dicen que votaron porque el Gobierno lo dijo?”.
Junto a ellos también se destacaron los que no votaron a favor de la reforma, especialmente llamativo fue el ejemplo del senador Juan Lozano, quien a pesar de ser el presidente del Partido de La U, se plantó firme y no apoyó la iniciativa.
Álvaro Uribe
El expresidente lanzó una red en medio del río revuelto y su pesca no fue poca. Uribe ganó en la medida en que, como siempre, si el Gobierno de Santos se ve golpeado, él cobra. Y así sucedió, por lo menos es lo que indican las encuestas que castigan a Santos con una pérdida de 10 puntos de favorabilidad en la opinión pública.
Igualmente logró que una vieja idea de él, la de la Asamblea Constituyente, cobrara forma y encontrara eco entre diversos sectores de la sociedad. Ante esta posibilidad, los seguidores del expresidente podrían establecer unas nuevas reglas del juego que podrían beneficiarlo.
¿Quiénes perdieron?
El país y la sociedad
Sin duda, los más perjudicados. Aunque los colombianos quisieron plantarse firmes ante lo que estaba sucediendo e inundaron las redes sociales con mensajes de inconfromidad, la realidad es que no se pudo trasladar a la práctica toda la indignación que acusó en las redes.
Las protestas estuvieron dirigidas por algunas organizaciones sociales como la MOE y el Observatorio Nacional de Justicia, que lograron rcoger miles de firmas, pero no por un verdadero movimiento ciudadano como lo que ocurrió en Medio Oriente con la ‘Primavera Árabe’, tal y como se apresuraron a decir varios comentaristas.
Ni antes ni durante las sesiones extraordinarias del Congreso, la Plaza de Bolívar se convirtió en el escenario de lo que debería haber sido un movimiento de indignación. Las imágenes de la plaza de Sol en Madrid o de Times Square en Nueva York, donde se vivieron importantes movimientos mundiales de personas indignadas con sus gobiernos, quedaron muy lejanas.
El ruido que se provocó en las redes sociales no habría sido suficiente por si solo si no hubiera sido por el amplificador que encontraron en los medios de comunicación, para lograr que el Ejecutivo se percatara de los peligrosísimos alcances que podría haber tenido la aprobación de la reforma a la Justicia.
A la vez, el país pierde porque seguirá aquejado por uno de sus principales problemas: la congestión en la justicia y la corrupción en esta rama. Nuevamente asistió a un fallido intento de reformar a la justicia y la pregunta es inevitable: ¿Qué hay que hacer para cambiarla?
También pierde el país porque durante unos días el Estado de Derecho se vio en medio de un pantano y no pudo hacer más que confiar en el presidente Santos, quien estaba objetando una reforma constitucional por encima de la decisión final que había resuelto el Congreso.
El gobierno de Santos
El presidente perdió en cuestión de una semana 10 puntos de favorabilidad entre la opinión pública, según la encuesta más reciente de Datexco. Y la posibilidad de una reelección del presidente sólo tendría, al día de hoy, el apoyo del 29% de los encuestados.
El presidente tuvo su peor semana desde cuando llegó al Palacio de Nariño, paradójicamente por cuenta de la aprobación de una de sus principales banderas políticas. En las horas posteriores tuvo que enderezar el rumbo a la fuerza, lo que lo llevó a moverse en los márgenes de la legalidad. Aunque responsabilizó al Congreso, y concretamente a los 12e conciliadores que redactaron el texto final de la ley de lo que estaba sucediendo, la opinión pública lo sitúa como uno de los responsables de este caos.
Además, han sido múltiples las voces que le recriminan que el espíritu de la norma había perdido el norte mucho tiempo antes de que los ‘micos’ se apoderaran del proyecto.
De la criba tampoco se escapan el ministro de Vivienda, exjefe de la cartera del Interior, Germán Vargas Lleras, el principal promotor del proyecto. Su excusa de que él ya no hacía parte de esa cartera no resulta suficiente entre la opinión pública.
Tampoco es satisfactorio el pretexto del poco tiempo que lleva Federico Renjifo al cargo del Ministerio del Interior, y su inexperiencia quedó en evidencia no sólo el día de la votación decisiva, sino durante las sesiones extraordinarias, cuando fue abucheado por los congresistas.
El ministro de Justicia
“La única persona que ha asumido fui yo, todo el mundo ha estado buscando cómo endilgar esas responsabilidades”. Esta fue la lapidaria frase del exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien tuvo la decencia de renunciar, en un país donde esas muestras escasean.
Pero eso no lo exime de su responsabilidad y el video en el que alienta a los congresistas para que voten el texto final de la conciliación de la reforma a la Justicia y posteriormente los felicita por haberlo hecho, quedará en la memoria del país.
La rama judicial
Los magistrados también salieron mal parados. A pesar de que en un principio habían mostrado su rechazo hacia la reforma a la Justicia, hasta el punto de que las Cortes aseguraron que no volverían a los debates, su postura cambió. Después de que el Senado decidió ampliar de ocho a 12 años el período a los actuales magistrados, el poder judicial, de forma silenciosa, dejó su oposición a la reforma y la acompañó hasta el final. Incluso dejaron en solitario al Consejo Superior de la Judicatura, que estaba condenado a desaparecer.
Pero la perdida más importante es que el sistema judicial sigue en las mismas. La congestión y la desfinanciación que amenazan desde hace años a esta rama no han desaparecido y el futuro de una posible reforma se ve muy difícil.
El Congreso y sus doce Conciliadores
Lo que parecía imposible, sucedió. La imagen del Congreso se deterioró todavía más. En la misma encuesta de Datexco, la favorabilidad del parlamento es del 16%, un porcentaje realmente alarmante del que es considerado el segundo poder.
Después de la actuación de los legisladores durante la conciliación, que ha sido catalogada de todas las formas posibles, el Congreso perdió el último voto de fe que tenía entre la opinión pública. La sociedad y algunos medios de comunicación pidieron que se les revocara el mandato y algunas opciones, como la de que se les reduzca el período, son aún contempladas por varias organizaciones civiles.
El fiscal
El fiscal general, Eduardo Montealegre, apareció a última hora y su postura también fue criticada. El día previo a las sesiones extras que había solicitado el presidente, Montealegre dijo que no estaba deacuerdo con el hudimiento total de la reforma y que creía que había puntos que se debían salvar. Esto molestó a varios sectores, pues ya se había creado un acuerdo tácito en el país para que el Frankenstein no viera la luz, y las palabras del fiscal iban contra la corriente.
El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, advirtió que la intervención del fiscal agravaba la crisis de la justicia y que era un error dejar de lado su misión al defender a los congresistas. Esta última acusación iba dirigida a la asesoría personal que el fiscal le dio al Partido Conservador, cuando fue a la reunión de bancadas a explicarles que no podían ser investigados penal o disciplinariamente.
