Para la CEJ, hechos como estos, constituyen un atentado contra los derechos fundamentales y ponen en riesgo la preservación de los valores democráticos de la sociedad colombiana.
La CEJ aprovecha para hacer un llamado a las autoridades de seguridad pertinentes, para que acompañen y protejan a las instituciones, con el fin de evitar que se obstaculice la labor de los Magistrados y jueces del país, y por ende el efectivo y eficaz ejercicio de la justicia.
