Monitoreo de medios

Corte Constitucional elige presidente y vicepresidente de ese alto tribunal

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió como su presidente a la magistrada María Victoria Calle y vicepresidente al magistrado Luis Guillermo Guerrero para el año 2016.

La elección de la magistrada Calle se dio tras ocupar ese cargo de forma interina por casi un año en el 2015, luego del escándalo de Fidupetrol que involucró al magistrado Jorge Pretelt quien fungía como presidente de ese alto tribunal y posteriormente presentó la renuncia a su cargo.

La nueva presidente de la Corte Constitucional es abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y además es Máster en Derecho Administrativo y está en ese alto tribunal desde el año 2009.

Entre tanto el nuevo vicepresidente, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien pertenece a la Corte Constitucional desde septiembre de 2012, es Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Ciencias Socieconómicas de la misma universidad, entre otros estudios.

Fuente: http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-elige-presidente-vicepresidente-ese-alto-tribunal/

Judicatura elige a dos nuevos magistrados en la Sala Administrativa

Exauditor Iván Darío Gómez y exsecretaria general de Petro, Martha Lucía Zamora, ocuparán vacantes.

Martha Lucía Zamora, exfiscal delegada ante la Corte Suprema, e Iván Darío Gómez Lee, exauditor general.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura eligió este jueves a dos nuevos magistrados que estarán en esa corporación hasta que el inicio del Consejo de Gobierno Judicial, organismo que hoy está paralizado porque la elección de cuatro de sus miembros está suspendida. Se trata de Martha Lucía Zamora, exfiscal delegada ante la Corte Suprema y exsecretaria general del exalcalde Gustavo Petro, y del magistrado Iván Darío Gómez, exauditor general de la Nación.

La Sala tenía dos vacantes (la de Pedro Munar y Francisco Ricaurte) que no habían sido llenadas porque, según la ley de reforma al Equilibro de Poderes, la Judicatura debía funcionar hasta diciembre del año pasado, cuando sería reemplazada por el Consejo de Gobierno Judicial.

Pero ante las dificultades que esta reforma ha tenido para cumplir con los tiempos previstos, la Judicatura, por lo pronto, seguirá funcionando.

El lío que enfrentaba la Judicatura consiste en que el magistrado Ricardo Monroy de la Sala Administrativa termina su periodo en marzo, por lo que, con un solo magistrado al frente, no podría tomar decisiones ni administrar a la justicia.

Así, para no dejar de operar, se nombra a Gómez y Zamora de manera transitoria en las dos vacantes que por ahora tiene.

Gómez Lee le dijo a EL TIEMPO que el reto que ahora afronta es "acertar en los asuntos de política pública y comprender la complejidad del sistema (la Judicatura), que se encuentra en una transición". Dijo, asdemás, que otra de sus responsabilidades será "convencer con buenas propuestas a los distintos actores de este sector, como a las altas Cortes, el Congreso y al interior de las organizaciones sindicales y ese gran colectivo valioso de los jueces de Colombia”.

JUSTICIA

Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/judicatura-elige-a-dos-nuevos-magistrados-en-la-sala-administrativa/16494612

 

La ponencia que le da el sí al equilibrio de poderes

Semana.com conoció que la ponencia del magistrado Alejandro Linares pide al alto tribunal declarar constitucional el acto legislativo.

Aunque algunas decisiones judiciales han ido aplazando la intención del Gobierno de eliminar las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, al parecer, esa entidad sigue teniendo perdida la pelea por sobrevivir.

Así lo demuestra la ponencia de la demanda a la reforma al equilibrio de poderes que empezará a debatirse este miércoles en la Corte Constitucional.

Semana.com conoció que la ponencia que presentó el recién posesionado magistrado Alejandro Linares sugiere declarar constitucional ese acto legislativo.

Eso significa que el togado no considera excesivo que, por iniciativa del Gobierno, el Congreso haya ordenado la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la del Consejo Superior.

El año pasado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró concretar una intención que tuvo desde sus inicios: reformar la justicia. Tras el primer intento fallido, el Ejecutivo aprovechó el trámite de un proyecto de ley que cursaba en el Congreso para eliminar la reelección. Ahí se introdujeron modificaciones a  la estructura del poder judicial.

La primera y más trascendental de las medidas fue la de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. La entidad sería reemplazada por el Consejo de Gobierno Judicial, que asumiría todas las tareas administrativas de la Rama, y por la Comisión de Disciplina Judicial, que se encargarí de las tareas que hoy tiene la entidad para disciplinar a los abogados, incluyendo jueces y fiscales.

El segundo de los más trascendentes cambios en el funcionamiento de la justicia fue la eliminación de la Comisión de Investigación de la Cámara.

Esa decisión implicaba que magistrados de altas cortes, el Fiscal General y el Presidente de la República pasaran a ser investigados por una Comisión de Aforados, que se encargaría de valorar faltas disciplinarias y delictivas de altos dignatarios estatales ejerciendo un poder jurisdiccional. Ello suponía también la eliminación del antejuicio político que hoy adelanta el Congreso en ese tipo de procesos.

Posiciones divididas generó la reforma. Buena parte de dirigentes políticos y líderes de opinión la defendieron por considerar que le ponía un alto definitivo a instituciones "inoperantes".

Otros se opusieron a varias de las modificaciones, incluyendo algunos representantes de las altas cortes. Su principal objeción apunta a la defensa del Consejo Superior de la Judicatura y despliega una actitud crítica frente al nuevo modelo de administración del poder judicial.

Una avalancha de demandas fue radicada ante la Corte Constitucional, bajo el anhelo de los accionantes de impedir la concreción de los cambios. La primera de ellas que se apresta a resolver el tribunal pretende impedir la eliminación de las instituciones que desaparacerían por cuenta del acto legislativo.

Además, el accionante se opone a que la Corte Constitucional asuma las facultades del Consejo Superior para resolver conflictos de competencias de la justicia ordinaria con la militar y la indígena.

Según los críticos de la reforma, esa nueva atribución de la Corte dificultaría el control que se ejerce desde esa corporación sobre casos de violación a los derechos humanos de los que se ocupen jueces castrenses y procesos contra integrantes de comunidades étnicas.

Sin embargo, para el magistrado Linares no hay por qué no darle el visto bueno a ese acto legislativo. Además, cree que el Congreso fue respetuoso del cumplimiento de todos los requisitos que exigen este tipo de tareas legislativas. Veremos qué dicen sus colegas de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se espera que en tres semanas se conozca la decisión.

Lo que sí cabe precisar es que no se trata del único reto constitucional que deberá enfrentar el equilibrio de poderes. Además de esta, se encuentran en carpeta cinco demandas más, incluyendo la del fiscal Eduardo Montealegre, el más enconado crítico de esa iniciativa legislativa.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/equilibrio-de-poderes-gobierno-ganaria-pulso-en-la-corte-constitucional/458234

Se enreda aún más la conformación del Consejo del Gobierno Judicial

El Consejo de Estado encontró modificaciones en los requisitos para aspirar al cargo.

La magistrada del Consejo de Estado, Sandra Lisset Ibarra, ordenó la suspensión provisional de la convocatoria del proceso de elección de los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial por considerar que los parámetros establecidos modificaron los requisitos para aspirar al cargo de miembro permanente de dicho órgano que estableció la Reforma de Equilibrio de Poderes.

 

A juicio de la consejera, la convocatoria "no previó dar traslado a los aspirantes de las observaciones que la ciudadanía formulasen en su contra, ni contempló una etapa para resolverlas, circunstancias que dan al traste con los postulados de publicidad, transparencia y mérito".

 

En la providencia, Ibarra sostiene que en el proceso no se establecieron los parámetros de evaluación de las hojas de vida de los postulados. Tampoco se estipularon los criterios de méritos que se deben tener en cuenta para para elegir a los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial.

 

"Al hacer extensiva la convocatoria a especialistas en TIC, profesionales con capacidades gerenciales y expertos en políticas públicas con conocimientos o experiencia en el sistema judicial, creó condiciones de participación adicionales a las que el acto legislativo 02 de 2015 estableció", dice un aparte del documento.

 

Según la reforma, el Consejo debía tener dos representantes de los trabajadores y funcionarios de la Rama y tres técnicos de las mayores calidades. En ese órgano, además, tienen asiento los presidentes de las Cortes Constitucional y Suprema y del Consejo de Estado, y un gerente de la Rama Judicial.

 

Aunque la meritocracia y la transparencia fueron, supuestamente, los parámetros para conformación de ese poderoso organismo, que manejará un presupuesto de cerca de 3 billones de pesos, las polémicas han sido la constante de todo el proceso.

 

Uno de los primeros cuestionamientos fue la elección de Vicente Calixto de Santis Caballero, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla, ya que se dio un polémico pacto que llevó a la presentación de un solo candidato regional que fue apoyado por la gran mayoría de jueces y magistrados de la región, lo que al final terminó decidiendo el cupo.

 

De Santis resultó elegido como representante por los jueces y magistrados con 824 votos. Su elección generó inconformidad en algunos sectores de la justicia que se preguntaban por qué un magistrado se quedó con el cargo cuando los jueces, que también podían elegir, son la mayoría.

 

JUSTICIA

Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/gobierno-judicial-suspenden-convocatoria/16487334