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Publicado: Domingo, 27, Marzo 2016 00:00
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Escrito por Elección visible - CEJ
El presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, pide celeridad y diversidad en el nombramiento de los cuatro titulares que renovarán ese alto tribunal. Este martes será la última decisión de dos salientes: confirmarán la vigencia del Fast Track.
"Los nuevos magistrados incidirán en los pesos que tengan fuerzas en la Corte" Foto: Archivo particular
Luis Guillermo Guerrero, un magistrado de origen conservador, acaba de asumir la Presidencia de la Corte Constitucional. Lo hace en medio de la incertidumbre que genera un revolcón por los cambios de cinco magistrados; cuatro de ellos no tienen su reemplazo listo. Esta semana, el alto tribunal deberá sesionar con 3 de sus 9 en encargo, teniendo que discutir en las próximas semanas varios procesos cruciales para la paz y la minería del país.
Para Guerrero, uno de los magistrados que más ha discrepado de las posturas mayoritarias de la Corte, al alto tribunal deben llegar diversidad de opiniones. En respuesta a las críticas de la oposición, Guerrero pide que el país confíe en las decisiones y que así no las compartan sean conscientes que se toman por quienes "hacen valer la Constitución".
Semana.com: ¿Qué es lo que decidirá la Corte Constitucional este martes cuando voten el primer decreto reglamentario que desarrolla el acuerdo de paz con las FARC?
Luis Guillermo Guerrero: Ese es un decreto en el ejercicio de las funciones del fast track y creo que es importante porque es el primero que la Corte va a abordar. La Corte tendrá la oportunidad de hacer una definición de cuáles son los tiempos del proceso y los términos del mismo mecanismo del fast track. Esto en la medida en que el año pasado la Corte habilitó la vía del fast track sujeto a unas condiciones sobre lo que se entendió de la refundación popular. Entonces creo que la corte tiene que empezar por definir ese punto a propósito del primer decreto que se produce.
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Semana.com: ¿Es decir que lo que la corte dirá es si el fast track está vigente?
L.G.G: Eso ya lo dijo el Congreso. La Corte lo que tiene que valorar es ese primer decreto que tiene como presupuesto la activación del fast track.
Semana.com: También tienen que decidir esta semana sobre la demanda de Eduardo Montealegre, ¿Qué debe discutir la Corte en este fallo?
L.G.G: Hay una discusión sobre el carácter que puedan tener los acuerdos más allá lo que diga el Acto Legislativo del 2016, en el que hay una demanda sobre la expresión "acuerdos" como tal. Y, si esos acuerdos se integran como "Acuerdos Especiales" de acuerdo al artículo 3 del Convenio de Ginebra. La Corte tiene que hacer un primer balance sobre aptitud de la demanda y si decide pronunciarse de fondo tendría que entrar a ese problema.
Semana.com: Estas dos decisiones, tan importantes, son la antesala de fallos cruciales de la Corte. El alto tribunal se está quedando sin magistrados titulares y no llegan los nuevos, ¿No ve riesgos?
L.G.G: Yo no hablaría de riesgos. La Corte siempre que ha estado en momentos en los que se ha enfrentado a la necesidad de encargar a personas de la magistratura lo ha hecho con la más elevada competencia técnica. Son personas que tienen mucha trayectoria en la Corte, conocimiento del derecho y de la jurisprudencia, compromiso con la labor que deben realizar en la Corte y yo creo que desde esa perspectiva el país debe estar tranquilo que las decisiones que se tomarán en la Corte se harán con las perspectivas de juridicidad y sumisión a la Constitución que deben regir las decisiones de la Corte. Sí se llama la atención en la necesidad de que en una etapa como ésta, donde se tiene una serie de decisiones importantes, es ideal que la composición de la Corte responda a la manera como el Constituyente previó que debiera ser esa composición. Y esto implica que el origen de los magistrados sea en distintas fuentes de postulación: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Presidente de la República, para luego ser elegidos en el Senado. Es deseable e ideal que eso opere siempre, que el recurso a los encargos sea totalmente excepcional y que no se presente una coyuntura donde haya una presencia numerosa de personas en el cargo. Esa es la preocupación y el llamado que yo quiero hacer para que ese proceso avance rápidamente, que no quede la Corte con cierta interinidad en un momento tan importante.
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Semana.com: Esta elección de magistrados concentra la atención de muchos sectores. Para Usted ¿Cómo debe estar conformada la Corte?
L.G.G: En eso soy respetuoso de las competencias que tienen el Presidente y la Corte Suprema de Justicia para la postulación de candidatos. Lo que sí creo es que el diseño constituyente se orienta a tener balance de perspectivas, que en la Corte haya distintas aproximaciones, lecturas y que eso propicie un debate creativo a partir del cual se adopten decisiones con ese contraste de posturas y análisis de distintas alternativas y perspectivas. Eso es positivo para la Corte, para el país, no se trata de cortes unidimensionales, con una sola lectura, y eso hace que las decisiones sean más ilustradas y que sea un debate constitucional bien estructurado.
Semana.com: Qué decirle a esas voces que dicen que la Corte Constitucional está adoptando fallos políticos ¿La corte que sale tropezó en este sentido?
L.G.G: No diría eso. Creo que la naturaleza de las decisiones que debe adoptar la Corte es tan política y en relación con asuntos complejos, que se plantean tensiones tan grandes en la sociedad, que claramente deben tener un soporte argumentativo muy sólido. Lo que le da legitimidad a las decisiones de la Corte es esa fortaleza en la argumentación. Pero eso no quiere decir que no haya divergencias y discrepancias en la sociedad y en la Corte Constitucional. La existencia de esas diferencias en las que he sido participe no le restan la circunstancia, mérito o valor de las decisiones que se tomaron, con perspectivas distintas. El país debe mantener y preservar la confianza en la Corte Constitucional. Es un activo importante para el país, el órgano de cierre de la justicia constitucional. Requerimos que todo el mundo confíe en las decisiones y que así no las compartan sean conscientes que se toman por una Corte que fue configurada para adoptar esas decisiones, para darle anclaje al país sobre la base de que hay quien haga valer la Constitución.
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Semana.com: El país está en medio de una discusión sobre lo que se puede y no se puede tramitar por la vía del fast track, ¿Cuáles deberíamos entender que son los límites que plantea la cCorte para leyes que se tramitan por esta vía?
L.G.G: Esa es una de esas materias en las que no puedo anticipar pronunciamientos porque la habilitación que Acto Legislativo hace para el fast track es muy amplia en términos de implementación del Acuerdo de Paz. Ese es el marco de referencia pero la Corte debería ver cada caso concreto y a medida que se vayan presentando las hipótesis de fast track ir definiendo ese ámbito.
Semana.com: El sector empresarial es muy crítico de la Corte que sale, cuestionan sus fallos por atentar contra la seguridad jurídica ¿Cree que ustedes han incidido en que cale este mensaje?
L.G.G: Hay casos que pueden ser muy notorios y vistosos, que generen ese tipo de percepciones. Creo que la Corte debe trabajar en identificar esos escenarios en los que las decisiones puedan implicar inseguridad jurídica. Sin embargo, en una perspectiva de mediano y largo plazo uno ve líneas consistentes de la labor de la Corte que permiten anticipar las soluciones y eventualmente mirar en dónde puede haber problemas que requieran corrección. Tengo confianza en que la Corte pueda seguir avanzando en el camino de afianzar la jurisprudencia que es lo que da seguridad jurídica. A veces la inseguridad que se le atribuye a la Corte es precisamente la inseguridad que resulta de estos proyectos de tensión social, por ejemplo, la estabilidad laboral reforzada, es cierto que hay derechos de las personas pero también es claro que las decisiones que se tomen impactan los costos laborales de las empresas. Esa es una tensión que existe en la sociedad y la Corte da unas respuestas. No es que la Corte provoque esa inestabilidad, sino que la sociedad demanda definiciones que se dan conforme a los requerimientos de los tiempos, surgen nuevos requerimientos que la Corte tiene que ir revisando.
Semana.com: Ahora el sector minero tiene los ojos puestos sobre el fallo relacionado con la explotación de oro en Marmato. Es un caso que lleva mucho en la Corte Constitucional..
L.G.G: Es cierto que ese fallo tiene un tiempo en la Corte. Hay que atribuirle ciertas vicisitudes procesales de una primera sentencia que finalmente fue declarada nula dado que hubo personas que no fueron formalmente notificadas y que resultaban afectadas por la decisión que tomaba la Corte. Hoy está la ponencia en consideración de la Corte. La relevancia del tema está en que versa sobre una tensión de derechos entre la pretensión de explotación minera de pequeña o gran minería, versus los espacios para la minería tradicional y la formalización de la misma. Hay, entonces, una contraposición de posturas que la Corte debe resolver. Se involucran elementos de consulta previa, participación ciudadana y de derechos adquiridos a la luz del ordenamiento jurídico. ¿Cómo conciliar esos elementos en un contexto de tensión social grande provocado por el mismo fenómeno? Eso lo resolverá la Corte.
Semana.com: Con la Corte que llega se caerán decisiones que fueron divididas en su momento y que aún les caben recursos de nulidad?
L.G.G: No lo enfocaría desde esa perspectiva de pensar que lleguen magistrados que puedan reversar decisiones. Así como hay decisiones que están ampliamente consolidadas y que generan amplios consensos, hay otras decisiones que tanto en la Corte como en la sociedad generan tensiones muy grandes. Y ello implica que hay necesidad de avanzar en el debate: la sociedad avanza y la Corte también. La composición de la Corte va a incidir en qué pesos tengan las fuerzas en ese debate, pero es un proceso positivo para el país, que implica depurar ciertas categorías y no sabemos si se afianza la línea que se viene construyendo o por el contrario se introducen matices o perspectivas distintas. Pero esto es un proceso normal de los tribunales, especialmente cuando ocurren renovaciones grandes como las que ocurren en este momento. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional es sólida. No es fácil que los magistrados nuevos lleguen a hacer giros abruptos, cambios jurisprudenciales, acá hay una tradición constitucional, un proceso de creación de jurisprudencia y son dinámicas elaboradas, trabajadas que pueden producir resultados pero siempre con esa mecánica argumentativa sólida.
