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En el nuevo acuerdo de paz logramos precisiones, ajustes y cambios en el 98 por ciento de los temas abordados: Presidente Santos

 Durante la posesión de Jaime Rodríguez Navas como nuevo magistrado del Consejo de Estado, el Presidente Santos explicó 20 de las 68 modificaciones hechas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el nuevo acuerdo.

"Hoy tenemos un mejor acuerdo para construir una paz más amplia y profunda", afirmó este martes el Presidente Juan Manuel Santos durante la posesión de Jaime Rodríguez Navas como nuevo magistrado del Consejo de Estado.

El Mandatario recordó que para lograr el nuevo acuerdo, "escuchamos las preocupaciones e inquietudes de todos los sectores y logramos precisiones, ajustes y cambios en el 98 por ciento de los temas abordados".

En este sentido, el Jefe de Estado explicó 20 de las 68 modificaciones introducidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el nuevo acuerdo.

Indicó que 6 de dichas modificaciones tienen que ver con la relación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la jurisdicción ordinaria y son las siguientes:

1. La Corte Constitucional puede revisar tutelas contra la Jurisdicción Especial para la Paz.

2. Los conflictos de competencia serán resueltos entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo Superior de Judicatura.

3. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser revisadas por este mismo tribunal.

4. Las obligaciones reparadoras que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz NO alteran la potestad del Consejo de Estado para fijar indemnizaciones monetarias.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz podrá tener colaboración de Fiscalía y celebrar con ella convenios de cooperación.

6. La jurisdicción ordinaria investigará penalmente las falsas denuncias presentadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

El Jefe de Estado se refirió, además, a otras modificaciones que tiene el nuevo acuerdo de paz en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz:

7. Se establece límite temporal a la Jurisdicción Especial para la Paz: 10 años para evaluar informes y 5 años para hacer juicios.

8. Se dice expresamente que esta jurisdicción especial aplicará el Código Penal Colombiano.

9. Se establece un régimen penal y disciplinario para los magistrados.

10. Solo habrá magistrados colombianos en la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque se admite participación de "amigos del Tribunal" con voz, pero sin voto.

11. Se aplican requisitos del Estatuto de Roma en "responsabilidad por mando", para agentes del Estado y guerrilleros.

12. Sobre narcotráfico: El Tribunal evaluará la conexidad de este y otros delitos comunes, caso por caso, siempre que NO haya representado enriquecimiento personal.

13. Se dejó claro que las amnistías NO impiden adelantar acciones de extinción de dominio.

14. Así como los guerrilleros pueden ser amnistiados, los agentes del Estado y terceros pueden ser beneficiados con renuncia de la acción penal.

15. Además, se deja explícito que actuaciones de agentes del Estado se presumen legales.

 

En materia de la restricción efectiva de libertad, el Presidente Santos citó dos modificaciones:

16. La Jurisdicción Especial para la Paz asignará al condenado sitios específicos, para cuando haga labores de reparación, y también para cuando no esté en dichas labores. Además, moverse de estos sitios requerirá autorización

17. La ONU verificará el cumplimiento de estas sanciones.

 

Finalmente, el Jefe de Estado se refirió a las modificaciones relacionadas con la reparación a las víctimas:

18. Las Farc entregarán el listado de bienes y activos para reparar materialmente a las víctimas.

19. Antes de que empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, se iniciará el proceso de recolección de información de personas desaparecidas, tarea en la que trabajarán el Gobierno, las organizaciones de víctimas, Medicina Legal, las Farc y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

20. Las víctimas podrán asistir a los juicios, con lo que, además de lo ya previsto, se garantizará su presencia en todas las fases de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Invitación a darle una oportunidad a la paz

"Solo nos queda invitar a todos los colombianos a darle una oportunidad a la paz con este nuevo acuerdo", dijo el Mandatario y agregó: "Hoy invito, particularmente, al doctor Rodríguez y a todos los consejeros de Estado para que nos acompañen en este camino hacia la paz".

"Es hora de que los colombianos, desde las diferentes orillas y posiciones, sumemos voluntades y esfuerzos para alcanzar una paz que todos queremos", sostuvo el Presidente de la República.

(Fin/fca)

Fuente: http://es.presidencia.gov.co/sitios/busqueda/noticia/161115-En-el-nuevo-acuerdo-de-paz-logramos-precisiones-ajustes-y-cambios-en-el-98-por-ciento-de-los-temas-abordados-Presidente-Santos/Noticia

Comenzó la guerra por la Corte Constitucional

Esta semana las Altas Cortes definen sus ternas para reemplazar cinco vacantes en esa corporación. La elección es decisiva para el país. Estos son los aspirantes y lo que está en juego.

La última elección de un año convulsionado está por darse. Se trata de cinco plazas en la Corte Constitucional, una entidad que por décadas ha marcado el rumbo de las decisiones más trascendentales del país.

Pocas veces en la historia se ha dado tal revolcón. En una entidad de nueve miembros el cambio de cinco es fundamental. Puede determinar nuevas mayorías, nuevos estilos y nuevas apuestas. Por eso, toda la atención de la Rama Judicial y del poder en Colombia está en lo que se decida estas semanas.

Dos ternas saldrán de la Corte Suprema, una del Consejo de Estado y dos de la Presidencia de la República. El Senado tendrá la decisión final antes de terminar su periodo a finales de diciembre.

Esta semana los primeros movimientos los dará la Corte Suprema. El martes citaron para sala plena con el fin de seleccionar los candidatos para reemplazar a los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas en la Corte Constitucional.

En las listas hay 57 aspirantes. Sin embargo, por la importancia de lo que está en juego, algunos consideran que los candidatos son escasos y que la publicidad que se le ha dado al proceso es menor a la que merece.

"Podrían ser buenos pero no se caracterizan por ser sobresalientes en el ámbito judicial o académico, a diferencia de la lista del Consejo de Estado", indicó el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes.

Por el contrario, para el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, sí hay de dónde escoger: "Hay con qué hacer una buena terna y con qué no hacer una buena terna. Depende del buen tino de los magistrados".

Los aspirantes

La lista para reemplazar a Jorge Palacio está conformada por 30 candidatos. En este pulso participan cuatro altos funcionarios de la Procuraduría: la Procuradora General (e) Martha Isabel Castañeda; Alba Cristina Grueso, procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa; y los Procuradores Delegados ante el Consejo de Estado Francisco Manuel Salazar (hoja de vida) y María Patricia Ariza.

Castañeda es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Libre de Barranquilla, lleva más de 30 años en la Rama Judicial y fue designada Viceprocuradora en el 2009. La competencia directa la hace Grueso, esposa de excongresista Pablo Victoria.

Uno de los que tendría más apoyo de la Corte Suprema es el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz (ver hoja de vida), quien también se postuló como candidato a la Procuraduría y fue superado por el exfiscal Jorge Perdomo por apenas un voto. Ruiz es abogado de la Universidad Libre de Cali, tiene posgrado en derecho administrativo y doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Madrid.

En esta lista aparecen el actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Manuel Fernando Quinche (ver hoja de vida), quien también es catedrático de la Universidad del Rosario; Hernán Alejandro Olano (hoja de vida), conservador, fue magistrado auxiliar, especializaciones en derecho administrativo y doctor en derecho canónico, ahora está vinculado a la Universidad de la Sabana, y Camilo Gómez Alzate (ver hoja de vida), quien fue alto comisionado para la paz para el expresidente Andrés Pastrana, fue Superintendente de Sociedades. La Corte Suprema lo candidatizó en el 2008 para llegar a la Procuraduría.

También se postularon Esiquio Manuel Sánchez Herrera (ver hoja de vida), quien renunció como Vicedefensor del Pueblo durante la administración de Jorge Armando Otálora, especialista en derecho penal y disciplinario; Diego Ardila fue contralor de Bogotá, especialización en contratación estatal de la Universidad Externado, y Gloria Amparo Rodríguez (ver hoja de vida), directora de Especialización y de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.

Aparece también Laura Emilse Marulanda (ver hoja de vida), exauditora general, que denunció hallazgos fiscales, administrativos y disciplinarios por el arrendamiento del edificio de Gran Estación 2, durante la administración de Sandra Morelli. Después pasó a ser fiscal encargada ante Tribunal.

En la lista a reemplazar al magistrado Luis Ernesto Vargas participan 27 candidatos. La abogada Diana Fajardo (hoja de vida) es una de las favoritas. Fue magistrada auxiliar y actualmente trabaja en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Se postuló el abogado y doctor de la Universidad de Salamanca Alejandro Ramelli (ver hoja de vida), actualmente es magistrado de la Corte Constitucional; el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Hugo Quintero Bernate y el exfiscal delegado ante la Corte Mauricio Martínez Sánchez, doctor en derecho de la Universidad de Roma.

Aparece Ricardo Enrique Bastidas, rector de la Universidad de Ibagué; Andrew Abela Maldonado (ver hoja de vida), doctor en derecho especializado en derecho comercial; José Joaquín Osorio Ruíz, abogado y economista, que se ha desempeñado como directivo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la magistrada del Tribunal Administrativo del Tolima María Patricia Valencia.

En lista está Luis Fernando López Roca (ver hoja de vida), doctor en Derecho, especializado en derecho público económico y comercial, actualmente árbitro y socio de López Montealegre & Asociados Abogados; Marco Antonio Rueda Soto, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Hay mucha atención sobre el excongresista Carlos Ardila Ballesteros (ver hoja de vida), quien hace apenas un par de años fue el candidato de la Corte Suprema a Contralor. Fue cuestionado por la Contraloría por el manejo dinero cuando fue Presidente de la Cámara, ha sido senador y diputado de la Asamblea General de Santander.

Una elección controversial

"Hemos criticado que parte de los males de la justicia es la politización de las cortes que entró por la Judicatura. Ahora resulta que se están tomando todas las cortes, vienen candidatos que cooptan a los otros tribunales cuando fueron criticados por mala gestión y politización", aseguró Gloria María Borrero.

La Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia expresó que hay profesionales que se inscriben en todos los concursos, pese a no tener un perfil de altura, lo cual está dañando el mecanismo de selección. "Los nominadores deberían hacer un ejercicio de motivación para que las universidades también participen en la inscripción de candidatos. La Corte Constitucional necesita juristas al que les quepa el país en la cabeza".

Al respecto el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes aseguró que la Corte Suprema está a tiempo de incluir en el mecanismo de selección una etapa de convocatoria, ya no cerrada desde el punto de vista de inscripciones individuales, sino que convoque a las universidades para que dada la importancia de esta elección postulen a sus mejores profesionales.

"La gente va y se inscribe pero debería poderse hacer una postulación institucional, echo de menos eso y la Corte lo podría hacer de oficio. En estas listas hay muchos expertos en campos específicos pero la pregunta es ¿si conocen derecho constitucional?", dice.

Para el exmagistrado, Colombia pasa por la "constitucionalización de todo el derecho", lo que demanda perfiles con conocimientos específicos: "En derechos humanos, en derecho económico, estamos viendo sentencias que tienen enormes impactos, se requiere la elaboración de ternas que puedan seleccionar los mejores juristas con conocimientos interdisciplinarios".

Sierra Porto, por su parte, asegura que quien llegue tiene que tener conocimientos, además de derecho constitucional, en áreas como la penal, laboral, derecho administrativo.

"Es una gran falla que la Corte no tenga penalistas, siempre se requiere buen penalista y más ahora para los temas de paz. El reto inmediato es el proceso de paz, cualquier a que sea el diseño de justicia, los temas penales tendrán protagonismo en la Corte Constitucional. Además son comunes las leyes de carácter penal, los temas relativos al narcotráfico y, en general, el tema procesal con población carcelaria tan grande", dijo.

Se prevé que la Corte Suprema en Sala Plena comience a votar sobre los candidatos postulados. En el Consejo de Estado, donde también se adelanta la selección de otra de las ternas, se llevará a cabo una nueva votación. Fue elegida la magistrada auxiliar Martha Paz, y puntean en su orden Antonio José Lizarazo, Rodolfo Arango y Néstor Osuna.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-suprema-terna-para-vacantes-de-la-corte-constitucional/504638

Consejo de Estado eligió a uno de tres

Después de varias horas de deliberación este martes, la elección de la terna del Consejo de Estado para reemplazar al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza en la Corte Constitucional quedó aplazada. Para ser elegido, cada candidato debe lograr 19 votos como mínimo. La única que lo logró fue la magistrada Marha Paz, quien obtuvo el apoyo de 20 magistrados. Antonio José Lizarazo llegó a 17 votos; Rodolfo Arango a 16; Néstor Osuna a 15 y Myriam Ávila a 8.

Fuente: http://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/eleccion-de-la-terna-del-consejo-de-estado-para-reemplazar-al-magistrado-gabriel-mendoza/503956

Fernando Carrillo Flórez, nuevo Procurador General

La Plenaria del Senador eligió con 92 votos al exembajador de Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez como nuevo Procurador General de la Nación. El exministro del Interior y de Justicia obtuvo en los últimos días el respaldo mayoritario de las colectividades políticas por lo que su nombramiento como nuevo jefe del Ministerio Público era de esperarse.

En los últimos días Carrillo –ternado por el Conejo de Estado- recibió el aval del partido de La U, la Alianza Verde, Cambio Radical, Partido Liberal, Opción Ciudadana, parte del Polo Democrático, y a última hora, el del Centro Democrático y el Partido Conservador con lo que consolidó su aspiración. Por esto, antes de presentar sus propuestas en la tarde del pasado martes ante el Senado la elección de Carrillo Flórez era casi un hecho.

En su intervención ante los senadores, el exembajador aseguró que no se puede utilizar un cargo como el de jefe del órgano de control disciplinario para adelantar una persecución política ni poner a la entidad para satisfacer sus intereses personales o los de una colectividad política o social en especial.

"Vengo a ofrecer garantías de equilibrio e imparcialidad y desechar esas ideas que han convertido a la Procuraduría en un instrumento de persecución política", aseguró. Para Carrillo, es necesario reconstruir la legitimidad y la dignidad de las instituciones judiciales del país.

"No soy descendiente del sectarismo político y no creo que tenga que venir a este escenario a cumplir las funciones del procurador como una especie de monopolio de un sector político", precisó. Carrillo finalizó su intervención haciendo referencia a uno de los temas de más coyuntura en el país: el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

"El rol del procurador será el de ser guardián de los derechos de las víctimas, en particular y estar presente en todo lo que representan los instrumentos de reparación", aseguró. Carrillo remplazará en el cargo a Alejandro Ordóñez Maldonado cuya reelección fue anulada por el Consejo de Estado.

En la votación celebrada este martes el exvicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo –ternado por la Corte Suprema- obtuvo (...) votos mientras que la expresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López –ternada por la Presidencia- obtuvo ... (votos).

En la sesión de este jueves la Plenaria negó 26 impedimentos presentados por un grupo de congresistas para participar en la votación. Los senadores argumentaron que tenían familiares cercanos trabajando en la Procuraduría General, relación de amistad con los candidatos o tenían investigaciones activas en el órgano de control disciplinario.

Entre los senadores que presentaron impedimentos se encuentran Álvaro Uribe Vélez, Maríal del Rosario Guerra, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Tania Vega, Jaime Amín, entre otros.

El fantasma de La Catedral

No se ha posesionado y en contra de Carrillo existen dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En las acciones judiciales se indica que el exministro se encuentra inhabilitado para ocupar el cargo puesto que fue sancionado en 1994 por la Procuraduría General por los hechos que rodearon la fuga de Pablo Escobar de La Catedral cuando fungía como ministro de Justicia en el Gobierno de César Gaviria.

El viceprocurador General, Mauricio Echeverry suspendió a Carrillo por 30 días por haber faltado a la organización, dirección y vigilancia de la cárcel La Catedral en Envigado (Antioquia), la cual fue construida exclusivamente para albergar al jefe del cartel de Medellín quien aceptó las condiciones del Gobierno para entregarse a las autoridades.

Tres años después, al resolver un recurso de apelación, el Procurador General, Jaime Bernal Cuellar dejó en firma la sanción disciplinaria. Carrillo no se detuvo y presentó una serie de acciones jurídicas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado argumentando que el órgano de control disciplinario le había vulnerado su debido proceso.

En 2002 el máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que Carrillo incurrió en una falta disciplinaria por lo que se consideró una falla en la "creación, organización y administración del centro carcelario" el cual fue un cuartel personal de Escobar para manejar el negocio de la droga y organizar acciones criminales.

"Así las cosas la conducta del ministro de Justicia es contraria a lo señalado e incurre en falta disciplinaria que amerita la sanción respectiva (...) se evidenciaron una serie de irregularidades en el manejo de la política de sometimiento de la justicia", señaló la ponencia del magistrado Jesús María Lemus, la cual fue apoyada casualmente con Alejandro Ordóñez Maldonado.

Después de esta decisión Carrillo afinó su último recurso ante el recién posesionado procurador General, Edgardo Maya Villazón. El exministro pidió la revocatoria directa de la sanción argumentando falencias en el fallo original frente a la revisión de las pruebas presentadas. Argumentos que el jefe del órgano de control aceptó por lo que tumbó la sanción.

Para los demandantes la decisión de Maya fue totalmente irregular puesto que se ignoró un fallo del Consejo de Estado. Debido a esto consideran que la sanción sigue en firme y Carrillo está inmerso en una inhabilidad.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fernando-carrillo-florez-nuevo-procurador-general-articulo-662492