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Publicado: Viernes, 24, Octubre 2008 16:20
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Escrito por Elección visible - CEJ
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) participó recientemente en una Misión de observación del proceso de selección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Honduras. La Misión -que se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre- fue organizada por la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y estuvo integrada por Katya Salazar, Directora de Programas de DPLF; Eduardo Cifuentes, ex Defensor del Pueblo de Colombia, ex presidente de la Corte Constitucional de ese país y actualmente decano de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes; Thomas Roerdam, Magistrado de la Corte Suprema de Dinamarca; y Ramón Cadena, Director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas.
Aunque la Misión reconoce y valora la decisión del legislador hondureño de incorporar diferentes sectores de la sociedad en el proceso de selección de sus más altas autoridades judiciales, también pudo constatar los diversos obstáculos que existen para lograr un proceso de selección transparente e independiente. La Misión recibió información de diversas fuentes acerca de presuntos acuerdos políticos que estarían llevándose a cabo y que de ser ciertos, solo erosionarían el proceso de selección. Asimismo, se pudo constatar que existe mucha desconfianza en que las listas de candidatos hayan sido preparadas sin presión alguna de parte de los partidos políticos y/o de algunos grupos con intereses particulares.
Al final de su visita, la Misión emitió un comunicado de prensa con sus principales conclusiones y recomendaciones, entre las que se encontraba la necesidad urgente de establecer reglas claras sobre el procedimiento y los criterios que los entes involucrados en el proceso de selección usarán para elegir a los miembros de la Corte Suprema, así como la incorporación de mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad hondureña conocer esta información y como se está llevando a cabo el proceso de selección.
English version
DPLF recently participated in an observation mission of the Honduran Supreme Court selection process. From September 29 to October 3, 2008, Katya Salazar, Programs Director of DPLF, was part of an international mission organized by the International Commission of Jurists (ICJ) sent to Honduras to oversee the selection process of the new members of the Honduran Supreme Court. The other members of the mission were: Eduardo Cifuentes, ex president of the Constitutional Court of Colombia, ex Ombudsman of Colombia and current Dean of the University of the Andes Law School; Thomas Roerdam, Magistrate of the Supreme Court of Denmark; and Ramon Cadena, Director of the ICJ's office in Central America.
Although, the Mission recognizes the positive aspects of the selection mechanism designed by the Honduran legislature, in particular the integration of various societal groups in the selection process of the members of the highest judicial body in the land, the Mission received information from multiple sources about alleged irregularities in the elaboration of some lists, and information concerning alleged political influence peddling, which if true, undermined the selection process. The Mission also verified a widespread distrust in the selection process, and more specifically, a belief that the candidates' lists are a result of political and powerful interest groups interferences.
At the conclusion of the visit, the Mission released a press release with its conclusions and recommendations [Press here (Spanish only)]. Among recommendations, the Mission urged for the immediate adoption of clear rules that will regulate the selection process and provide the criteria used to evaluate the candidates to the Supreme Court. The Mission also recommended the incorporation of transparency mechanisms that would timely and effectively inform the Honduran society on how this selection process is being carried forward. [Press here].
EL MÁXIMO ÓRGANO de justicia constitucional del país renovará seis de nueve magistrados. Trece organizaciones serán las veedoras.
A finales de septiembre, el Consejo de Estado dejó en claro que no permitirá que veedores ciudadanos vigilen los procesos de postulación de candidatos para otros tribunales. Contrario a la posición que asumió la Corte Suprema de Justicia, que aceptó divulgar las actas de las sesiones y permitir que el público conozca el proceso de selección, el Consejo respondió con cajas destempladas una solicitud de la Corporación para la Excelencia en la Justicia para hacer visible la escogencia. El alto tribunal aseguró que sus actuaciones se ciñen a la Constitución y las leyes, y que no requieren controles externos.