A finales de septiembre, el Consejo de Estado dejó en claro que no permitirá que veedores ciudadanos vigilen los procesos de postulación de candidatos para otros tribunales. Contrario a la posición que asumió la Corte Suprema de Justicia, que aceptó divulgar las actas de las sesiones y permitir que el público conozca el proceso de selección, el Consejo respondió con cajas destempladas una solicitud de la Corporación para la Excelencia en la Justicia para hacer visible la escogencia. El alto tribunal aseguró que sus actuaciones se ciñen a la Constitución y las leyes, y que no requieren controles externos.

Sin embargo, la Corporación y su aliada Transparencia por Colombia han logrado avanzar en la Veeduría de Elección Visible, un proceso que consideran necesario en una coyuntura en que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y los jueces genera riesgos para la estabilidad institucional.

Aun así, el peso de la fiscalización ciudadana se vuelve relativo frente a la realidad política que indica que la próxima elección de siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional estará sujeta al juego de intereses partidistas, que también afecta el proceso de selección del nuevo procurador general. La vigilancia externa será útil para detectar, por ejemplo, eventuales inhabilidades de los candidatos, pero no para proteger la elección de influencias políticas.

El tema cobra relevancia en momentos en que el Congreso se prepara para la recta final del año -cinco días de sesiones ordinarias-, durante la cual deberá proveer esos cargos y votar el proyecto de referendo sobre la reelección presidencial, que luego debe pasar a la Corte Constitucional.
Los acuerdos políticos promovidos desde la Casa de Nariño indican que el nuevo procurador será cuota del Partido Conservador, mientras que en la elección de los siete magistrados que se posesionan en febrero y marzo del año entrante, la voz cantante la llevarán los otros partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno.

En estas condiciones, las apuestas sobre aspirantes a la Procuraduría juegan hoy a favor de Rodrigo Escobar Gil, actual magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado, que en los juicios de constitucionalidad ha votado de manera favorable las leyes de origen gubernamental, siempre estuvo matriculado en la línea que orientaba Álvaro Gómez dentro del conservatismo.

En sus marcas...

En cuanto a los que aspiran a la Corte Constitucional, están listos para iniciar el cabildeo en el Congreso, incluso antes de que las ternas estén listas. Y el temor, como lo expresó en reserva uno de los magistrados próximo a terminar período, es que "la independencia de la Corte, una de sus mayores virtudes, será cada vez más relativa".

La Corte que, en caso de ser aprobada, deberá analizar si la ley de referendo se ajusta o no a la Constitución, será renovada en un 80 por ciento en los próximos cuatro meses. Su integración está en manos del Senado, que antes del 16 de diciembre deberá elegir a los reemplazos de los magistrados Manuel José Cepeda y Marco Gerardo Monroy Cabra, que saldrán en febrero, y a los sustitutos de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. De los actuales magistrados, solo permanecerán en la Corte el actual presidente Humberto Sierra Porto; Mauricio González, ex secretario jurídico de la Presidencia, y Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema.
Miembros de la bandada liberal, entre ellos el senador Héctor Elí Rojas, llaman la atención sobre el hecho de que la nueva Corte será la máxima instancia de revisión de las tutelas interpuestas contra varias decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en desarrollo del proceso de la parapolítica.

En agosto, la Corte Constitucional decidió que los delitos cometidos por congresistas a partir del 29 de mayo tendrán una especie de doble instancia dentro de la Corte Suprema, pues los magistrados que instruyen el proceso serán diferentes a los que emitan el fallo. También decidió que no serían admisibles demandas relacionadas con expedientes en curso.

Aun así, los nuevos magistrados podrán modificar esa jurisprudencia y la admisión de una sola tutela podría abrir el camino a decisiones que echarían por la borda el proceso más importante adelantado por la Justicia en los últimos lustros, un proceso con importantes repercusiones para la descontaminación y el saneamiento de la actividad política.

PRIMERA TERNA

De los tres nominadores de ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema es la que más ha avanzado en el proceso. Este miércoles 22 dejó lista una terna conformada por Jorge Iván Palacio, ex magistrado de la Sala Laboral de ese tribunal; Jorge Eliécer Mosquera, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, y Ana Zenobia Giacomette Ferrer, académica y consultora jurídica independiente.

La Casa de Nariño, que llevará la voz cantante en el proceso, según los acuerdos, no ha elaborado aún la suya, como tampoco lo ha hecho el Consejo de Estado.

Cambio / 24 de octubre de 2008