Monitoreo de medios

Majestad disminuida

Por: Cecilia Orozco Tascón

Cuando reparé en ella, la ex magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas, me generó admiración profesional. Ella ocupaba ese cargo en momentos en que el Alto Tribunal tenía que tomar una decisión de hondas repercusiones: la declaración de constitucionalidad del acto que permitiría la reelección presidencial inmediata en el 2005. Vargas era la única mujer entre nueve magistrados, pero antes había descollado en otras partes, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Bogotá y en la Procuraduría Delegada ante la Corte Suprema. Su brillante currículo le dio méritos para hacerse miembro de la Asociación de Magistradas de Latinoamérica y de la Asociación Mundial de Juezas.

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Los retos que enfrenta el sucesor del fiscal Mario Iguarán

El fiscal general Mario Iguarán termina su período el próximo 31 de agosto, y su sucesor será elegido por la Corte Suprema de terna enviada por el Presidente

Pocas veces la elaboración de la terna del nuevo fiscal general de la Nación por parte de la Presidencia de la República se había visto precedida de tanto interés.

La razón para ello es que el sucesor de Mario Iguarán Arana tendrá no solo que demostrar una absoluta independencia frente a la Casa de Nariño, sino que deberá ponerse al frente de trascendentales investigaciones que afectan al Gobierno.

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La Constitución debe reformarse para evitar concentración del poder: constitucionalistas

De ser aprobada una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, la Constitución colombiana debería ser modificada, en temas como la elección de magistrados de la Corte constitucional, para evitar la concentración de poder.

Juan Manuel Charry, ex constituyente, precisó que también se debe reformar la forma en que se eligen a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, de la Junta del Banco de la República y de la Comisión Nacional de Televisión.

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Caracterización de género de las altas cortes

El establecimiento de cuotas es un mecanismo por medio del cual se busca garantizar la efectiva integración y participación política de las mujeres en los cargos de alto nivel decisorio.

La ley estatutaria que abrió la brecha en este tema es la 581 de 2000, la cual llegó a establecer los mecanismos y fundamentados en los mandatos constitucionales que otorgan a las mujeres la efectiva participación a la que tienen derecho en las ramas y órganos del poder público.

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