Monitoreo de medios

Así tumbaron a los magistrados

El Consejo de Estado, en un hecho sin antecedentes en el país, tumbó a un magistrado de la Corte Constitucional y a otro del Consejo de la Judicatura.

Las altas cortes en Colombia, a diferencia de otros países, se convirtieron en la primera década del siglo XXI en el gran referente de la democracia: no solo porque frenaron al presidente Álvaro Uribe en su ánimo de perpetuarse en el poder sino porque la Corte Suprema dio una dura batalla para evitar los excesos de ese gobierno.

Sin embargo, en los últimos cuatro años, cuando esas gestas heroicas llegaron a su fin, comenzaron a quedar al descubierto serias grietas en el Palacio de Justicia. Primero fue el escándalo del carrusel de pensiones en el que magistrados del Consejo de la Judicatura les daban 'palomitas' a jueces a punto de jubilarse para multiplicarles sus mesadas pensionales. Luego vino el escándalo por el crucero que tomó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, acompañada de siete magistrados del Tribunal de Bogotá, que aspiraban a ser elegidos en esa alta corte. Y hace unos meses, el magistrado Henry Villarraga, de la Judicatura, se vio obligado a renunciar luego de que se revelaron grabaciones en las que aparecía al parecer asesorando a un coronel procesado por falsos positivos.

Y lo peor no han sido los escándalos, sino que hasta ahora parecía no haber manera de frenarlos. La reforma a la Justicia, que intentó ponerles 'tatequieto', por el contrario terminó convertida en un orangután. El desespero llegó a tal extremo que el columnista Ramiro Bejarano propuso revocar a los magistrados de las altas cortes y su idea tuvo eco en los editoriales de El Tiempo y El Espectador. Sin embargo, al final, no pasó de ser un grito de indignados.

No parecía, pues, haber luz al final del túnel, hasta la semana pasada cuando el Consejo de Estado, en una salida para muchos sorpresiva, decidió hacer una purga histórica. En un solo día, el miércoles, tumbó a dos magistrados –Francisco Ricaurte, del Consejo de la Judicatura, y Alberto Rojas, de la Corte Constitucional–, y dejó prácticamente sellada la suerte de otro más, Pedro Munar, también de la Judicatura.

Un amplio sector de opinión, fatigado de las anomalías en la cúpula de la Justicia, en lugar de manifestarse abrumado porque tres miembros de la elite de la Justicia fueran 'descabezados', por el contrario aplaudió al Consejo de Estado. La presidenta de ese alto tribunal, María Claudia Rojas, dio un parte de victoria y dijo que "esos fallos marcan una pauta: ¡con esto arranca la reforma a la Justicia!".

La decisión, sin duda, marca un antes y un después porque, en primer lugar, nunca una corte se había metido a tumbar a un magistrado de otro alto tribunal. Y menos tres en un mismo día. Y en segundo lugar, se cierra la conocida como 'puerta giratoria' en las altas cortes. Es decir, ya ningún magistrado podrá saltar de una corte a otra. Incluso algunos de los hoy magistrados que sonaban como futuros candidatos a fiscal general, como es el caso de Leonidas Bustos, ya no les quedará fácil lograrlo. De esa manera, se aleja el riesgo de que el Palacio de Justicia se convierta en una especie de club privado donde se pagan favores con favores.

¿Cómo fue posible? ¿Qué mecanismos se activaron en el Consejo de Estado para llegar a esa decisión?

En el primer caso, el del magistrado Francisco Ricaurte, la demanda pedía anular su elección porque cuando él había estado en la Corte Suprema participó en el nombramiento de la mayoría de los magistrados de esa Corte que luego lo eligieron a él como magistrado del Consejo de la Judicatura. En otras palabras, la demanda pedía que se anulara la elección porque se dio el "tú me eliges, yo te elijo".

Cabe preguntar ¿por qué alguien que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, como es el caso de Ricaurte y de Munar, decide luego saltar al Consejo de la Judicatura? Si bien a la Corte Suprema para cualquier jurista es un honor llegar, en el Consejo de la Judicatura es en donde se tiene el poder para nombrar prácticamente a toda la cúpula de la Justicia. En particular la Sala Administrativa de la Judicatura confecciona las listas de las cuales se nombran todos los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Y estas dos a su vez son las que arman las ternas de las cuales se eligen magistrados de la Corte Constitucional, procurador, contralor y registrador. Además, la Corte Suprema elige al fiscal general.

Es decir, ser magistrado del Consejo de la Judicatura da un poder de nominación, que luego se traduce en un poder burocrático y real, y solo es superado por el del presidente de la República, el procurador o el fiscal.

En el Consejo de Estado, hasta hace un mes, todo estaba dado para que Ricaurte conservara su toga. Gracias a la tradición de las cortes, de hacerse pasito entre ellas, no había mucho ambiente para tumbarlo. Incluso, se pidió que se practicaran pruebas para demostrar que Ricaurte sí había estado presente cuando en la Corte Suprema eligieron a la mayoría de los magistrados que luego lo eligieron a él, pero la sala plena del Consejo de Estado, por 16 votos contra cuatro, dijo que no era necesario. Es decir, en ese momento, Ricaurte tenía mayoría a su favor.

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Maya fue ternado bajo presión, dice Corporación Excelencia en la Justicia

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo en Mañanas BLU que la candidatura de Edgardo Maya para la terna en la Contraloría fue bajo presión y aseguró que "esta es una elección política".

"Me resisto a creer que hay presiones de políticos, pero de que hay presiones, hay presiones", reafirmó Gloria Borrero.

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia también criticó que "no se eligen personas para el periodo completo, porque Edgardo Maya dentro de un año y medio le va a tocar retirarse porque va a cumplir 65 años".

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Corte Constitucional responde a señalamientos en los que se vio involucrada esta semana

Como "regalo envenenado" calificó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, las funciones electorales atribuidas al alto tribunal, a raíz de la polémica que despertó la postulación del exprocurador Edgardo Maya Villazón como su candidato a la Contraloría General de la República.

El magistrado defendió la transparencia de las actuaciones de la corporación y afirmó que la inclusión de quienes ya habían sido excluidos del proceso, como en el caso de Maya, no fue caprichosa, sino que se debió a un análisis concienzudo acerca del alcance del artículo 77 de su reglamento interno.

Vargas indicó que en la Sala Plena se plantearon dos interpretaciones de la norma como salida a la falta de definición de los electores. La posición defendida por los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio, afirmó, apuntaba a que se iniciara otro proceso, con nuevos aspirantes. A juicio de los juristas, la disposición no permitía tener en cuenta los nombres de quienes se presentaron en los dos procesos previos y fallidos de votación.

Sin embargo, la interpretación que se impuso fue que había lugar a la participación de todos los aspirantes, incluso aquellos que habían salido del proceso, sin que fuera necesario integrar una nueva lista; ello porque se trata, precisamente, de la salvedad incluida en la disposición, para no tener que adelantar una tercera convocatoria.

Frente a la decisión de Calle y Palacio de abandonar la Sala sin participar en la votación, el presidente de la Corte explicó que el inciso 5º del artículo mencionado se refiere al voto como de carácter obligatorio. Vargas recalcó que es reiterado el incumplimiento del reglamento por parte de algunos de sus colegas, sin señalar nombres propios, y repudió que también se filtren ponencias y otros asuntos sometidos a reserva.

El jurista insistió en que se optó por esta salida en defensa del principio de confianza legítima, y que las conclusiones del alto tribunal frente a este asunto tan controversial fueron producto de un arduo debate, en el cual se analizaron varias salidas, sin presiones. Vale mencionar que en declaraciones posteriores a medios radiales reconoció que magistrados de la Corte fueron invitados a una comida con el expresidente Ernesto Samper en casa del fiscal Eduardo Montealegre, donde se habló del tema.

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Analistas aseguran que remezón en las Cortes es un paso a la transparencia

El Consejo de Estado anuló en dos fallos diferentes, la elección de dos magistrados: uno de la Corte Constitucional y el otro del Consejo Superior de la Judicatura. Analistas ven con buenos ojos la decisión.

Un paso a la transparencia y hacia la Reforma a la Justicia dio el Consejo de Estado a la hora de decretar las nulidades de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y de Alberto Rojas Ríos de la Corte Constitucional.

Esa fue la opinión generalizada de diversos sectores, tras las decisiones que tomó el Consejo de Estado al encontrar vicios en el proceso de elección de ambos juristas.

Sin duda la decisión más importante es la que tiene que ver con Ricaurte, porque no solo acaba con el fenómeno de "yo te elijo, tú me eliges" que estaba rondando en las Altas Cortes, sino que manda un mensaje muy duro a toda la Rama Judicial para actuar de forma transparente, dejar los favores a un lado y los amiguismos y llevar a cabo esa capacidad de nombrar a los colegas de otras Corporaciones con base en criterios claros.

No se trata que el jurista Francisco Ricaurte no sea una persona capacitada, se trata que llegó a la Sala Administrativa de la Judicatura porque lo eligieron los magistrados que él ayudó a elegir en la Corte Suprema de Justicia.

Para la propia presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, la decisión es la primera base para una reforma judicial y, en consecuencia, una demostración que no todo necesita una modificación a la Constitución o a la Ley sino un trabajo a conciencia de los llamados a sentar jurisprudencia en el país.

Por su parte, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ, Gloria María Borrero), se trata de un llamado a la probidad, transparencia y lucha contra la inadecuada burocratización de la justicia.
"Esta decisión sienta un precedente para acabar con la denominada 'puerta giratoria' y el clientelismo judicial en las Altas Cortes", señaló.

A su turno, el constitucionalista Eduardo Cifuentes, estimó que la decisión puede parecer drástica pero que deja lecciones claras a la Rama Judicial. Esto, ya que la Sala Administrativa de la Judicatura no solo maneja el presupuesto de toda la Rama sino que tiene un papel en la conformación de los Tribunales y las Altas Cortes.

"Ese proceso que es autónomo tiene que llevarse a cabo con base en principios de transparencia y que no exista duda alguna de conflictos de interés o de favoritismos o de imparcialidad, buscando siempre que los elegibles sean las personas más meritorias. Por consiguiente, la decisión del Consejo de Estado está mandando un mensaje dada la función tan vital como la que cumple la Sala, es decir, toda la integración de la Rama", señaló.

Pero también es un mensaje para la Corte Suprema de Justicia que ahora deberá de nuevo iniciar el proceso para elegir al reemplazo de Ricaurte, a fin que no caiga en el mismo error que tiene, además, con un pie afuera de la Judicatura al magistrado Pedro Munar Cadena, cuya elección también fue demandada por los mismos hechos.

De hecho, uno de los demandantes en el caso de Ricaurte, el reconocido jurista Rodrigo Uprimny, señaló que la salida de Munar deberá ser la próxima decisión a tomar por el Consejo de Estado.

"La decisión tiene un doble efecto pues resuelve un caso particular y tiene un precedente judicial", precisó el jurista, al ser preguntado por el caso del magistrado Pedro Munar, cuya elección también es estudiada.

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