La escritora y periodista irlandesa, Ana Carrigan, dijo que el futuro de la investigación que se adelanta por el holocausto del Palacio de Justicia depende de la elección del sucesor de Mario Aguarán Arana.

Para la autora del libro "El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana", el Ejecutivo no debería tener ninguna ingerencia en el nombramiento del jefe del ente acusador e investigador, teniendo en cuenta la independencia que debe caracterizar a un funcionario que ocupe ese cargo.

En entrevista con el ElEspectador.com, manifestó que una decisión de esa naturaleza debe estar en manos de la Corte Suprema de Justicia, no sin antes lamentarse por el hecho de que una investigación de tanta trascendencia histórica esté en manos de sólo dos personas: el Fiscal General y el delgado para el respectivo proceso.

Según advirtió, este y otros errores de la Constitución de 1991 hacen visible la necesidad de una nueva carta política, que ponga fin a los viejos vicios que han perdurado en el sistema político colombiano y que terminaron permeando incluso a los que pugnaban por la transformación, como lo fue la guerrilla del M-19 que, luego de constituirse en partido político, se convirtió en la primera fuerza de la Constituyente.

Giovanni González: ¿Podría ocurrir algún hecho inesperado que evite que se sigan adelantado los procesos en contra de militares involucrados en los hechos delictivos que rodearon la tragedia del Palacio de Justicia?

Ana Carrigan: Todo depende de lo que va a pasar en la Fiscalía. La persona que llegue allí es la que va a definir esto, creo. Sabemos que el procurador quiere terminarlo; eso no es ningún misterio, pues ya lo ha dicho. Entonces, ¿quién queda? La Corte Suprema y el fiscal. Eso es gravísimo.

G. G. Entonces, para usted es determinante la elección del fiscal también frente al tema del holocausto.

A. C. Yo creo que sí; creo mucho en el trabajo que ha hecho Ángela María Buitrago, que es tremendamente valiente y muy capaz. En el epílogo que escribió Constanza Vieira para mi libro se ve cómo ha sido su esfuerzo para llegar a este momento; eso es fascinante, creo. El problema es que la situación es muy frágil, porque todo depende de que ella pueda seguir en su trabajo y que salga cuando tenga que salir. ¿Cómo puede ser que un país dependa de dos personas para que haya justicia en el caso más importante?

G. G. ¿Diría que la toma del Palacio de Justicia es otro punto de quiebre en las diferentes etapas de violencia que ha vivido el país?

A. C. Es otro golpe mortal a las posibilidades de paz. Lo que pasa con el Palacio es que tiene sus propias características: trajo la guerra sucia a la cuidad capitalina, trajo todas sus técnicas, que llegaron a ese edificio: las desapariciones, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales. Todo eso trajo la toma, por una política muy definida, muy clara de quienes en ese entonces estaban manejando ese sector del Ejército colombiano y por el hecho de que el Gobierno no quiso, no fue capaz de enfrentarse con esa decisión de terminar con todo.

Es muy serio que esto haya sucedido, pero es increíblemente serio que después se acentuó la impunidad en el caso y con la complicidad de mucha gente, incluso, con la de algunos de los magistrados, que ayudaron a que la versión oficial tuviera éxito. Tomemos el caso del magistrado Gaona, que era el más brillante, después de Reyes. Ahí empiezan los misterios. Hay fotos de él, que fueron tomadas por fotógrafos que trabajaban para el periódico Voz.

G. G. ¿Nunca supo por qué quienes vieron salir con vida al magistrado, entre ellos periodistas, no lo dijeron públicamente?

A. C. Inmediatamente después de la toma hay varias versiones de su muerte. Conozco y he leído las declaraciones de Hernando Tapias, de Samuel Buitrago, de Aidé Anzola, y todos están de acuerdo en que Manuel Gaona murió dentro del Palacio, al final de la toma. Tapias dice que lo vieron acribillado por la guerrilla dentro del baño; los que dicen eso dicen que también vieron acribillado en le baño a Carlos Urán (consejero de Estado); dice otro que lo cogieron en un fuego cruzado en las escaleras, saliendo del baño, y hay otros que dicen que fue muerto cuando cruzaba la puerta del baño. Hay tres versiones y sólo una puede ser verdad.

Tienes dos fotos, tienes las versiones, tienes las declaraciones de la gente que los vio y tienes el hecho de que despareció y apareció de la misma forma que Carlos Urán. A ambos los encontraron el viernes (7 de noviembre del 85), por la mañana, después de haberlos buscado por todas partes. Un médico los encontró juntos, con Andrés Almarales en un cuartito, en la morgue, con un tiro de gracia en la sien. Eso, para mí, quiere decir que debería haber una investigación y que la gente que lo vio, que en ese momento tenía tanto miedo porque había mucha presión, muchas amenazas, cuente lo que sabe bajo juramento.

G. G. ¿El hecho de que en sus salvamentos de voto ante decisiones de la Corte los magistrados Gaona y Reyes hayan mostrado posiciones encaminadas a trasladar a la jurisdicción ordinaria casos que se dirimían en los despachos de Justicia Penal Militar también es un indicio?

A. C. También lo es. Lo que yo pienso es que es muy conmovedor cuando el hijo de Manuel Gaona llega y me busca. Lo hizo en junio, porque nadie le había querido creer su historia. Él fue a la Comisión de la Verdad y le dijeron que no, que estaba equivocado. La mujer d Gaona y sus cuatro hijos han sufrido mucho, por eso quieren saber la verdad y van a llevar ese caso a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos). El país también debería estar clamando, como lo está haciendo ahora la familia, para que le digan la verdad de lo que pasó

G. G. Teniendo en cuenta que las autoridades ya habían descubierto previamente el plan del M - 19, ¿usted cree que había un plan de los militares para acabar con el Palacio de Justicia?

A. C. Es muy peligroso especular cuando uno no tiene pruebas y yo no tengo pruebas de eso. El hecho es que obraron como si tuvieran un plan, es cierto. El problema es que uno se pregunta por qué esta complicidad del Gobierno, que tenía que dar la orden (del cese al fuego) y si no estaba en capacidad de hacerlo, creo yo, tenía que decir: señores, yo renuncio.

G. G. ¿Eso demuestra que todos los poderes estaban permeados por los militares?

A. C. No se sabe, porque nadie lo sabe y esa parte no ha sido investigada. La Fiscalía no está mirando qué fue lo que pasó entre el Gobierno y los militares. Para saber lo que pasó allá, no tenemos sino la versión oficial. Todos: la Comisión de Acusación, el Congreso, la prensa y los demás la apoyaron.
G. G. ¿Ahí no se evidencia entonces que sí había un interés de encubrirlos por el poder superior que ellos tenían sobre los demás entes estatales?

A. C. Hay un interés en hacerlo porque son esenciales para el sistema de Gobierno que tiene Colombia. Yo no diría quién tiene la más grande responsabilidad, porque a mí no me interesa poner el dedo y decir: ese general, ese coronel, ese mayor fueron unos torturadores, unos matones, no, de eso no se trata mi libro. A mí lo que me interesa es el carácter del régimen y la forma como este se ha perpetuado. La pregunta es, ¿a dónde va esto?

G. G. ¿Ese esfuerzo del año 91 por trasformar nuestra realidad institucional sí fue tal o fue una repetición de las falencias que nos aquejaban hasta ese momento?

A. C. Tristemente, lo que estamos viendo es que es una repetición. Había mucha gente que tenía toda la intensión y los deseos, pero les entró por la puerta de atrás una cosa muy débil, que estamos viendo ahora, y es que dejó al Ejecutivo el poder de nombrar al Fiscal que tenía que juzgar a todos, un funcionario que debería ser nombrado por la Corte Suprema. Todo el mundo, incluso Antonio Navarro, estuvo de acuerdo con eso. Pensarían que algún día serían presidentes y no hubieran querido que un hombre en la Fiscalía los estuviera juzgando, de manera independiente.

G. G. Es decir, según argumenta, los mismos que lucharon por producir esa transformación terminaron permeados por los viejos vicios. Hoy, ¿cuál es la alternativa?

A. C. Una nueva Constitución. Algún día alguien tiene que ser serio, si quieren que este país llegue a ser realmente una democracia, porque eso quiere decir que hay un Estado de Leyes. Cuando existen esas condiciones no podría haber personas amenazadas por lo que piensan o por lo que hacen.

El Espectador / 05 de noviembre de 2009