Lo que ahora le corresponde a la Corte es responder con altura y espíritu democrático el sensato llamado a la reflexión que le ha hecho el Presidente Uribe. La Corporación está en mora de honrar su obligación constitucional de elegir al Fiscal General, de la terna que ya le ha sido enviada en forma legítima y oportuna.
Si la Corte Suprema de Justicia no está haciendo política, como esperamos que así sea, deberá elegir al Fiscal General de la Nación, ya, sin más dilaciones. De lo contrario, estará fallando en materia grave no sólo por el incumplimiento de su deber constitucional de designarlo, sino porque da el mensaje de estar debilitando la institucionalidad del país.
El país no puede aceptar las continuas salidas mediáticas de los magistrados Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla, presidente y vicepresidente de la Corte, para reiterar que cada terna que presenta el Presidente Álvaro Uribe, es inviable, sin razones constitucionales y legales debidamente sustentadas. ¿Acaso no fue la misma Corporación la que solicitó en julio, en forma apremiante, la presentación de la terna, pues consideraba nociva una interinidad en el segundo cargo más importante de Colombia?
El Presidente Uribe ha sido prudente y respetuoso, como debe ser, con el Alto Tribunal. Oyó a la mesa directiva de la Corte y acató sus objeciones frente al postulado Juan Ángel Palacio, quien renunció. Los magistrados Ibáñez y Arrubla manifestaron que ante dicha renuncia el impasse quedaba superado. En consecuencia, el Presidente recompuso la terna e incluyó al jurista Marco Antonio Velilla, Consejero de Estado.
Así las cosas, los colombianos creíamos que la Corte procedería a realizar las votaciones para elegir al Fiscal y que, por fin, Colombia iba a conocer el nombre del sucesor de Mario Iguarán. Pero no. De nuevo la Corporación declara inviable la terna y lo hace también en forma mediática y verbal, con ausencia de argumentación legal, basándose en posiciones subjetivas y no en lo que le ordena la Constitución.
Lo mínimo que debe hacer cada rama del poder público es cumplir con la Carta Fundamental. Y es claro el procedimiento para la elección del Fiscal General: el Presidente de la República tiene como función exclusiva e indelegable conformar la terna. La Corte Suprema debe elegir a uno de los tres postulados, si reúne los requisitos exigidos.
En la presente elección, los ternados cumplen las condiciones, y aún en el caso de la primera terna, ya que la sola denuncia al ex consejero Palacio no lo inhabilitaba, porque no había una sentencia que lo condenara.
No le es permitido a la Corte Suprema ir más allá de lo establecido en la Constitución. Y si bien es deseable que el Fiscal sea experto en derecho penal, también es cierto que un abogado probo, idóneo y con reconocida trayectoria en el mundo del derecho, se encuentra capacitado para entender las difíciles y complejas situaciones criminales. Han existido destacados Fiscales Generales cuya especialización no era el derecho penal. No comprendemos el empecinamiento de la Alta Corporación en esta exigencia, máxime cuando el mismo constituyente primario no la impuso.
El compromiso histórico de la Corte Suprema de Justicia es con el Estado de Derecho. Su responsabilidad con Colombia es hacer primar la defensa de la institucionalidad y el bien común sobre cualquiera otra consideración, aún sobre la sapiencia penal que anhela. Y nunca con el desgobierno que algunos quieren instaurar. Nos negamos a creer, como muchos colombianos ya lo afirman, que la Corte Suprema de Justicia sea un partido más de la oposición. Señores Magistrados, simplemente cumplan la Constitución y voten la terna como es debido.
El Colombiano / 03 de noviembre de 2009