La manera como los individuos entienden los límites que el interés público les impone a sus conversaciones privadas marca la diferencia de talante cuando ejercen como gobernantes. Un ejemplo clásico lo aportan Antanas Mockus y Paul Bromberg cuando, al gobernar en Bogotá, impusieron un principio básico de comunicación institucional: "Todo lo que no se pueda hablar en público no se debe hablar en privado". Ese principio, además de cerrar el paso a chismosos y corruptos, forzaba un comportamiento de los funcionarios públicos más cercano a la primacía de las instituciones que al interés personal.
Por su parte, siete años de gobierno de Álvaro Uribe han servido para demostrar un talante distinto. "Lo que se habla en privado debe trascender a lo público, pero solo cuando convenga a los intereses del gobernante y en la parte que lo favorezca". Es lo que se confirma, ya no solo en los casos de la 'Yidispolítica', los 'falsos positivos' o el escándalo de Agro Ingreso Seguro. También se comprueba con la disputa que sostiene con la Corte Suprema por la elección del Fiscal.
Es lo que ocurrió en el pasado consejo comunal en Ibagué, cuando, al referirse al tema, el presidente Uribe descalificó a los magistrados de la Corte acusándolos de estar abusando de sus prerrogativas. Dejó ver que no entendía por qué, luego de recomponer la terna, los magistrados insistían en considerarla inviable, si el presidente y el vicepresidente del alto tribunal habían aceptado en una reunión con él que "el problema se reduce a las grabaciones del doctor Juan Ángel Palacio".
Lo que el presidente Uribe no dice es que, tanto en la reunión que sostuvo con la corporación en el Palacio de Justicia, como en la reunión en la Casa de Nariño, los magistrados sí le expusieron los argumentos por los cuales consideraban que la terna era inviable. Y las objeciones no solo se redujeron a las conocidas grabaciones del ex magistrado Palacio. También le pusieron sobre la mesa argumentos difíciles de salvar en los casos de Virginia Uribe y Camilo Ospina, para una posible elección como Fiscal General. Por eso, harían bien en hacer públicas esas objeciones porque, además de demostrar que institucionalmente fueron leales con el Presidente, también les van a permitir a los ciudadanos entender que la Corte no está abusando de sus prerrogativas.
El problema está en que, en su empeño por desprestigiarla, el Presidente está llevando las tensiones más allá de los ámbitos de la relación institucional. Cuando afirma que "no es admisible que jueces de la República vayan a las direcciones de los periódicos a pedir que descabecen periodistas, porque esos periodistas son críticos de decisiones de jueces de la República", Uribe está poniendo al periódico EL TIEMPO ante la difícil decisión de hacer pública una conversación privada. La apuesta presidencial es dura. Si EL TIEMPO se abstiene de comentar públicamente la reunión con la sala de gobierno de la Corte, deja a los magistrados en una situación que los descalifica como jueces; pero si se decide a hacerla pública, deja en entredicho al Presidente.
Los magistrados han negado haber hecho tal petición, lo que también supondría una exigencia de claridad al periódico sobre los acontecimientos. No puede ser legítimo un juez que no solo solicita la cabeza de quien lo critica, sino que luego -cuando se le pide claridad- niega haber hecho ese pedido.
Eso hace que no todo sea negativo. Los llamados y convocatorias por discutir de frente al pueblo, sobre todo en la elección del Fiscal, no solo van a forzar a que tengan un papel más claro los medios y los periodistas en la elección. También van a tener la ventaja de no permitir que cualquiera sea elegido como Fiscal General y que quien aspire a serlo sepa muy bien que, una vez en el cargo, va a tener que aplicar el principio de que "todo lo que no se pueda hablar en público, jamás se deberá hablar en privado".
Pedro Medellín Torres
El Tiempo / 02 de noviembre de 2009