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Alocución. En un hecho poco usual, el presidente Álvaro Uribe, se dirigió anoche a todo el país para dar su posición frente a la terna.
Colprensa / El País
El Presidente respondió anoche al tribunal que mantiene la terna de candidatos para el cargo.

Basándose en la Constitución Nacional, el presidente Álvaro Uribe Vélez ratificó anoche su decisión de mantener intacta la terna para elegir al próximo Fiscal General de la Nación, y le argumentó a los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, que en la ley no se exige a los postulados un perfil penalista. Acto seguido les pidió reflexionar.

Hacia las 7:00 p.m., el presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, informó que por segunda ocasión y de manera unánime, este alto tribunal rechazó las candidaturas de Camilo Ospina, Virginia Uribe y Marco Antonio Velilla, terna que calificó como "inviable".

La noticia fue presentada por Ibáñez al Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien le comunicó al Jefe de Estado la reiterada negativa de la Corte en aceptar la terna.

De inmediato, el Mandatario decidió que su respuesta sería pública mediante una alocución presidencial.

Desde Cartagena, Uribe explicó que "se ha dicho que se necesita un penalista. Eso no está en la Constitución, es un requisito extra, puede ser respetable como criterio, pero también es respetable el otro criterio que se envíen personas que reúnan los requisitos constitucionales así no sean penalistas", dijo.

De esta manera, el presidente Uribe le aclaró a la Corte Suprema la negativa del Gobierno para cambiar a los candidatos propuestos para ocupar el cargo de Fiscal General.

Sin embargo, el Mandatario exhibió una faceta diplomática: "Nuestro gobierno, de pura estirpe democrática, es respetuoso de las instituciones, pero también de sus fueros que son sus obligaciones, por eso pido esta noche a la honorable Corte Suprema una reflexión".

El discurso del presidente Uribe se basó en el proceso llevado a cabo para la elección de los candidatos.

En principio, explicó que la Presidencia consultó con la Fiscalía y la Procuraduría, si los ternados (entonces figuraba Juan Ángel Palacio, quien fue reemplazado por Velilla), tenían antecedentes que prohibían su postulación.

Ante el visto bueno, el Gobierno publicó en la página de internet las hojas de vida sin recibirse ninguna objeción.

Posteriormente, aparecieron unas grabaciones que comprometían al candidato Palacio que detuvieron el nombramiento del Fiscal.

Por eso Uribe se reunió en dos oportunidades con la Corte.

En la primera "les pregunté por cada uno de los ternados. Del doctor Palacio les pregunté si las grabaciones les creaban una preocupación insuperable, me dijeron que sí".

Luego Uribe reveló que los magistrados le manifestaron que a la doctora Virginia Uribe "le había ido muy mal en la audiencia. Pero les dije si eso es una objeción insuperable y me contestaron: no es insuperable"; luego, sobre Ospina "me contestaron que no había objeción".

Sobre la segunda reunión, Uribe resaltó que el Gobierno buscó el mejor reemplazo de Palacio, bajo las mismas características, y que por eso se sentía "muy preocupado" por las decisiones de la Corte sobre la terna.

Corte pide rectificación

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada María Mercedes López, que rectifique las declaraciones en las que afirma que la Judicatura revisa tutelas porque la Corte no acepta hacerlo.

Las declaraciones de la Corte se dan después de la polémica suscitada por el fallo que benefició a la ex representante a Sandra Arabella Velásquez, condenada por la Corte a seis años de prisión.

Esa decisión también causó roces en la Sala Disciplinaria, donde López se enfrentó con sus colegas de sala.

Respaldos

La posición de la Corte Suprema tiene el respaldo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Asimismo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, respaldó la decisión de declarar inviable a los aspirantes, lo que ha generado roces en el interior del órgano judicial.

El País / 30 de octubre de 2009