Los presidentes del Consejo de Estado, Rafael Ostau De LaFont; del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López; y de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, respaldaron la posición de la Corte Suprema de Justicia al declarar inviable la terna para Fiscal General de la Nación.

"Respetando la condición personal y profesional de los ternados, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial acordó solidarizarse oficialmente con tal posición, una vez analizados detalladamente sus argumentos y compartiendo los criterios expresados por la Corte Suprema, que son de conocimiento público", precisó la magistrada Mercedes López.

De igual forma, López comunicó la preocupación de la Comisión por el hecho de que personas que puedan tener interés directo, o como apoderados en procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación, puedan participar en el proceso de selección del reemplazo de Mario Iguarán Arana.

Para los presidentes de las altas cortes los únicos que tienen la vocería frente al tema de la elección del Fiscal General son el presidente Álvaro Uribe a quien "se le respeta el fuero y la autonomía para seleccionar los nombres de la citada terna", al igual que al presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, para realizar la elección.

No más cambios

Entre tanto, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, reiteró que el Gobierno no realizará nuevos cambios en la terna. Al respecto señaló que "ya quedó otra vez reintegrada la terna, así cumple el Presidente (Uribe) con su deber constitucional de enviar las tres personas que llenan los requisitos para el cargo", dijo.

Ahora, agregó Valencia Cossio, es la Corte Suprema de Justicia la que debe proceder a elegir el nuevo Fiscal General.

El Nuevo Siglo / 23 de octubre de 2009