Ahora que el Gobierno reintegró la terna de aspirantes, es tiempo de que la Corte Suprema siga adelante con la crucial elección del nuevo Fiscal.

En el tortuoso proceso de la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, que ya lleva tres meses, se abrió el miércoles un nuevo capítulo con la decisión del Gobierno de incluir en la terna al consejero Marco Antonio Velilla. Después de que la Corte Suprema de Justicia rechazó hace más de un mes la terna original por "inviable", la Casa de Nariño tuvo varios encuentros con el alto tribunal y, ante la salida de Juan Ángel Palacio, incluyó el nombre de Velilla, magistrado del Consejo de Estado.

Sin embargo, al reaccionar ante el anuncio del Ejecutivo, el presidente de la corporación, el magistrado Augusto Ibáñez, insistió ayer en la "inviabilidad" de la nueva terna compuesta por la Presidencia de la República. Para el jurista, la sustitución de Ángel por Velilla no resuelve la crítica central a los postulados en su conjunto por su falta de "idoneidad, de independencia y de probidad" -requisitos que los magistrados afirman que los candidatos no cumplen-. Lo que la Corte busca es que el Gobierno, en vez de remplazar aspirantes, nomine unos nuevos.

A juzgar por las declaraciones iniciales de su vocero, es inquietante la respuesta que puede dar el alto tribunal en una crisis que muchos analistas ven como un nuevo choque de trenes institucional. A la sinsalida del rechazo de la terna original -que la Presidencia defendía como ajustada a la ley y los magistrados atacaban por "inviable"-, el Ejecutivo aprovecha la renuncia de Ángel y aporta un nuevo aspirante, quien cumple con los requisitos que la Constitución le exige y cuyo nombre no está rodeado de polémica.

La postura del alto tribunal -que respaldó ayer la rama judicial en pleno con su Comisión Interinstitucional- alarga y agrava de manera innecesaria este pulso entre los dos poderes públicos en la selección del nuevo Fiscal. La validez jurídica de la tesis de la competencia de la Corte Suprema para imponer requisitos adicionales a los contemplados en la Carta Política -como la de ser especialista en derecho penal- sigue en entredicho. Asimismo, no deja de preocupar que, en términos prácticos, los magistrados puedan estar ejerciendo un poder de veto sobre la escogencia del Ejecutivo sin contar con claras atribuciones legales para hacerlo.

La inclusión del consejero Velilla es una aceptación tácita del Gobierno de que las denuncias sobre uno de los miembros del grupo original ameritaban una reconformación y de que el solo apego a la letra de la ley en la hoja de vida de los candidatos no era suficiente ante los desafíos del cargo que se va a proveer. Este ejercicio de reflexión de la Casa de Nariño -que se puede interpretar como una concesión en este mano a mano- abre una oportunidad que bien podría aprovechar la Corte para clausurar definitivamente este choque por la elección del Fiscal.

A nadie le puede interesar más que al Presidente que la Fiscalía quede en buenas manos, habida cuenta de la responsabilidad de esa rama del poder en el diseño y ejecución de la política estatal de lucha contra el crimen. Aún quedan varios días para que el tribunal en pleno aborde oficialmente este espinoso asunto. Tiempo precioso para que evalúe con cabeza fría y serenidad las implicaciones de mantener en el limbo esta crucial elección y responda al punto medio que la Presidencia de la República les ofrece con la postulación de Velilla.

Ya es hora de que la Corte Suprema de Justicia escoja al Fiscal General de la Nación de la terna que el presidente Álvaro Uribe envía por segunda vez. Es tiempo para resolver la peligrosa interinidad en esta entidad, que se traslada automáticamente a importantes investigaciones, procesos y decisiones judiciales.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

El Tiempo / 23 de octubre de 2009