Por Javier Darío Restrepo

Tan míticas son la objetividad del periodista como la asepsia política en las cortes, o en cualquiera institución. El periodista no es objetivo, aunque así lo proclame, porque es un ser inteligente, con pasiones, que ama y odia, y que opta, como toda persona libre.

El magistrado actúa políticamente porque es parte de una sociedad, porque tiene el derecho y el deber de actuar guiado por el bien común y, si ustedes me apremian, porque los humanos somos animales políticos y eso no desaparece cuando un magistrado viste su toga.

Si en los próximos meses la Corte Constitucional decide que la ley de referendo es constitucional, estará obrando también de modo político; lo mismo sucedería si decidiera que la ley votada por los 85 representantes es inconstitucional.

Un orden jurídico que no consultara lo político dejaría de ser una creación inteligente y se convertiría en magia e irracionalidad. Las invocaciones del Ministro del Interior al orden constitucional el día en que los magistrados devolvieron la terna para fiscal, además de ser unas manifestaciones oportunistas y acomodaticias, obedecían al criterio fundamentalista de que la ley es lo que tiene que ser así, sobre todo cuando a uno le conviene.

Si las leyes se hacen para el hombre, y no el hombre para las leyes, para que ellas sean buenas deben consultar el bien común y no el bien particular de un gobernante que necesita procurador, magistrados, congreso, ministros, junta del Banco de la República, ciudadanos, prensa y fiscal de bolsillo.

La experiencia de las ternas de uno con que mañosamente se le ha hecho esguince a la constitución que, por razones obvias, no quiere dejar el nombramiento de fiscal a voluntad y capricho del presidente sino contar con el criterio moderador de la Corte, les enseña a los magistrados que no deben consentir en una burla múltiple.

Con esas ternas tramposas el presidente burla la ley; se burla de los que entran a figurar allí en el papel de comodines, y se burla de la ciudadanía que reclama una fiscalía independiente del poder presidencial.

Por tanto, la de la Corte Constitucional es, además, una necesaria acción política en que la defensa del bien común asume la forma de prevención de la impunidad.

Después de los repetidos intentos para obtener una legislación favorable a la impunidad de los congresistas cercanos al gobierno, acusados por parapolítica, un fiscal cercano al presidente Uribe y defensor de su política, se convertiría en la definitiva garantía de la impunidad para los más de 80 congresistas procesados por asociación con los paramilitares.

Salta a la vista el descomunal daño que se le haría al país con esta cuasilegitimación de las prácticas de paramilitares al servicio de los políticos, o de políticos al servicio de paramilitares, prácticas que, a pesar de su condición de crímenes contra la humanidad según la determinación reciente de la Corte, gozarían de la manga ancha de un fiscal permisivo.

No es un mal de poca monta el que se le ha hecho a Colombia con la parapolítica. Las alianzas de políticos y delincuentes, que impusieron en regiones enteras el terror electoral y el nombre de candidatos amañados, las campañas políticas hechas no con ideas o propuestas, sino con amenazas, chantajes y sobornos, son males que no se erradicarán con buenos consejos.

Para que desaparezca definitivamente esa degradación política y humana, la sociedad debe echar mano de la sanción ejemplar y efectiva, sin contemplaciones, junto con la pérdida de por vida de unos derechos políticos que tales delincuentes nunca debieron tener.

No se trata, pues, de la sofística discusión sobre el acatamiento a la letra de unas normas. Es la defensa de la vida misma de la sociedad colombiana, amenazada por las astucias sin escrúpulos del gobierno y por la miopía invencible de quienes creen en la infalibilidad de las mayorías. No sea que por guardar la letra de una norma se sacrifique un país.

El Heraldo / 27 se septiembre de 2009