La mejor solución para el choque de trenes sería el retiro de los ‘ternados'.
Sigue sin solución el pulso entre el Gobierno y la Corte Suprema en torno a la elección del nuevo fiscal. Una parálisis grave, por sus consecuencias para la administración de justicia y por lo que dice sobre el alcance del nefasto choque de trenes que, definitivamente, ha llegado muy lejos. Este tire y afloje se aparta de la tradición de fortaleza institucional que ha diferenciado a Colombia de otros países vecinos.
El Presidente y la Corte tienen, ambos, una razón y un pecado. La primera, en el campo del Presidente, es que ha actuado de acuerdo con la ley y las normas y que, en consecuencia, el máximo tribunal tiene que cumplir su función constitucional de escoger a uno de los nombres. Pero los magistrados, en la otra esquina, también tienen un argumento: la lista es mala por la falta de trayectoria de sus componentes, por los cuestionamientos, y por la mañosa intención de imponer un candidato mediante la antipática fórmula de enviar una ‘terna de uno'. La Corte no quiere asumir la responsabilidad por la selección de un fiscal que no sea idóneo.
Al mismo tiempo, ambos han cometido una falta grave, fruto del alto grado de politización que está afectando desde hace rato y en forma creciente las relaciones entre uno y otro. Uribe, con su terna, puso contra las cuerdas a la Corte. Y esta, con sus dilaciones, resalta la irresponsabilidad del Presidente. La Corte agrega una ñapa: en un mal momento -porque más allá del argumento legal suena a jugada habilidosa-, reasume los casos de parapolítica y habla de tratar a los procesados como presuntos autores de crímenes contra la humanidad. Entre ellos está el caso sensible y espinoso de Mario Uribe, el primo del Presidente. Demasiada política.
La raíz del problema tiene más que ver con el momento que atraviesa el país -polarizado y lleno de agresividad- y menos con el mecanismo que adoptó la Constituyente del 91 para la escogencia del fiscal. No creo que haya recetas perfectas, y la que quedó en la Carta tiene virtudes: en un espíritu de ‘cooperación armónica' entre los poderes, en el crucial nombramiento participan el Jefe del Estado y la Corte Suprema. El lío está en que en estos momentos no es posible la ‘cooperaciíon armónica' por tres razones. En primer lugar, porque la reelección hace coincidir los periodos del presidente y del fiscal y eso, a su vez, genera mayores preocupaciones sobre la independencia de quien resulte elegido. En segundo, porque el presidente-candidato actúa como el líder de un partido -que en este caso compite contra la Corte- y no como un jefe de Estado que por encima del bien y del mal lidera la ‘cooperación armónica'. Y en tercero, por la enorme cantidad de procesos que afectan a individuos vinculados o cercamos al Gobierno: Yidispolítica, parapolítica, Daspolítica, falsos positivos...
No va a ser fácil salir de esta encrucijada. La idea de que alguien tiene que ceder no funciona, pues ni el Presidente ni la Corte tienen mucho espacio después de haber jugado tan duro. Tampoco hay árbitro posible entre el Presidente de la República y el máximo órgano del poder judicial. La única solución posible está en la renuncia de los ternados. Le darían al Presidente un argumento para diseñar una nueva lista, y a la Corte la posibilidad de seleccionar a partir de un grupo reformado. Se desbloquearía el proceso.
Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe deberían dar un paso al costado. En primer lugar, por dignidad: ¿no les basta con el palo que han recibido? ¿Cuánto más van a aguantar? ¿No es evidente ya que no los quieren en el cargo? Pero, sobre todo, por aportarle al país una solución a una crisis muy grave. Si es cierto que querían llegar a la Fiscalía para servirle a la Nación, las circunstancias indican que mejor contribución harían con su retiro. ¿Lo harán?
Cambio / 24 de septiembre de 2009