"Independientemente de su especialización, ¿tienen los aspirantes al cargo de fiscal general de la Nación una actitud de penalistas que les permita comportarse técnicamente dentro de un proceso judicial?". La pregunta, que encabezaba el test de elegibilidad preparado por la Corte Suprema de Justicia, fue respondida con un 'no' por 14 de los 23 magistrados que integran la corporación.

La tendencia siguió siendo la misma cuando otro de los puntos del cuestionario indagó sobre las posibilidades de los candidatos para actuar con solvencia en la aplicación del sistema penal acusatorio, donde los procesos verbales, breves y sumarios, exigen a los representantes de las Fiscalías demostrar sus destrezas en la presentación, crítica y valoración de las pruebas.

Aunque el cuestionario no incluyó ninguna pregunta sobre las calidades éticas de Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio, algunos de los magistrados que conformaron el grupo mayoritario, entre ellos cinco de los magistrados de la Sala Penal, consideraron que la Corte no podía actuar de espaldas a la opinión pública ni pasar por alto las graves denuncias publicadas profusamente por los medios de comunicación sobre posibles "comportamientos deshonrosos" por parte de al menos dos de los candidatos postulados por el Gobierno.

La opinión desfavorable que la Corte tenía de la terna comenzó a hacerse evidente desde julio pasado, cuando los aspirantes presentaron sus propuestas durante una audiencia transmitida por televisión, pero quedó formalizada en el acta de la Sala Plena del pasado jueves 17 de septiembre, cuando debía iniciarse la votación para escoger a quien habrá de suceder a Mario Iguarán en la Fiscalía.

Ese día, el magistrado Augusto Ibáñez, presidente del alto tribunal, tuvo dificultades para evitar que el debate se concentrara en las posibles tachas morales de los candidatos incluidos en la terna por el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, consiguió convencer a sus colegas que se concentraran en las "pautas de elegibilidad" guiadas por el test que había sido preparado de común acuerdo.

Si bien estaba previsto que habría una votación por los candidatos, una proposición que tuvo origen en la Sala Penal modificó los planes. Sus autores proponían declarar "no viable" la terna y devolverla al Presidente de la República. Como no había antecedentes de normas ni de jurisprudencia al respecto, el debate exploró las posibilidades de que una decisión en ese sentido podría afectar el orden constitucional.

Razones de conveniencia

La preocupación inicial estaba justificada. Desde el punto de vista formal, los tres candidatos cumplían los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo y, en ausencia de una decisión judicial de fondo contra alguno de ellos, no podría darse por sentado que sus antecedentes los harían no aptos para desempeñar el cargo. Sin embargo, la Corte decidió apelar a razones de conveniencia y, desde esa perspectiva, optó por considerar la propuesta.

"Si los aspirantes no eran considerados aptos para desempeñarse con solvencia en la compleja tarea de investigación y acusación en materia criminal, mal podríamos permitir que alguno de ellos llegara a un cargo de tanta responsabilidad para con el país", le dijo a CAMBIO uno de los magistrados. La proposición fue votada y consiguió 14 votos a favor y 8 en contra.

El presidente de la Corte pidió, sin embargo, abrir un nuevo compás de espera para reflexionar sobre la difícil decisión que estaba en ciernes, pero la mayoría de magistrados consideró que el país, que estaba a la expectativa de la decisión, tenía derecho a saber que la Corte no encontraba en ninguno de los tres aspirantes las calidades y aptitudes necesarias para desempeñarse como fiscal general de la Nación.

La posición quedó plasmada en un comunicado que ese mismo jueves expidió la Corte. Aún así, los magistrados decidieron aceptar las observaciones del presidente de la corporación y decidieron que el martes 22 de septiembre habría una nueva reflexión para buscar una salida razonable al problema que quedaba planteado. ¿Se estaba transmitiendo el mensaje de que el más importante órgano de investigación en Colombia estaba acéfalo?", era la pregunta de fondo.

En la sesión del martes 22, Pedro Octavio Munar Cadena, magistrado de la Sala Civil, que no había estado presente en la sala plena del jueves 17, fue uno de los primeros en tomar la palabra. Enterado de las razones que habían llevado a sus colegas a plantear la devolución de la terna, las acogió y se sumó a la mayoría.

"Autoridad moral"

El Gobierno reaccionó de inmediato y anunció que mantendrá la misma terna, pues todos sus integrantes reúnen los requisitos establecidos por el constituyente para el cargo. En un comunicado expedido por la Casa de Nariño el Ejecutivo defendió su "autoridad moral" para confeccionar la terna e insistió en que dicha autoridad emana del hecho de haber combatido con ahínco todas las formas de criminalidad.

Aunque el tono de los dos comunicados, tanto el de la Corte como el del Gobierno, fueron moderados, lo cierto es que en la Casa de Nariño hay un malestar creciente por lo ocurrido. Un funcionario cercano al Presidente le dijo a CAMBIO que la decisión de la Corte Suprema tiene una intención política y estaba tomada de antemano. "No de otra manera se explica -comentó la fuente- que el fiscal encargado, Guillermo Mendoza, hubiera concedido una entrevista el miércoles 16 en la que ya hablaba de la devolución de la terna, anticipándose aparentemente a una decisión que sería tomada al día siguiente". ¿Qué ocurrirá ahora? El presidente de la Corte anunció que, pese a todo, el alto tribunal volverá a reunirse la próxima semana para explorar "alternativas nuevas" con la intención de preservar el principio constitucional de la armonía entre los poderes públicos. Según él, la demora en la elección no ha causado trastornos en la marcha institucional de la Fiscalía porque hay un fiscal encargado que cumple a cabalidad sus funciones.

El propio fiscal encargado ha dicho que su situación de interinidad le impide planear a largo plazo y tomar decisiones de fondo relacionadas con la marcha del sistema penal acusatorio.

A juicio del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, lo que ocurre actualmente sugiere la necesidad de hacer una reforma constitucional para redefinir las calidades y el perfil del fiscal general de la Nación. "Creo que las pautas que está señalando la Corte Suprema pueden ser útiles en ese propósito", le dijo Gómez a CAMBIO.

Algunos otros analistas consideran que los propios candidatos que integran la terna podrían facilitar la salida si deciden renunciar a ella, con lo cual abrirían la posibilidad de que Gobierno y Corte salgan de este atolladero institucional.

Cambio / 24 de septiembre de 2009